Congreso de Coahuila: el desprecio por las reglas

“Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen”...

Tal es el compromiso fundamental de quienes acceden a un cargo público. Y es el primero en formularse como aduana obligada para acceder a las facultades y deberes del servicio público. Y, según se ve, es también el primero en olvidarse.

Proclives a concebir el servicio público más como una puerta de acceso a los privilegios y las ganancias indebidas, quienes integran nuestra clase política -salvo honrosas y cada vez más escasas excepciones- muy probablemente transitan la protesta de ley como el primero de sus momentos de lucimiento, como uno concebido para hacer del conocimiento del resto de los mortales su integración al olimpo de los poderosos.

No puede extrañar por ello el abierto desprecio por la legalidad con el cual se conducen una vez instalados en los cargos. Pero no por ser una conducta común y generalizada debemos normalizarla. Menos aún dejar de señalarla o de exigir su rectificación.

Un ejemplo monumental de esta nociva actitud la tuvimos en la semana, cuando la Junta de Gobierno del Congreso de Coahuila decidió migrar la primera sesión de la Diputación Permanente al formato virtual alegando... la existencia de una norma en la cual se contempla dicha posibilidad.

¿Y cuál es el problema con ello? Me explico.

Existe en el mundo democrático -una idea en extremo exótica y ajena al ideario de quienes integran el Poder Legislativo- un principio al cual quienes gobiernan deben someterse de forma rigurosa pues, de lo contrario estarían actuando en contra de las reglas a las cuales juraron sujetarse.

Se trata del “principio de legalidad”, de acuerdo con el cual la autoridad solo puede hacer aquello para lo cual se encuentre expresamente facultada por las normas y, además, sus actos solo pueden ser válidos si cumplen, al menos, dos requisitos estrictos: estar fundados y motivados.

No estamos hablando de algo trivial, sino de un elemento de capital importancia. Fundar implica citar la norma concreta en la cual la autoridad se basa para justificar su decisión. Y motivar implica decir, explicar, exponer las razones por las cuales el acto concreto sobre el cual se decide encuadra en la hipótesis legal invocada.

Huelga decirlo: no es optativo ni está al arbitrio de la autoridad el fundar y motivar. Tampoco puede hacerse solo una de estas dos cosas. Debe cumplirse estrictamente con los dos requisitos. Y si no se hace tal, entonces el acto de autoridad es ilegal, invalido, espurio.

Pues eso justo hizo la Junta de Gobierno encabezada por Beatriz Fraustro Dávila y luego avaló la Diputación Permanente presidida, en la sesión del martes pasado, por Zulmma Berenice Guerrero Cázares: aprobar un acto ilegal, espurio. Porque nunca se motivó.

Durante la sesión de la Diputación Permanente la diputada Edith Hernández Sillas leyó el documento íntegro y citó un fundamento legal para migrar al formato digital la sesión de dicho órgano colegiado: el artículo 221 Bis de la Ley Orgánica del Congreso. En efecto, dicho artículo menciona cuatro causas para hacer tal: desastres naturales, emergencias sanitarias, riesgos de seguridad pública... o “cualquier otra causa de fuerza mayor, que dificulte o imposibilite la realización de las sesiones del Pleno o de la Diputación Permanente en los recintos oficiales”.

Motivar, en este caso, implicaba señalar, exponer, explicar cuál de las causas previstas en la norma se actualizó. Es decir, señalar los hechos a partir de los cuales se tomó la decisión. Eso no aparece un ningún lugar del acuerdo.

Quienes conocen el mundillo del “trabajo legislativo” saben muy bien cuál fue la verdadera causa por la cual “se instruyó” a los legisladores -porque no fue decisión de ellos- a tomar tal decisión. Pero de eso nos ocuparemos en la siguiente entrega...

¡Feliz fin de semana!

@sibaja3

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