Corrupción: el agravio es mayor cuando se trata de salud pública

La corrupción, y su hermana indeseable, la impunidad, constituyen dos fenómenos de la vida pública que nos agravian de forma constante. Y la afrenta es mayor, como se ha dicho en innumerables ocasiones, cuando, a pesar de ponerse al descubierto las tramas y exhibir la evidencia de lo ocurrido, los hechos quedan sin castigo.

No existe corrupción pública que no constituya una agresión para la comunidad, sobre todo cuando implica drenar las arcas públicas para la creación de fortunas privadas. Y esto es así porque el dinero que alguien roba al erario es un recurso cuya ausencia se notará en las acciones gubernamentales orientadas a responder a las necesidades colectivas.

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Pero siendo toda la corrupción un agravio, sin duda la que se relaciona con los servicios de salud implica una ofensa de proporciones mayores, pues los efectos nocivos de dicha actividad implican poner en riesgo −o de plano cegar− vidas humanas.

Un ejemplo extremo de esta realidad es el reporte que hoy publicamos en Semanario, el suplemento de investigación periodística de VANGUARDIA, en el cual se reseña una de las tramas que mayor condena deben generar en la sociedad mexicana: la de empresas “factureras” que reciben contratos del sector salud, las cuales cobran, pero sin entregar los productos o servicios por los cuales se les paga.

La investigación, realizada por Quinto Elemento Lab, ubica a la empresa Interacción Biomédica en el centro de una trama que afectó a derechohabientes del ISSSTE en Coahuila durante el sexenio pasado.

Uno de los primeros elementos que llama la atención en el caso es que Interacción Biomédica fue declarada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como Empresa que Factura Operaciones Simuladas (EFOS), o “empresa fantasma”, desde el año 2017. Pese a lo cual siguió recibiendo contratos del sector público.

Uno de ellos le fue otorgado por el ISSSTE en 2019 y tenía por objeto la adquisición de 85 bombas de infusión, equipo de venoclisis –para administrar medicamentos vía intravenosa– y otros suministros para los hospitales de Saltillo y Torreón, así como para las clínicas de la institución ubicadas en Monclova, Piedras Negras, Nueva Rosita, Sabinas y San Pedro.

Pero el equipo nunca se entregó y, pese a ello, nadie ha sido sancionado por esta irregularidad hasta la fecha. Como lo hemos señalado antes, resulta obligado cuestionar cómo es posible que una empresa se presente a una licitación pública, se le asigne un contrato y, aun cuando incumpla con la entrega de lo contratado, se le pague.

Adicionalmente, en casos como este es preciso preguntarse de qué forma la ambición económica debe pervertir a una persona para que no tenga empacho alguno en corromper procedimientos que pueden costarle la vida a sus congéneres.

El caso debiera convocarnos a una reflexión seria y profunda porque constituye un retrato muy desagradable de nuestra sociedad.