Crisis en el Tribunal Electoral y el INE pone en riesgo su autonomía

La autonomía en los órganos públicos no sólo es materia de presupuesto o independencia. También implica capacidad de gobierno propio, esto es, que las formas colegiadas que normalmente integran sus órganos de gobierno y sus autoridades superiores sean funcionales a los objetivos de la institución.

El presidente López Obrador ha impuesto una presión mayor a toda forma de institución no sometida al Ejecutivo. Así ocurre con la Corte, el Tribunal Electoral, la UNAM, CIDE y los órganos constitucionales autónomos propuestos a desaparecer. El Presidente ve en la autonomía una amenaza y por ello su asedio político, presupuestal y legislativo.

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El modelo presidencial de autonomía es la CNDH, una institución mal dirigida, mal gobernada y que abandonó su misión fundamental. Allí no hay recriminación, sino implícito reconocimiento. Al menos el Presidente ha tenido cuidado con el BANXICO y hasta cierto punto con el INEGI, la entidad del Estado responsable de las cuentas nacionales. Cabe destacar la omisión en la designación legislativa de magistrados, consejeros y comisionados, con la consecuente afectación en su gobierno.

Preocupante es lo que sucede en el INE y el Tribunal Electoral. En medio del proceso electoral, las dos instituciones objeto de agresión presupuestal, mediática y legislativa presidencial. Debe preocupar que, aunado a la confrontación del Presidente, también existan dificultades entre sus integrantes en el nivel superior para resolver temas fundamentales de su desempeño. Tres magistrados electorales decidieron remover a su presidente sin una causa válida.

El Tribunal Electoral es un órgano constitucional de última instancia. Allí se resuelve toda controversia relacionada con el proceso electoral, incluso la declaración de validez de la elección de legisladores federales y la de presidente de la República. El Senado ha sido omiso en la designación de dos magistrados que integran la Sala Superior y concluyeron su término, lo que afecta seriamente su operación. Un magistrado ausente impediría se integre quórum, con todo lo que eso implica.

El consejero presidente Reyes Rodríguez no debió ser presionado para renunciar a su responsabilidad. Los tres magistrados que se le opusieron no están enterados del amplio reconocimiento que ha alcanzado el Tribunal por la calidad de sus resoluciones desde que el magistrado Rodríguez llegó a la presidencia, o lo que es peor, quizás no les importa. La credibilidad de las instituciones públicas, hoy más que siempre, es un apreciado intangible y el Tribunal lo tiene. Es deseable que los cambios no comprometan lo que se ha alcanzado. Finalmente, es el desempeño lo que importa y más que nada la estricta legalidad e imparcialidad de sus sentencias.

No menos preocupante es lo que acontece en el INE. Se entienden las razones políticas y personales de muchos de los funcionarios que renunciaron a partir de la conclusión de gestión de Lorenzo Córdova. Su autoridad y liderazgo es un capítulo relevante en la defensa del INE. Sin embargo, su salida fue una deslealtad a la institución, ya que llevó al desmantelamiento del INE en sus áreas técnicas y superiores. El derecho al miedo no es propio de los integrantes de instituciones de Estado. Funcionarios altamente capacitados optaron por abandonar a la institución ante la incertidumbre o el probable asedio de los nuevos funcionarios, azuzados por el Presidente. El problema es que se dejó al órgano electoral en condiciones críticas. Ni los partidos ni mucho menos el gobierno han hecho su parte para conjurar la crisis, más bien al contrario.

La nueva presidenta consejera, Guadalupe Taddei Zavala, ha tenido severas dificultades para cubrir las vacantes en áreas relevantes. De inicio cometió errores elementales que despertaron las reservas de sus pares con propuestas claramente inviables, algunas de ellas comprometedoras de la imparcialidad y profesionalismo que ha caracterizado a la institución. Uno de los funcionarios en el control administrativo renunció, según su dicho, porque se le pedía auditar a manera de afectar a funcionarios no afines a la nueva presidenta o que se habían retirado.

El INE requiere de una presidenta apoyada por sus pares. No ha sido el caso y en esta última etapa más bien parece que hay una disputa para limitar el cumplimiento de su delicada tarea. Finalmente, la mayoría opositora en el Consejo ha impuesto la aprobación de un mecanismo para aprobar las designaciones pendientes. Ante el desafío en puerta es crucial que se llegue a una solución que permita que el INE cumpla su tarea y que cada consejero entienda con claridad los términos de su responsabilidad.