AMLO y la guerra en dos planos: la política y la violencia del crimen organizado

El país vive en estado de guerra en dos planos. Uno como metáfora y se aplica a la política. El presidente López Obrador se declaró en estado de guerra política desde el inicio de su gobierno. Su acción temprana fue la cancelación del aeropuerto de Texcoco para dejar en claro que no habría concesión alguna hacia quien dudara de su autoridad. Su enemigo no es el crimen organizado, como sí fue con Calderón; más bien al contrario, allí no hay frente de batalla, como muestra el ratificado principio de los “abrazos, no balazos”. El enemigo es la oposición en una lógica que trata de reducir a su mínima expresión al adversario, a quien se le ve como opuesto, como amenaza que hay que contener a toda cosa, no como una legítima diferencia propia de la alternancia en el poder y de la ética democrática que implica la coexistencia entre mayoría y minorías.

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Las consecuencias del enfrentamiento son múltiples. Como toda lógica de guerra se sacrifica la verdad, la legalidad se elimina o se emplea a conveniencia; además, no hay neutralidad posible: se está incondicionalmente a favor de la causa que el superior define o se es enemigo. La guerra requiere de propaganda, por eso no hay espacio para la verdad, mucho menos para el escrutinio al poder, que es entendido como un recurso del enemigo, sean los contrapesos institucionales, la actuación de los órganos constitucionales autónomos o el ejercicio de la libertad de expresión. Recurrir a la mentira y al engaño no es una acción defensiva, sino ofensiva, se trata de movilizar a la población a favor del proyecto y de los recursos utilizados.

La ética de la guerra es el triunfo, los medios no importan; de hecho, todo recurso para prevalecer es legítimo, lo que conduce a una inevitable violación de los derechos humanos, particularmente los de los adversarios y de sus aliados potenciales, sujetos a permanente intimidación por el poder. De esta manera la ilegalidad va ganando terreno tanto en un sentido defensivo (eliminar la transparencia, por ejemplo) y el ofensivo (el uso político de la justicia penal o de los servicios de inteligencia).

La polarización es el resultado del estado de guerra que implica, en mayor o menor grado, que la oposición participe de la misma radicalización e intransigencia, aunque resulta evidente la desigualdad de la contienda. La autocrítica se revela como un recurso del adversario o del enemigo. Lo que más llama la atención es el silencio o la connivencia con el abuso del poder de aquellos que en toda democracia actúan para que prevalezca la normalidad institucional y la legalidad. El silencio y la omisión de los factores de poder e influencia tienen graves consecuencias, entre otras, propicia el consenso y la legitimidad en torno al régimen de opresión.

La otra guerra, real no metafórica, se refiere a la violencia que ha impuesto el narco con el dominio o captura de amplios territorios. Es una guerra literal, más de 200 mil muertos que habrá en este gobierno dan cuenta de ello, sin advertirlo hay una guerra civil en el país. Su origen no remite a este gobierno, sino a la debilidad institucional para contener la economía del crimen asociado al tráfico ilegal de drogas, que ha evolucionado en otros géneros de criminalidad, como la extorsión a amplios sectores de la economía, el tráfico de migrantes y el secuestro, entre otros.

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La omisión del Estado en el combate al crimen significa el fortalecimiento de los grupos delictivos y la captura de las instituciones públicas, incluyendo las de seguridad o las referentes a la economía. La contención que ahora existe no deviene de las autoridades ni del aparato de justicia, sino de las divisiones y la guerra cruenta entre ellos con un elevado costo humano de inocentes. La sociedad está en medio del fuego cruzado entre grupos criminales, con la preocupante indiferencia de las autoridades que ha llevado a la sociedad a la autodefensa.

La guerra política habrá de concluir con el relevo de Gobierno, especialmente si el oficialismo pierde la presidencia o si no logra la mayoría parlamentaria calificada, situación esta altamente probable. Preocupan fuertemente, sin embargo, la herencia, los precedentes y, especialmente, el terreno perdido ante el crimen y el elevado costo que plantea recuperarlo.