Cuentas públicas, ¿por qué persisten las irregularidades?

La Auditoría Superior del Estado ASE) dio a conocer ayer su informe respecto de la revisión realizada a las cuentas públicas de los sujetos obligados de la entidad, correspondiente al ejercicio fiscal de 2021. Los resultados no podían ser más decepcionantes.

¿Por qué? En primer lugar porque persisten las irregularidades en torno a conceptos que han sido históricamente observados como dobles plazas, falta de justificación en el gasto de nómina, pago de obras sin realizar o falta de comprobación en el ejercicio del gasto.

El monto total de las observaciones realizadas por la ASE es de escándalo: 6 mil 706 millones de pesos. Y aunque es menor a lo observado en el ejercicio anterior −2020− sigue siendo una cantidad inadmisible.

La pregunta resulta obligada: ¿por qué persisten irregularidades que luego de varios años debieron generar políticas capaces de modificar la conducta de los sujetos obligados?

La observación es puntual: lo que la Auditoría Superior del Estado está señalando son insuficiencias en el cumplimiento de las obligaciones que tienen los entes responsables de la administración de los recursos públicos, es decir, de las reglas que existen para gastar el dinero de todos.

No estamos hablando de requerimientos sorpresivos o de normas que los auditores “se sacan de la manga”, sino de un catálogo expreso y preciso de reglas para adquirir o arrendar bienes y para contratar personal y pagarle sus salarios y prestaciones.

Mención particular merece en este catálogo de incumplimientos la Universidad Autónoma de Coahuila, entidad a la cual de forma recurrente se le han observado hechos concretos: tiene empleados que cobran dobles plazas y el pago a múltiples de sus colaboradores no está adecuadamente justificado.

Frente a tal realidad solamente se antojan dos explicaciones posibles: las observaciones de la ASE no infunden temor en nadie o existe un pacto de impunidad que permite incumplir de forma reiterada la Ley.

Cualquiera de las dos posibilidades se traduce exactamente en la misma realidad: quienes tienen a su cargo la administración de los recursos públicos en Coahuila no tienen entre sus preocupaciones la de rendir cuentas ante la ciudadanía que es la proveedora de los recursos que manejan.

Y si esa es la realidad, como se ha dicho en múltiples ocasiones anteriores, mejor sería que no gastáramos tanto dinero en sostener un aparato burocrático teóricamente responsable de garantizar el adecuado ejercicio de los recursos que son patrimonio colectivo.

Porque, ¿para qué auditamos reiteradamente el ejercicio del gasto si, cuando se dan a conocer las observaciones, no pasa absolutamente nada?

Y es que hasta aquí solamente hemos señalado la existencia de irregularidades de carácter técnico, pero aún no nos hemos preguntado si tales hechos constituyen actos de corrupción y, en última instancia, si lo único que hemos hecho hasta ahora es institucionalizar el uso del tesoro público para fines privados.