‘Culiacanazo 2.0’: otra vez el Estado parece débil

Las imágenes semejan –todas las proporciones guardadas– las que hemos visto en diversas producciones cinematográficas que retratan operativos de captura en lugares donde el estado de derecho es inexistente: policías y militares realizando el arresto de un líder criminal y los cómplices de aquel desatando el caos a su alrededor.

Pero lo que hemos visto durante las últimas horas no ocurrió en un set ni las balas eran de salva. El auténtico infierno que provocó el segundo arresto de Ovidio Guzmán López –hijo de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, y presunto líder del Cártel de Sinaloa– hundió en el caos a la población de Culiacán, primero y de casi todo el estado de Sinaloa después.

Frente al despliegue de fuerza de la delincuencia, la reacción de las autoridades estatales sinaloenses, así como del Gobierno de la República, no pudo ser más desalentadora: suspender todas las actividades cotidianas y pedirle a la población entera que se quedara en sus casas.

Estamos hablando, en el caso de Culiacán, de una ciudad con una población superior al millón de personas que ayer fueron literalmente secuestradas por una banda delincuencial que no encontró resistencia alguna para robar cientos de autos, bloquear decenas de puntos en la zona urbana y en varias carreteras e incluso atacar al Ejército y la Fuerza Aérea mexicanos.

Hoy son más de 5 millones de personas las que se encuentran hundidas en la zozobra y el temor, pues las autoridades sinaloenses decidieron suspender las clases en toda la entidad, mantener sin actividad los tres aeropuertos en los cuales operan vuelos comerciales, posponer las actividades deportivas profesionales y prolongar la recomendación a su población de mantenerse en casa... paralizar la vida, pues.

Se dirá que es un precio que vale la pena pagar; que el operativo para capturar al hijo de “El Chapo” fue un éxito; que no se puede exigir al Gobierno que controle una explosión insurreccional como la de ayer.

Habrá que preguntarse, sin embargo, ¿por qué una organización delincuencial tiene la capacidad de generar el caos que vimos ayer en Culiacán y que se extendió a todo Sinaloa? ¿Qué se ha dejado de hacer en este país para que los grupos delincuenciales acumulen un poder de tal magnitud?

Habrá que cuestionar también si la captura de Ovidio Guzmán y su eventual extradición a los Estados Unidos constituye un punto de quiebre para la organización delincuencial que lidera o solamente, como ha ocurrido tantas veces, apunta hacia un recambio en los liderazgos.

Lo que vimos ayer en Culiacán no es la imagen de un Estado que es capaz de imponerse a la delincuencia, sino de uno cuya debilidad ante los criminales es de tal magnitud que su mejor reacción para proteger a la población es pedirle que ponga en suspenso su vida... hasta que los criminales decidan permitirles que la reanuden.

Anoche Ovidio Guzmán durmió en una celda, es verdad, pero millones de personas no ganaron en tranquilidad gracias a eso. El balance no parece uno que dé para festejar.