De marchas por la dignidad y lo que nos depara el futuro

El 4 de junio de 2017 se llevaron a cabo elecciones en Coahuila, estado que en ese momento tenía 2 millones 92 mil 214 votantes registrados en el padrón electoral, de los cuales en esa jornada electoral solamente salieron a votar un millón 264 mil 555 personas. De ese número sólo 482 mil 891 votaron por el actual gobernador, es decir, votó en ese momento sólo el 32 por ciento de la población. Las condiciones en las que llegó el candidato ganador fueron objeto de una de las pocas protestas que se han dado en el Estado en su historia, a través de una manifestación pública que denominaron “Marcha por la dignidad de Coahuila”; 1.5 puntos porcentuales, según el PREP en ese momento, dieron cuenta de lo que el panismo consideró “fraude electoral”.

Hoy el panismo no contiende porque parece que sufrió un ataque de Alzheimer, y en concreto en el estado, parece que olvidaron lo que ocurrió el 7 de junio de 2017 en el que pasaron del odio al amor borrando de un plumazo 452 mil votos “dignos” que hoy se “sumarán” a la alianza que generaron sus líderes nacionales y que dócilmente los locales ni las manos metieron olvidando la dignidad de aquella marcha.

¿Quién era el gobernador en turno? Buena pregunta. ¿Quiénes eran los contendientes? Seis años fueron suficientes para que lo que se vivió el 7 de junio de 2017 fuera borrado de un plumazo y los 452 mil votos “dignos” de la fuerza opositora pasaran del odio al amor. Hoy a tres partidos los representa un mismo candidato que, por cierto, es nieto de uno de los candidatos independientes que participaron en esa contienda, se mantiene el mismo de Morena y aparece un candidato que no estaba en el imaginario del Partido del Trabajo y que en 2017 era diputado federal por el Movimiento Ciudadano. ¿Ha cambiado el contexto? ¿Podría significar ese contexto una buena lectura para lo que viene para la elección 2023?

Con las campañas que ahora vivimos es pertinente realizar un ejercicio retrospectivo sobre lo que se vivió en la elección estatal anterior; que si ya lo olvidó, le recuerdo que comenzó sin legitimación moral, sí legal y electoral, pero bajo el signo de la sospecha. Por eso el ostracismo de los primeros años de la actual administración. En ese sentido, sería importante hacer un análisis sobre lo que se hizo y lo que se dejó de hacer en este gobierno –2017-2023– porque ese será el riesgo que correremos en lo que nos aguarda el siguiente periodo.

Y entonces sería conveniente preguntarnos cómo está quedando el uso eficiente de los recursos públicos –y aquí el nivel de endeudamiento en el que se encuentra el estado–, las reformas legales, el estado que guarda el orden público y el desarrollo social; todas, responsabilidades esenciales de un gobernador.

Es tan simple como ver lo que dice el estudio Obligaciones Financieras de las Entidades Federativas de México. Cuarto trimestre de 2022, elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, ubica al estado de Coahuila en los primeros lugares de todos los indicadores con los que se evalúa el nivel de endeudamiento. Esta administración dejará una deuda de 39 mil 552 mil millones de pesos y anomalías de gastos –2 mil millones de pesos– que no han podido comprobar ante la Federación.

En este momento, 3 mil 147 millones de coahuilenses, según Inegi, incluyéndolos a ustedes y a mí, tendríamos que pagar 13 mil 087.30 pesos para liquidar la deuda, según el Reporte Trimestral sobre la Deuda de las Entidades Federativas y los municipios, correspondiente al tercer trimestre de 2022 elaborado por el Senado de la República. Ese es un ejercicio simple que le presento para ver cuál ha sido el trayecto de la actual administración. Usted indague sobre cuántas y qué tipo de reformas legales se propusieron en este tiempo, cuáles son los niveles de desarrollo social de los habitantes que conforman el estado o si el bienestar y el progreso sólo lo disfrutan unos cuantos y finalmente pregúntese sobre cuál es el estado que guarda el orden público.

Esto es lo que se le viene a quien resulte ganador en las elecciones que viviremos. Como lo sugeríamos la semana pasada, de ahí la importancia de ver en las descalificaciones y acusaciones un área de oportunidad. Es decir, que ante los largos silencios y omisiones de los candidatos, usted y yo encontremos espacios de información que nos den la posibilidad de no poner en riesgo la marcha del estado en el futuro inmediato –los próximos 6 años–.

Junto con eso preguntarnos sobre su trayectoria personal, familiar, profesional. Su formación, su estabilidad emocional y económica, su fama, su estatus, el grupo de interés al que pertenece –eso es fundamental–, su experiencia, sus principios, si tiene convicciones firmes, las decisiones que ha tomado en otro momento cuando ha ocupado un cargo público.

El candidato de la Alianza Ciudadana por la Seguridad (PRI-PAN-PRD) fue secretario de Inclusión y Desarrollo Social del estado del 1 de enero de 2022 al 9 de enero de 2023 y alcalde de Saltillo de 2018 a 2021. El candidato de Movimiento de Regeneración Nacional fue senador de la República del 6 de junio de 2021 al 31 de diciembre de 2022. El candidato del Partido del Trabajo fue subsecretario de Seguridad en el país del 14 de junio de 2019 al 13 de enero de 2023. Finalmente, el candidato de Rescatemos Coahuila fue diputado del Congreso de la Unión del 1 de septiembre de 2018 al 31 de agosto de 2021.

Menuda pregunta tendrá que responder usted el 4 de junio, cuando tenga en sus manos la boleta en la que decidirá si avanzamos o seguimos resistiendo gobiernos que favorezcan a los intereses de unos cuantos. Hoy se requiere más que un voto visceral, un voto racional. Así las cosas.