¿De qué sirve una recomendación de derechos humanos si no se cumple?

Cuando se emite una recomendación por alguna violación a derechos humanos, se suele enfatizar precisamente en el hecho de que alguna instancia como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) o las comisiones estatales o inclusive alguna internacional, haya investigado y confirmado que se cometió la violación.

Normalmente las recomendaciones son aceptadas por las instancias señaladas, y pareciera que hasta allí llegó el reflector. Pareciera que el tema queda en la estadística de cuántas recomendaciones se emitieron o cuántas tiene equis o ye corporación. Pero no es así, o no debiera ser así.

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El problema no es solo la violación a derechos humanos, sino que, a pesar del reconocimiento, no se presenta primero el cumplimiento de éstas y por consecuencia continúan sistemáticamente las violaciones.

¿Qué significa que un gobierno, una dependencia, una corporación, una secretaría, no cumpla con las recomendaciones que le dictan y que en algún momento acepta? Pues que no hay interés en cambiar la forma de trabajo, las atenciones, las prácticas y demás. Y ese es el combustible para que continúen las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, malos tratos a víctimas, negligencias y demás violaciones.

El dato publicado esta semana en Semanario es revelador: apenas una de cada 10 recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila ha sido cumplida en su totalidad. El resto está en “vías de cumplimiento”, principalmente (67%); no fueron aceptadas o inclusive están pendientes de aceptación a pesar de haber sido dictadas hace cinco, seis o siete años.

La falta de cumplimiento no difiere cuando las recomendaciones provienen de la CNDH. De 22 recomendaciones que se han hecho desde 2018 dirigidas a instituciones de Coahuila, todas están oficialmente en “trámite”. Y de 186 puntos recomendatorios, 147 continúan en trámite, ya sea porque se cumplieron parcialmente o porque no hay pruebas de cumplimiento.

Esta falta de cumplimiento tiene un impacto directo en las víctimas y por consecuencia surge una revictimización, pues no es sólo la violación a derechos humanos ya cometida, sino que, al no cumplir con las recomendaciones, no se reconoce ni garantiza el derecho de las víctimas a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral.

AL TIRO

Se ha debatido mucho de la falta de obligatoriedad o que no son vinculatorias las recomendaciones.

El problema no es que una comisión tenga o no tenga el poder para obligar a que se cumplan las recomendaciones. Aunque ciertamente se podrían fortalecer las instituciones de derechos humanos y ejercer más presión, el problema es mucho más amplio.

Para empezar, se tiene que cuestionar si realmente hay una independencia por parte de las comisiones de derechos humanos con los gobiernos. Se necesita una verdadera autonomía para que, en consecuencia, el peso moral de la institución sea suficiente para que una instancia cumpla la recomendación.

Se necesita también el interés genuino y voluntad de las dependencias, funcionarios, corporaciones, para cambiar, para corregir sus prácticas violatorias. De nada servirá cumplir una recomendación si después se volverá a violar los derechos.

El problema está, también, en que los diversos factores que llevaron a una persona a estar en situación de víctima, no se erradican, y que los que surgen después, se mantienen, como si se tratara de administrar la condición de víctima.