¿De qué trata la trata de personas?

La trata de personas es una forma de sometimiento contra una o varias personas, ya sea para que realicen actividades laborales, sexuales, de mendicidad forzosa y hasta de experimentación médica. Estas conductas han sido reguladas en una ley general denominada: Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos.

De forma específica, en esta ley se establecen los siguientes tipos de trata de personas: esclavitud, condición de siervo, prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, explotación laboral, trabajos o servicios forzados, mendicidad forzosa, uso de personas menores de dieciocho años en actividades delictivas, adopción ilegal de personas menores de dieciocho años, matrimonio forzoso, experimentación médica y tráfico de órganos.

Además, la ley señala las penas por cada una de las conductas consideradas como de trata de personas, así como una serie de medidas para prevenir el delito y atender a las víctimas. Sin embargo, a la fecha persiste un alto porcentaje de casos que encuadran en el delito de trata de personas y que no son sentenciados y algunos ni siquiera son denunciados.

Lo anterior puede explicarse por el grado de vulnerabilidad en el que se encuentran las víctimas, algunas de las cuales han incorporado la explotación de su persona como un medio para obtener recursos económicos y solventar las necesidades básicas de la vida diaria. De ahí que se pueda decir que las leyes, aunque implican buenas intenciones, no necesariamente constituyen un medio efectivo
para enfrentar este tipo de conductas delictivas, sino que en ocasiones resulta mejor abordar la problemática desde campañas de prevención y, mejor aún, desde los esfuerzos para crear mejores condiciones de vida a las personas que son susceptibles de ser cooptadas por las personas o grupos de personas que se dedican a la trata de personas.

Pensemos, por ejemplo, en una persona que es explotada laboralmente, en condiciones precarias, pero que recibe como remuneración por su trabajo la posibilidad de dormir en una casa junto a otras personas explotadas. En ese orden de ideas, cabe preguntarse: ¿esa persona tendrá mejores condiciones cuando se disuelva el contexto de explotación? Y aunque esperemos como respuesta un “sí”, no ocurre de esa manera en todos los casos, ya que muchas de estas personas acceden a este tipo de actividades precisamente por la falta de oportunidades y la dificultad de allegarse de los más básicos medios de subsistencia.

Con lo anterior se quiere decir que la trata de personas debe ser investigada y, en su caso, castigada, pero hay una serie de problemas de fondo que impiden que, aun cuando se aumenten las penas o el número de condenas de este delito, este tipo de prácticas se erradiquen o, por lo menos, se disminuyan considerablemente.

Es por lo anterior que, aunque es importante cuestionarse por los porcentajes de impunidad e investigaciones en este tipo de delitos, también es trascendente preguntarse acerca de las medidas que los gobiernos locales y federal han tomado para atender el asunto y, específicamente, para atender a las víctimas. Por ejemplo, en la Ley General mencionada se hace referencia, de forma acertada, a la necesidad de construir la autonomía de las víctimas de trata de personas, para lo que −entre otras medidas− se debe ofrecer a las víctimas alojamiento, de ahí que resulta oportuno cuestionarse si de verdad se han encaminado esfuerzos a construir lugares en los que las víctimas de este delito pueden resguardarse durante el proceso penal o mientras mejoran las condiciones de vulnerabilidad que las llevaron a ser víctimas.

Sin tomar enserio este tipo de medidas, la construcción de la autonomía que se señala en la Ley General se convierte sólo en una declaración de buenas intenciones que, si bien reconoce el problema, no lo afronta adecuadamente; pues la trata de personas, así como otros delitos, utilizan la falta de oportunidades y la correlativa vulnerabilidad de las víctimas para engancharlas a las actividades de explotación o sometimiento.

Es por lo anterior que entre las víctimas de trata de personas se suelen encontrar a personas migrantes, de escasos recursos o provenientes de algún contexto que les impide o, por lo menos, les dificulta denunciar este delito. Por lo tanto, la trata de personas se presenta como un problema delicado, no sólo por la gravedad que implica cualquier conducta considerada como delito, sino por los problemas de fondo sobre los que se sostiene y por la invisibilidad derivada de la falta de denuncias y, en ocasiones, también de la normalización del problema.

El autor es investigador
del Centro de Educación para los
Derechos Humanos de la
Academia Interamericana
de Derechos Humanos

Este texto es parte
del proyecto de Derechos
Humanos de VANGUARDIA
y la Academia IDH