Una vez terminado el sexenio 2018-2024 y con la más reciente publicación del Informe sobre Finanzas Públicas y Deuda Pública correspondiente a agosto, por parte de la Secretaría de Hacienda, estamos en posibilidades de poder evaluar el desempeño de la administración anterior con datos provenientes de fuentes oficiales.
En términos generales podríamos segmentar el informe en tres apartados que nos brindan una perspectiva –aunque general– muy clara y precisa de los indicadores clave que toman el pulso de las cuentas públicas.
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En primer lugar, en el lado de los ingresos presupuestarios, el gobierno saliente recibió una hacienda pública que captaba ingresos equivalentes al 21.2 por ciento del PIB. En tanto que la misma estimación que muestra el informe para este rubro, nos indica que al cierre del presente año rondaría el 21.9 por ciento del PIB. Un incremento marginal en este apartado.
Lo anterior, no obstante que se logró un importante crecimiento en el componente especifico de los ingresos tributarios, pasando del 12.7 por ciento del PIB a un estimado de cierre para el presente año de 14.6 por ciento como proporción del tamaño de nuestra economía.
Es justo reconocer que se logró mantener la inercia de la administración de Peña Nieto, toda vez que en aquel gobierno este indicador se incrementó en poco más de cuatro puntos porcentuales del PIB.
Cuando abordamos la parte del gasto público empezamos a percibir más claramente la trama y el desenlace de esta historia. Mientras en 2018 el gasto neto total representaba el 23.1 por ciento del PIB, el informe plantea un estimado para el cierre de este año de 26.9 por ciento. Un incremento en el periodo de 3.8 puntos porcentuales, contra el aumento de 0.7 puntos porcentuales en los ingresos presupuestarios en el mismo período.
El tercer apartado en el análisis es el que tiene que ver con el déficit y la deuda pública y que resume, de manera global en términos macroeconómicos, el desempeño de la gestión financiera del gobierno de López Obrador.
El balance primario, una medida que permite aproximarnos a evaluar el esfuerzo gubernamental para generar ahorros que posibiliten el pago de intereses de la deuda, pasó a romper una inercia de cinco periodos de ejercicios fiscales con superávit primario a tener déficits primarios desde el año 2021, estimando que culmine el presente año en un nivel de 1.4 por ciento el PIB.
Con ello resulta comprensible que la medida más amplia del déficit público –los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP)– se ubique en lo que va del 2024 en un 5.9 por ciento del PIB desde el 2.1 por ciento recibido en el primer año del gobierno anterior.
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Así, el indicador integral de la deuda pública, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), pasaría del 43.6 por ciento del PIB a un 49.7 por ciento para el cierre del año. El nivel más alto desde el año 2000, en el cual se empezó a contar con registros de este rubro.
Datos duros que contextualizan el hecho de cuando más se requirió hacer uso de la deuda en plena pandemia, a fin de aminorar el impacto de la recisión, no se acudió a esta opción. En tanto que sí se hizo uso de ella en años electorales.
Guillermo Garza De La Fuente
Economista y Catedrático de la Facultad de Economía.
UAdeC
Twitter: @guillermo_garza
