Derecho al voto femenino, 71 años después: La igualdad no llega por decreto

Hoy 17 de octubre se conmemoran 71 años del reconocimiento del derecho al voto de las mujeres en México, mediante un decreto que reformó la Constitución. Este avance fue producto de la lucha individual y colectiva de mujeres que buscaron la garantía del ejercicio de sus derechos político-electorales y la posibilidad de participar en la toma de decisiones públicas en igualdad de condiciones.

Tuvieron que pasar muchos años para que el sufragio de las mujeres fuera reconocido pese a que los movimientos sufragistas se hicieron presentes en nuestro país mucho antes de la Constitución de 1917, lo que quedó de manifiesto con el Primer Congreso Feminista de México celebrado en 1916 en el Teatro Peón Contreras en la Ciudad de Mérida, donde se reunieron diversos colectivos y grupos de mujeres, como “Las Hijas de Cuauhtémoc”, que exigían igualdad y respeto de sus derechos, así como participación política.

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Uno de los resultados de este Congreso fue la propuesta entregada al Constituyente de 1917, inspirada en las ideas de Hermila Galindo sobre la igualdad intelectual entre hombres y mujeres, en la que se fundó la demanda del derecho al voto. Aunque no tuvo frutos inmediatos, ya que no se incluyó en el texto original de la Constitución, esta propuesta sirvió de base para que la exigencia fuera retomada en 1920. El derecho fue reconocido por primera vez a nivel municipal en el estado de Yucatán en 1922.

Sin embargo, a nivel federal, aunque desde 1937 se presentó la primera iniciativa para la reforma al artículo 34 constitucional, que fue aprobada en ese mismo año, al no haberse publicado en el Diario Oficial, nunca adquirió vigencia.

Pasaron 10 años para que el 17 de febrero de 1947 se publicara en el Diario Oficial la reforma al artículo 115 constitucional que permitió la participación política de las mujeres a nivel municipal, pero fue hasta el 17 de octubre de 1953 cuando se publicó el decreto que reconoció el derecho al voto de las mujeres a nivel federal, el cual se ejerció por primera vez el 3 de julio de 1955.

Sin embargo, fue necesario esperar más de 15 años adicionales para que las mujeres participaran en cargos políticos a nivel federal, pues hasta 1968 ninguna mujer lo había hecho; con unas pocas excepciones, como Aurora Jiménez de Palacios, primera diputada federal por el Estado de Baja California (1952), además de María Lavalle Urbina y Alicia Arellano Tapia, primeras senadoras en la historia del país (1964).

Fue hasta el período presidencial de José López Portillo (1976-1982) cuando comenzó a aumentar la representación femenina en cargos públicos, siendo un resultado icónico la elección de Griselda Álvarez como primera gobernadora en el estado de Colima. A partir de ahí, en los siguientes ciclos presidenciales se incrementó de manera progresiva la participación de mujeres e incluso se presentó la primera postulación de una mujer al máximo cargo de Presidencia de la República con Rosario Ibarra (1982); sin embargo, a pesar de los avances logrados, el porcentaje de mujeres no superaba el 15 por ciento del total de cargos electos.

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Desde ese octubre de 1953 hasta hoy, la representación femenina ha aumentado gracias a la introducción, primero, de las cuotas de género y, después, del principio de paridad. No obstante, cada espacio que han ocupado las mujeres ha requerido una férrea defensa de sus derechos a través de procedimientos legales, luchas sociales y reformas políticas que remonten los escenarios de desigualdad estructural que han prevalecido durante décadas, que garanticen una igualdad real en las condiciones de acceso a los cargos públicos y una vida libre de violencia.

Por esta razón es importante conmemorar este aniversario y recordar la necesidad de defender nuestros derechos, pues a pesar de los avances y logros en materia de igualdad sustantiva, lo cierto es que siguen existiendo obstáculos y resistencias que impiden su ejercicio pleno; las mujeres que deciden incursionar en política a menudo se encuentran ambientes estereotipados, desiguales y violentos, donde la “carrera de vallas” sólo existe de un lado de la pista, porque la igualdad no se consigue por decreto, sino con acciones concretas y conciencia social.