Derechos de las audiencias: desconfianza bien ganada

La mejor medida de un gobierno no es lo que dice, sino lo que hace. Las intenciones se miden con los resultados. El anuncio oficial de regular el derecho de las audiencias en medios concesionados por el Estado ha sido recibido con una generalizada desconfianza. Tan simple como esto: si la autoridad tuviera alguna consideración hacia el derecho de las audiencias, a la veracidad y a las buenas prácticas del oficio informativo, otro sería el manejo de la comunicación institucional.

Evidencia clara de ello es la manera como operan los medios del gobierno. Las “mañaneras del pueblo” son la mejor prueba del desdén a las audiencias. Si desde la más elevada oficina, el gobierno no respeta la verdad ni a quien difiere y en materia penal desconoce la presunción de inocencia y los derechos más elementales del inculpado cuando es de oposición, ¿por qué conceder que la autoridad respetaría el disenso o a la crítica? La alerta es merecida y obligada.

La agresión a la libertad de expresión es el signo del régimen: sin consideración alguna y cada vez peor. Ocurre en un entorno de violencia, donde el periodismo se ha vuelto una actividad de alto riesgo. Numerosos periodistas han sido asesinados. En la estadística, un oprobio: México, el país más peligroso para el oficio. Y aunque el presidente López Obrador fue reconvenido por organizaciones civiles internacionales, no cedió en su agresión contra los medios y sus colaboradores. Había la esperanza de un cambio con Claudia Sheinbaum al frente del Ejecutivo; al principio hubo comedimiento, nunca respeto. Poco después, la agresión se acentuó sin precedente. El uso de la figura de la violencia política de género, con la connivencia de tribunales, sirvió para reprimir a críticos, incluso a particulares, con sanciones humillantes y, en algunos casos, onerosas.

El coyote quiere hacerse cargo del gallinero invocando el derecho de las audiencias. El gobierno es el sujeto obligado a salvaguardar ese derecho y, vale decir, es quien más lo violenta: directamente con la comunicación institucional y con el quehacer de sus medios; indirectamente, con la labor de la mayoría de las empresas informativas que reproducen la propaganda oficial. Extraña que el gobierno quiera más; seguramente va tras los pocos espacios críticos y por la autocensura.

Nadie en el oficio con un sentido elemental de independencia estaría dispuesto a dejar que el actual gobierno o una dependencia bajo su control sea la última instancia para resolver la diferencia entre un particular y un periodista o un medio. El derecho de las audiencias se garantizaría mediante un órgano de Estado autónomo, profesional e imparcial, no por el gobierno, por ser sujeto a regular.

El derecho de las audiencias es tan legítimo como el procedimiento para sancionar la violencia política de género. Un régimen antiliberal, intolerante, autoritario, proclive al abuso y a la mentira es incapaz de garantizar el derecho de las audiencias. Allí están ejemplos recientes de lo que ha ocurrido con la libertad de expresión cuando se deja en manos de sus jueces o de sus abogados la aplicación de la norma para evitar la violencia política de género.

Bajo las mismas consideraciones está la definición del sentido de la verdad, la correcta contextualización de la información o la diferencia entre opinión e información. Insisto, el desempeño presidencial matutino ofrece evidencia suficiente del sentido maniqueo del régimen para definir la verdad. Si la legalidad que tiene una expresión objetiva es manipulada groseramente contra el adversario y al de casa se le dispensa generosa y ostensible impunidad, ¿qué sucedería en casos tan subjetivos y opinables como la verdad, su adecuada contextualización o la diferencia entre información y opinión?

Antes de la detención de Ernesto Ruffo, en este espacio anticipamos que, ante las dificultades del régimen político, la ruta era la represión ante la ostensible impunidad. El exgobernador, figura emblemática de la oposición, es ahora un preso político, detenido en un reclusorio de alta peligrosidad. Su aprehensión fue un espectáculo con doble propósito: amedrentar al que disiente y socializar la idea de que la corrupción a todos alcanza, incluso a quienes se tiene por hombres de bien.

Una vez cruzado el Rubicón de la impunidad, el régimen político ahora más que siempre requiere someter la libertad de expresión. La pretensión del gobierno de garantizar el derecho de las audiencias hacia allá se dirige.