Desigualdad, redistribución y reforma fiscal

En el año 2022, Credit Suisse, de servicios financieros, destacó que, aun con pandemia, la riqueza mundial avanzó 9.8% respecto al año anterior, con 463.6 billones de dólares, de lo cual solo 1% de la población alcanzó 45.6% de dicha riqueza, por inflación global y porque firmas trasnacionales mantuvieron precios elevados aun con paulatina reducción de costos.

Recientemente, la organización no gubernamental Oxfam Internacional publicó su informe global “Desigualdad SA”, destacando que de 2020 a la fecha la riqueza de cinco potentados se ha duplicado, mientras que alrededor de 5 mil millones de personas han reducido su patrimonio, “una enorme concentración de poder empresarial y monopolístico”.

El informe particular “El monopolio de la desigualdad” expone que la situación se replica en México: 14 ultrarricos (con más de mil millones de dólares) poseen 8.18% de la riqueza nacional, es decir un billón 346 mil millones de pesos, mientras que 9 millones de personas viven en condiciones de pobreza; en el documento se relaciona la excesiva concentración económica con los gobiernos de décadas anteriores, con privatizaciones de bienes públicos, concesiones, licencias y permisos (en comunicaciones y transportes, minería, telecomunicaciones, servicios financieros, radiodifusión, petróleo y energía eléctrica, entre otras), además facilidades fiscales y negativa de reforma fiscal integral para regular el poder económico.

El Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos realizó un estudio y muestra que en nuestro país el Producto Interno Bruto por habitante disminuyó 3.9% -a pesos constantes de 2018- entre 2018 y 2022 (Vanguardia, 24-01-24), así, se mantiene la desigualdad económica, aun con programas sociales y aumento del salario mínimo.

La derecha ideológica argumenta que la riqueza es un “premio al talento, al esfuerzo y la tenacidad”, que la igualdad de oportunidades motiva a la gente a emprender y progresar, es decir el mérito, además, que para distribuir riqueza primero debe generarse; se argumenta que en el mundo hay avances en disminución de pobreza, en gran proporción en China en la última década, pero no menciona que esta movilidad social no se debe al libre mercado, más bien a estrategias de política distributiva específicas, como el caso reciente de México, con reducción de más de 5 millones de pobres.

A excepción de la especulación financiera, que puede aumentar el valor de unos activos con la reducción del valor de otros -y la eventual caída de precios con la realidad económica de empresas emisoras-, el excedente de capital se genera en la relación medios de producción-fuerza de trabajo, cuyo resultado es la primera distribución de riqueza, de ahí el segundo momento del circuito económico con gasto posterior de salarios y reembolsos-ganancias, dinero circulante y dinero capital, es decir, que por consumo e inversión el valor se traslada entre sectores, a través de precios, intereses y contribuciones.

En condiciones específicas, si los más ricos obtienen riquezas proporcionalmente superiores al crecimiento de las economías, las ganancias extraordinarias provienen del consumo necesario de la población en sus niveles de ingreso, así permanece la mayoría de pobres que aportan beneficios al capital.

Según el INEGI, el salarió aumentó su participación en el PIB a junio de 2023 de 25.2 a 26.1% anual y la pobreza laboral tiene tendencia a la baja, de 37.8 a 37.3% anual en agosto pasado, sin embargo, se agudiza la inequidad en la distribución de la riqueza.

La redistribución del ingreso es necesaria por justicia social y también para inducir crecimiento económico a través del consumo de familias y, para tal efecto, los ingresos gubernamentales deben aumentar, de ahí la reforma fiscal progresiva, para evitar elusión y con gravámenes específicos a las grandes fortunas.

La justicia distributiva no es premiar pereza y castigar talento y tenacidad, porque existen millones que se esfuerzan toda su vida y no superan considerablemente su vulnerable situación, más bien es impulsar el circuito económico para el crecimiento y el bienestar general. Estado de bienestar con responsabilidad social.