Donald Trump, culpable

Por El Comité Editorial, The New York Times.

El jueves, en un humilde juzgado del Bajo Manhattan, el expresidente y actual abanderado republicano fue declarado culpable de 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales. La decisión del jurado, y los hechos presentados en el juicio, ofrecen otro recordatorio —quizás el más crudo hasta la fecha— de las muchas razones por las que Donald Trump no es apto para ocupar el cargo.

El veredicto de culpabilidad en el caso del pago a cambio de silencio del expresidente fue emitido por un jurado unánime de 12 neoyorquinos elegidos al azar, que consideró que Trump, el muy posible candidato a la presidencia por el Partido Republicano, era culpable de falsificar registros comerciales para evitar que los votantes se enteraran de un encuentro sexual que él creía que habría sido políticamente perjudicial.

Los estadounidenses pueden preguntarse sobre la importancia de este momento. La Constitución no prohíbe que las personas con una condena penal sean elegidas o ejerzan de comandante en jefe, aunque estén tras las rejas. Los fundadores de la nación dejaron esa decisión en manos de los votantes. Muchos expertos también han expresado su escepticismo sobre la importancia de este caso y sus fundamentos jurídicos, que se basó en una teoría legal inusual para buscar un cargo de delito grave por lo que es más comúnmente un delito menor, y Trump sin duda buscará una apelación.

Sin embargo, lo mejor de este caso sórdido es la prueba de que el imperio de la ley obliga a todos, incluso a los expresidentes. En circunstancias extraordinarias, el juicio se desarrolló como cualquier otro juicio penal en la ciudad. El hecho de que 12 estadounidenses pudieran juzgar al expresidente y posible futuro presidente es una muestra notable de los principios democráticos que los estadounidenses aprecian.

El juez Juan Merchan, el jurado y el sistema judicial neoyorquino impartieron justicia con celeridad, proporcionando a los estadounidenses información vital sobre un candidato presidencial antes de que comience la votación. Varias encuestas han demostrado que la condena afectará la decisión de muchos votantes.

El veredicto en sí establece que Trump cometió delitos al ocultar información pertinente sobre sí mismo al pueblo estadounidense con el fin de influir en las elecciones presidenciales de 2016. Reveló aún más pruebas de lo que Trump está dispuesto a hacer, incluyendo infringir la ley y empujar a otros a infringirla, para obtener beneficios políticos. Ese impulso crónico —pasar por alto las normas democráticas y la ley para sus propios fines— es el núcleo de otros dos casos penales contra Trump, por cargos mucho más graves de difundir mentiras y participar en una conspiración criminal para anular las elecciones de 2020. (También se le acusa de manejar indebidamente documentos de seguridad nacional altamente clasificados después de dejar el cargo; en dos ocasiones, mostró documentos clasificados a personas que no estaban autorizadas a verlos, según la acusación). Los abogados de Trump han conseguido retrasar esos tres juicios.

El expresidente nunca ha demostrado mucha rectitud moral, pero los hechos presentados en el juicio de Nueva York también revelaron más información que el público debería conocer sobre la forma poco ética en que Trump lleva su vida y sus negocios. Los fiscales expusieron minuciosamente los detalles del pago: poco después de la divulgación de la grabación de Access Hollywood y menos de dos semanas antes de las elecciones de 2016, Michael Cohen, quien entonces era el abogado y persona de confianza de Trump, pagó a Stormy Daniels, una estrella de cine para adultos, 130.000 dólares para que guardara silencio sobre el encuentro sexual que dijo haber tenido con Trump en 2006.

Un pago como este no es ilegal por sí mismo. Lo que lo hace ilegal es manipular los registros comerciales para enmascarar su verdadero propósito, que según los fiscales era ocultar la historia al pueblo estadounidense para ayudar a Trump a ser elegido. Los fiscales tuvieron que demostrar que este pago se hizo a instancias de Trump y que Trump sabía que el reembolso a Cohen por el pago fue falsamente categorizado como un gasto legal para disfrazarlo. Las pruebas que presentaron, tanto directas como circunstanciales, demostraban la implicación personal de Trump en la trama, y su motivación.

El juez Merchan fue escrupuloso a la hora de garantizar que Trump tuviera un juicio justo. Se negó, por ejemplo, a permitir que el jurado escuchara material sensacionalista, como el audio de Access Hollywood o las posteriores acusaciones de agresión sexual contra Trump, que podrían haber sido perjudiciales para sus derechos como acusado. Sin embargo, a lo largo del juicio, el juez se vio obligado a hacer frente a los intentos de Trump de socavar el sistema judicial. Para proteger su integridad, el juez Merchan puso un límite a lo que Trump podía decir para evitar que atacara y amenazara a jurados, testigos, personal del tribunal e incluso a la familia del juez. Trump desobedeció repetidamente esa orden y fue multado con 10.000 dólares por desacato al tribunal. Solo la amenaza de una pena de cárcel pareció mantener a Trump a raya.

Al final, el jurado escuchó las pruebas, deliberó durante más de nueve horas y llegó a una decisión, tal como el sistema está diseñado. Del mismo modo, las elecciones permiten a los votantes considerar las opciones que se les presentan con toda la información, y luego votar libremente. Trump intentó sabotear las elecciones y el sistema de justicia penal —ambos fundamentales para la democracia estadounidense— cuando pensó que podrían no producir el resultado que él quería. Hasta ahora, han demostrado ser lo suficientemente resistentes como para soportar sus ataques. Los jurados han emitido su veredicto, como lo harán los votantes en noviembre. Para que la república sobreviva, todos nosotros —incluido Trump— debemos acatar ambos, independientemente del resultado.

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