El agua: el arma de Irán contra el Golfo
El régimen iraní lucha por su supervivencia. No puede derrotar directamente a Estados Unidos ni a Israel, pero puede infligir un daño económico generalizado
Por Michael Christopher Low, Project Syndicate.
SALT LAKE CITY- Las monarquías ricas en petróleo del Golfo Pérsico suelen describirse como petroestados. Pero la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha puesto de manifiesto que también son reinos de agua salada, sociedades cuya supervivencia depende de la desalinización, es decir, de convertir el agua de mar en agua potable a escala industrial. La vida en el Golfo depende de la “magia negra” de convertir el petróleo y los ingresos del petróleo en agua. Esta proeza tecnológica ha impulsado el crecimiento dinámico de la región, pero ahora se perfila como su mayor vulnerabilidad.
Desde la década de 1970, los países del Golfo han adoptado soluciones basadas en combustibles fósiles para hacer frente a la grave escasez de agua. Hoy en día, la región produce más del 40% del agua desalinizada del mundo en más de 400 plantas. Es difícil exagerar su dependencia de la desalinización, que proporciona el 99% del suministro de agua potable en Qatar, más del 90% en Baréin y Kuwait, el 86% en Omán, el 70% en Arabia Saudita y el 42% en los Emiratos Árabes Unidos.
Cuando Estados Unidos e Israel atacaron por primera vez a Irán, sus objetivos fueron las instalaciones militares y los líderes del país. Pero el 7 de marzo, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, acusó a Estados Unidos de cometer un “crimen flagrante y desesperado” al atacar una planta desalinizadora de agua dulce en la isla de Qeshm. “Atacar la infraestructura de Irán es una acción peligrosa con consecuencias graves”, añadió, señalando que fue Estados Unidos, y no Irán, quien sentó este precedente.
Si bien la afirmación sigue sin verificarse, sus implicancias son inequívocas. Araghchi señaló un posible cambio en la lógica de la guerra: los sistemas de agua, tratados durante mucho tiempo como elementos vitales para la población civil y protegidos por las Convenciones de Ginebra, habían sido arrastrados al conflicto. Su advertencia fue clara. Si se atacaba la infraestructura de Irán, las plantas desalinizadoras del Golfo serían un blanco legítimo.
Ese mismo día, Israel bombardeó unos 30 depósitos de petróleo en Teherán y en la cercana provincia de Alborz. El petróleo se derramó por las calles mientras una nube oscura de humo y gases tóxicos envolvía la capital. Desde entonces, Irán ha respondido ampliando sus objetivos por toda la región. El 8 de marzo, Baréin informó que Irán había causado “daños materiales” a una de sus plantas desalinizadoras, aunque las autoridades aclararon que “no había habido ningún impacto en el suministro de agua ni en la capacidad de la red de agua”.
Desde entonces, la guerra se ha intensificado. Los ataques de ambos bandos han alcanzado todo tipo de infraestructura civil, desde hoteles hasta aeropuertos, eliminando prácticamente todos los tabúes y líneas rojas preexistentes. Entre los más preocupantes se encuentran los ataques contra instalaciones nucleares o en sus inmediaciones. Irán atacó la ciudad de Dimona, a pocos kilómetros del Centro de Investigación Nuclear Shimon Peres del Negev. Israel atacó cerca de la central nuclear iraní de Bushehr, lo que obligó a evacuar al personal de la empresa rusa Rosatom, y, más recientemente, atacó la planta de procesamiento de uranio iraní en Yazd y el Complejo de Agua Pesada de Khondab.
Pero la atención global se centra directamente en la infraestructura de combustibles fósiles. El 25 de marzo, el ministro de Finanzas francés, Roland Lescure, afirmó que entre el 30% y el 40% de la capacidad de refinamiento del Golfo ha resultado dañada o destruida, lo que ha retirado 11 millones de barriles diarios del mercado internacional y ha desencadenado una crisis petrolera, especialmente en Asia. Asimismo, los ataques iraníes a las instalaciones de Ras Laffan, en Qatar, han aniquilado el 17% de la capacidad de exportación de gas natural licuado del país.
En tanto los precios del petróleo se disparaban y el estrecho de Ormuz permanecía prácticamente cerrado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un duro ultimátum el 21 de marzo, amenazando con “destruir” las centrales eléctricas de Irán si el país no reabría el estrecho en un plazo de 48 horas. En respuesta, el portavoz militar iraní, Ebrahim Zolfaqari, advirtió que la República Islámica tomaría represalias atacando infraestructura regional, incluidas las “instalaciones de desalinización de agua”.
Poco después, canales de Telegram y redes sociales afines al régimen comenzaron a difundir una escalofriante lista de posibles objetivos, entre los que se incluían las plantas desalinizadoras de Ras al-Khair y Shuaiba, en Arabia Saudita, y la planta desalinizadora de Taweelah y la central nuclear de Barakah, en los Emiratos Árabes Unidos. Como explica Can Kasapoğlu, del Instituto Hudson, la vulnerabilidad de la infraestructura de desalinización supone una categoría de riesgo diferente. A diferencia de las alteraciones en los mercados petroleros, que provocan principalmente consecuencias económicas al elevar los precios y restringir el suministro, atacar las instalaciones de desalinización “amenaza directamente la supervivencia diaria en algunos de los estados con mayor escasez de agua del mundo”.
Ante la creciente presión, Trump anunció de forma repentina una pausa de cinco días en los ataques contra las centrales eléctricas iraníes apenas unas horas antes de que abrieran los mercados estadounidenses el 23 de marzo, con el objetivo de estabilizar los precios del petróleo; posteriormente amplió el plazo hasta el 6 de abril. A pesar de que Trump ha alardeado de mantener conversaciones con Irán (que la República Islámica ha negado que se estén llevando a cabo), el continuo despliegue militar estadounidense en la región sugiere una posible escalada. La administración Trump también se ha negado a descartar la toma de la isla de Kharg -por donde transita el 90% de las exportaciones petroleras de Irán- como parte de un esfuerzo integral por paralizar la economía iraní y forzar la reapertura del estrecho de Ormuz.
Si Estados Unidos llevara a cabo esa acción, los países del Golfo probablemente serían los más afectados por las represalias. Tras los anteriores ataques estadounidenses contra la isla de Kharg, Irán acusó a los Emiratos Árabes Unidos de facilitar los ataques. El 25 de marzo, Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraní, advirtió que, si Estados Unidos e Israel ocupan una isla iraní con el apoyo de una potencia regional, “toda la infraestructura vital de ese país de la región se convertirá, sin restricciones, en blanco de ataques implacables”. Aunque Ghalibaf no fue explícito, es probable que la advertencia se refiera a los Emiratos Árabes Unidos y a las islas de Kharg y Larak, pero también podría aludir a las islas en disputa de Abu Musa y las islas Tunb Mayor y Menor, ocupadas por Irán en 1971.
El régimen iraní lucha por su supervivencia. No puede derrotar directamente a Estados Unidos ni a Israel, pero puede infligir un daño económico generalizado y tensar las relaciones entre Estados Unidos y el Golfo, así como entre los seis miembros del Consejo de Cooperación del Golfo. A medida que se acerca el plazo límite de Trump, ¿Estados Unidos pondrá en peligro los sistemas de desalinización vitales del Golfo en un intento arriesgado por tomar la isla de Kharg y reabrir el estrecho de Ormuz? Si Irán toma represalias “sin restricciones”, las consecuencias podrían ser devastadoras para los reinos de agua salada del Golfo. Copyright: Project Syndicate, 2026.
Michael Christopher Low es profesor asociado de Historia y director del Centro de Oriente Medio de la Universidad de Utah.