El extraño narcopacto sobre el fentanilo con el Cártel de Sinaloa
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En un peligroso juego de espejos con los gobiernos de Estados Unidos y México, el Cártel de Sinaloa −cuna de las principales facciones criminales del país− aceptó ser el brazo ejecutor, literalmente, de una negociación para desalentar la producción y tráfico de fentanilo en México.
Información recogida por este espacio apunta en el sentido de que la administración de López Obrador facilitó una negociación sin precedentes, sometido a la presión de un bloque internacional de países alentado por Washington y que ubica a México como protagonista clave en la ecuación mortal del fentanilo: producción, venta y consumo. Los mismos reportes obtenidos alertan sobre la fragilidad del acuerdo, que no logrará frenar la llegada de precursores chinos ni la proliferación de narcolaboratorios en territorio nacional. Mucho menos el activismo creciente del Cártel Jalisco Nueva Generación en este negocio.
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La escena recogida por los medios, el pasado 26 de junio, con los cadáveres de dos sujetos acribillados en un camino rural en Culiacán, Sinaloa, junto a diversos montículos de envoltorios con pastillas de fentanilo −algunos encima de ellos−, parece confirmar el peligroso pacto, impuesto por la desesperación del gobierno de Biden que se encamina hacia una difícil reelección ante una crisis que supone la muerte, cada día, de 200 de sus conciudadanos a causa de este opioide, 50 veces más fuerte y peligroso que la heroína. Ello representó en 2022, 60 por ciento de los 110 mil decesos por sobredosis en el vecino país.
De acuerdo con reportes sólidos de la revista sinaloense “Río Doce”, la orden de ejecutar en territorio sinaloense a cualquier traficante de fentanilo provino de “Los Chapitos”, el enésimo desprendimiento del Cártel de Sinaloa que sigue controlado por Ismael “El Mayo” Zambada, un hombre de 75 años y leyenda en vida que durante décadas ha sido cortejado por gobiernos de todos los partidos y niveles en busca de un acuerdo (cada vez menos viable) que disminuya nuestro caudaloso río de sangre a causa del crimen organizado y de la incompetencia oficial para contenerlo.
De acuerdo con la información disponible, lo que no ha logrado durante cinco años la política de “abrazos, no balazos” del gobierno López Obrador, lo conquistó el anuncio del pasado 14 de abril por parte del procurador norteamericano, Merrick Garland, de llevar a juicio allá, mediante procesos de extradición, a 28 integrantes de “Los Chapitos”, entre ellos tres hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, encarcelado en Estados Unidos. Se trata de Ovidio Guzmán López, Jesús Alfredo Guzmán Salazar e Iván Archivaldo Guzmán Salazar. Este último preso en México, sometido a un requerimiento para ser entregado a fiscales y jueces del caso, que ante las nuevas circunstancias quizá deberán seguir esperando.
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Apenas el viernes, el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, anunció una coalición de 84 países para encarar la pesadilla de los opioides ilegales en el mundo, los que encabeza el fentanilo, pero a los que se suma otra media docena de poderosos analgésicos. Se trata de una epidemia de adicciones desatada en los años 90 dentro del propio Estados Unidos cuando se popularizaron medicamentos “inofensivos” como el oxyContin, que al ser retirado empujó a millones de sus ciudadanos (y a otros millones en el resto del mundo), primero a la heroína, para luego migrar a la ketamina, el tramadol, el MDMA, las metanfetaminas, el captagon...
El referido frente multinacional no hizo sino declarar en punto muerto las negociaciones que durante años fueron eficaces entre las autoridades estadounidenses y China en favor de frenar el flujo hacia Occidente de los precursores químicos necesarios para producir estos opioides. Tras la creación de ese bloque, sus integrantes coincidieron en llamar a China a sumarse, lo que cayó en oídos sordos. En ese coro inútil participó la nueva canciller mexicana, Alicia Bárcena.
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El otro sujeto de presión es el propio Gobierno mexicano, por ser nuestro territorio el paso favorito de los traficantes y punto clave de la llegada ilegal de precursores, aun por el puerto de Manzanillo, pese a los anuncios en contra, el control de los militares y varios etcéteras.
Las firmes declaraciones del propio presidente López Obrador de que aquí no se produce fentanilo han caído a tierra ante reportajes de medios internacionales que lo desmienten.
En este contexto, se produce este singular narcopacto con Sinaloa. No faltará tiempo para conocer a sus arquitectos.
rockroberto@gmail.com