El zoom interamericano sobre la independencia judicial

En 1981 México suscribió la Convención ADH para formar parte del sistema interamericano y, desde 1998, la competencia de la Corte IDH se reconoció para conocer las denuncias de víctimas conforme al pacto interamericano. En estas cuatro décadas, nuestro país ha sido condenado en un poco más de una decena de casos; feminicidios, desapariciones de personas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales y torturas son, principalmente, las violaciones estructurales más recurrentes que reflejan el mapa de las atrocidades a la dignidad humana en el que estamos situados.

Somos un Estado que, por sus casos interamericanos, retratamos una violación estructural en la seguridad. No hemos construido, en efecto, instituciones sólidas para asegurar el derecho a una vida libre de violencia. Nuestro cambio democrático de las últimas décadas no ha sido suficiente para brindarnos paz social. Al contrario, la alternancia en el poder evidenció situaciones graves de riesgo para la seguridad de la vida e integridad personal. No por algo somos uno de los países que hoy registra el mayor número de personas desaparecidas que las que, desafortunadamente, se reconocen por las comisiones de la verdad en la etapa de las dictaduras latinoamericanas del siglo pasado.

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Esta inseguridad de los últimos años, por tanto, ha generado una estela de víctimas que plantean ante los tribunales, nacionales e internacionales, los problemas contextuales que delimitan la lucha de los derechos humanos en una determinada época de nuestra historia.

¿Qué hemos hecho en México para prevenir, erradicar y sancionar este tipo de violencia estructural? Hemos construido, sin duda, una legislación fuerte de derechos de las víctimas, pero me parece que todavía nuestras instituciones tienen una agenda pendiente para asegurar de manera efectiva esos derechos. No hemos logrado consolidar una buena política pública para resolver en forma adecuada este tipo de problemas.

Esta tipología de agenda es común en la región. Si observamos la primera etapa de los casos interamericanos, los países latinoamericanos que vivieron etapas de dictaduras, de golpes de Estado o de regímenes antidemocráticos, son sometidos a la jurisdicción regional por estas cuestiones iniciales: proteger la vida e integridad de las personas.

Ciertamente, el desarrollo del sistema enseña que los casos que luego se presentan radican en el ataque a los elementos mínimos de la democracia. Es decir, el Estado autoritario que es llevado al juicio interamericano, no sólo actúa en contra del mínimo vital de la dignidad humana (la vida e integridad de las personas), sino también contra la esencia misma de la democracia: se comienza a atacar la división de poderes, que es la garantía fundamental para evitar el abuso de poder.

En efecto, los casos van reflejando una etapa siguiente contra los fines de la sociedad democrática: la clase gobernante busca afectar la independencia judicial que, en muchos países, representa la última esperanza para detener la arbitrariedad del poder presidencial.

Desde situaciones de jueces que han sido afectados por sus gobiernos por expresar su libertad de opinión en temas que les incumben, protegerse de destituciones indebidas, hasta la paralización de proyectos de leyes que afectan su independencia judicial, son problemáticas que la Corte IDH ha tenido que resolver para generar un derecho común para la región en materia de garantías judiciales.

Hoy que discutimos la reforma judicial en México, la mayoría parlamentaria que impulsa un cambio trascendental debe tener en cuenta que su poder de legislar no es absoluto y puede ser objeto de escrutinio judicial en el contexto internacional.

Existen, por ejemplo, estándares interamericanos sobre la permanencia en el cargo judicial. Es decir, los “jueces de un país no pueden ser removidos de manera arbitraria, salvo por causa grave prevista en ley”.

Entonces, ¿es válido que una reforma judicial remueva a todos los jueces del país para elegirlos de manera popular, sin respetar sus garantías judiciales?

La mayoría en el gobierno ha dicho: la reforma va y los jueces actuales se van porque la “reforma que viene, a la nación le conviene”. Es la “revolución patriótica” que defiende la 4T: los jueces deben ser electos por el pueblo para evitar su corrupción. Es más: se ha pensado en voz alta por el Presidente de la República en eliminar el requisito de la experiencia profesional para evitar que queden los mismos. En fin, los parlamentos abiertos siguen su curso: se escuchan las voces disidentes desde la judicatura, pero los legisladores de la 4T reiteran su mandato popular: “los jueces del país serán removidos de su cargo y tendrán que someterse a una elección popular para mantenerse en el cargo”.

En septiembre, el mes de la patria, sabremos cómo va a quedar la reforma judicial que se pretende votar en el Constituyente Reformador. Se debe seguir conversando esta propuesta de cambio constitucional. Pero mientras se discute, me parece que los que tienen el poder de tomar esa decisión mayoritaria deben comenzar a reflexionar sobre los límites que se han construido por la Corte IDH sobre independencia judicial.

México puede estar expuesto a la lupa interamericana. Incluso hay casos en otros países en donde se han dictado medidas precautorias para suspender la votación de leyes que ponen en riesgo grave los estándares interamericanos.

Esta situación mexicana −que es inédita porque por primera vez se plantea la renovación total de toda la judicatura de un país− es y será observada en la región por la comunidad internacional: la propuesta no sólo tiene un impacto en la justicia federal o local de nuestro país; puede representar una problemática relevante para toda la región interamericana, porque si se considera un retroceso autoritario a la independencia judicial, se constatará una violación grave a la Carta de la Democracia de las Américas que pone en riesgo el Estado de derecho.

Más vale, pues, que el soberano mayoritario del país tenga en cuenta el derecho interamericano, porque por más que se apele al pueblo, el propio pueblo se ha sometido al control de convencionalidad de las Américas para evitar regresiones autoritarias en la región.

SOBERANÍA DDHH

Si no se entiende que el poder de modificar la forma de gobierno tiene límites razonables para evitar la violación de la independencia judicial como derecho fundamental de las personas para asegurar el acceso a la justicia, seguramente comenzaremos a escuchar las voces de que el pueblo es libre de hacer lo que quiera, como quiera y cuando quiera. Total, el pueblo apoya lo que la clase gobernante decida.

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Si prevalece la idea del poder ilimitado, el siguiente paso para la mayoría política de nuestro país será, seguramente, la separación del sistema interamericano si disgustan las decisiones de una Corte IDH que juzgue de manera crítica su reforma judicial.

Ya veremos cómo avanza el debate. Pero muchos han empezado a darle clic en el zoom interamericano...