La reforma de justicia que sí se necesita México

Bajo el argumento de “combatir la corrupción; generar un acceso a la justicia más expedito; un sistema más ágil y cercano a las necesidades de la población”, el presidente López envió a la Cámara de Diputados una reforma al Poder Judicial que plantea la renovación de los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), mecanismos de elección mediante voto popular, transformaciones procesales y de reingeniería institucional.

¿México requiere un cambio de rumbo en materia de seguridad y justicia para mitigar la impunidad? ¡Indudablemente! Tan sólo los datos que nos aporta Inegi demuestran que por cada 100 delitos que se cometen en nuestro país sólo siete se investigan y menos de uno se sanciona.

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Visto desde otro punto de vista, si una persona decide cometer un delito tiene casi el 100 por ciento de probabilidad de salir impune. Ante tal realidad y conforme a los argumentos que componen la narrativa presidencial, López está en lo correcto, los mexicanos necesitamos reformas que permitan el acceso a la justicia.

Sin embargo, la reforma del Poder Judicial, que es parte del llamado Plan C de López, no cumple con los criterios para resolver la crisis de acceso a la justicia que se vive en nuestro país. Para que en México se pueda garantizar la protección de los derechos individuales y colectivos se necesita mejorar tanto los mecanismos de denuncia ciudadana como aquellos que permiten que una autoridad pueda investigar tal delito, identificar al responsable, ejecutar una orden de aprehensión, desarrollar una teoría del caso, sustentar una acusación, administrar justicia y sancionar a un sentenciado.

Dicho proceso requiere de reformas normativas y de una fuerte inversión para que los recursos humanos y de equipamiento sean suficientes para atender los diferentes aspectos de la seguridad de los mexicanos.

Debe ser prioridad profesionalizar a cada uno de los servidores públicos que integran las instituciones de seguridad y justicia, garantizarles el uso de tecnología y equipamiento necesario, así como retribuirles adecuadamente a su función.

Paralelamente se deben implementar procesos transparentes que permitan supervisar y evaluar objetivamente el desempeño individual e institucional y así rendirle cuentas a la sociedad.

Si en México casi el 100 por ciento de los delitos queda impune es porque casi nada de ello se cumple. Desde el primer momento en que ocurre un hecho delictivo, en la mayor parte de los casos se cometen errores, negligencias y/o actos de corrupción que impiden el acceso a la justicia para una víctima, debido a las excesivas cargas de trabajo de los funcionarios, por las fallas en la capacitación, porque carecen de insumos con qué cumplir con su labor y porque nadie los supervisa.

Si se quiere “combatir la corrupción; generar un acceso a la justicia más expedito; establecer un sistema más ágil y cercano a las necesidades de la población”, se necesita invertir seriamente en seguridad y justicia, atendiendo a todos los actores que participan en el proceso y todas las necesidades que se generan.

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Dicho de otra manera, centrar la reforma en el Poder Judicial, modificar la manera en que se dan los nombramientos, imponer el voto popular, eliminar los requisitos de experiencia, desaparecer los mecanismos de supervisión institucional, acotar las funciones de la SCJN, no sólo no garantiza un mejor sistema de justicia en el país, sino que es probable que lo haga aún menos eficiente.

Mientras la reforma del Poder Judicial −parte del llamado Plan C del presidente López− avanza a pasos firmes, los mexicanos estamos cada vez más en riesgo que todo nuestro sistema de justicia sea a modo, que nuestros derechos puedan ser violados, que la impunidad aumente y que la inversión nacional y extranjera sea ahuyentada ante un Ejecutivo federal que quiere todo el poder y ningún contrapeso.

@frarivasCoL

Director del Observatorio Nacional Ciudadano