Elección de jueces y la reforma judicial, ¿solución real o respuesta simplista?
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Se ha discutido mucho en torno a la reforma judicial. Como en toda reforma, particularmente cuando se trata de una constitucional, se genera un debate tan amplio como la desinformación que suele acompañarlas. Esta iniciativa presidencial es muy amplia, ya muchos expertos y escuelas de derecho han fijado su postura al respecto. La mayoría de ellas en contra.
Es costumbre en estos tiempos querer simplificarlo todo. Suele existir un debate popular y otro técnico, sólo para iniciados. Aunque ambos debates están interconectados, el primero suele tener efectos contundentes en el ámbito de la comunicación pública.
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En este caso, el tema que más controversia ha generado es la elección popular por voto directo de jueces, magistrados y ministros. Tanto en la ofensiva como en la defensiva, la Presidenta electa y el Presidente de la República, así lo han hecho saber. La sola toma de posición, de uno y otro, vuelve loco a los adversarios y a las élites de la esfera jurídica.
En principio, la reacción de los especialistas en asuntos jurídicos es comprensible ante las posturas simplistas que ha fijado el presidente López Obrador: Hay que combatir al huachicol, pues cerremos los ductos. Hay que combatir al crimen, pues abracemos a los delincuentes. No me gusta el aeropuerto, pues hacemos otro. Las decisiones se toman a mano alzada en una asamblea de fieles o en una votación controlada de principio a fin.
Desde que tengo memoria, el sistema mexicano de justicia, tanto local como federal, ha dejado mucho que desear, sea en la materia que sea: laboral, civil, penal, administrativa o constitucional. Así lo hemos comentado en este espacio una y otra vez.
Pareciera que el Poder Judicial es un poder distante, oculto, del que se sabe poco o nada hasta que se topa uno frente a él, como acusador o acusado. Sobran historias acerca de lo tardado y tortuoso que es su funcionamiento. Pero es preciso decir que jueces y magistrados son los menos responsables de esa situación, ya que ellos sólo juzgan lo que la ley establece para una controversia entre dos partes y en torno a esa misma ley. Juzgan además mediante una ley y procedimiento legal que les fue impuesto por quienes hacen, proponen y/o aprueban las leyes, es decir, el Poder Legislativo federal, los legislativos estatales y los poderes ejecutivos. Tampoco podemos eximir de responsabilidad a todos los jueces, pero ese es otro tema. Lo que está claro es que es un despropósito decir que el sistema falla por culpa exclusiva de los jueces.
Además, hay que decir que en medio de tal adversidad se han logrado algunos avances considerables. La justicia federal es profesional, confiable y la corrupción es una excepción. La Suprema Corte además ha realizado una labor de vigilancia y control constitucional prudente y a la vista de todos. La justicia local sí es más complicada. Ahí, de hecho, radica la abrumadora mayoría de los casos, los que nos afectan a usted y a mí en el diario vivir.
Proponer que jueces y magistrados sean electos por la ciudadanía, en el marco de una reforma necesaria, con algunos elementos positivos, otros innecesarios, y otros francamente negativos, es el resultado de la ofensiva del Presidente contra una Corte Suprema que se negó a someterse a su voluntad. Tanto la reacción como la solución propuesta son simplistas: “A mí me eligió el pueblo, a ellos no”, luego entonces, es necesario que el pueblo los elija.
No tomó en cuenta una consecuencia de su propuesta: de hecho estaba restándose poder y control; si quisiera tener mayor control, le vendría bien dejar las cosas como están y obtener la mayoría necesaria en la Corte. La Constitución, tal y como está, ya lo permite. El Presidente puede decidir por sí mismo después de dos rechazos en el Senado, pero con un Senado afín, como el actual; no es tema.
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El problema de la elección popular de jueces y magistrados radica en los requisitos y capacidades de elegibilidad. ¿Cómo garantizar que los candidatos estén preparados? Desde hace veinticuatro años ejerzo la abogacía y no por eso me siento con capacidad de fungir como juez. No me preparé para ello.
Tampoco cabe compararnos con el sistema judicial estadounidense, donde los jueces federales son electos por el ejecutivo y aprobados por el legislativo. No obstante, en el nivel local sí son electos por la ciudadanía, entre ellos las quinta y octava economías del mundo, los estados de California y Texas. No es cosa menor, pero no aplica como referencia. El juez electo en estos estados establece la sanción, pero la culpabilidad la define un jurado integrado por ciudadanos. Quizá valga la pena estudiar si esa fórmula funcionaría o no en México, depende mucho de los ciudadanos y de su compromiso. México ya tuvo jurados populares en tiempos pasados. Otro frente a considerar es la corrupción. ¿Cómo combatirla? Para eso es irrelevante la elección de jueces por voto popular.
