Elección de juzgadores: A vueltas con las aporías del populismo judicial

Continuando con los caminos sin salida que tienen las reglas de la elección judicial, describo las 8 restantes aporías:

1) La lotocracia. ¿Si no tienes suerte en la insaculación, no participas en la elección aunque resultes ser el mejor perfil calificado?

Los que defienden el sorteo en los cargos públicos parten de la idea de que la suerte es justa distribuirla para los que se encuentren en la misma situación. Es decir: si hay 10 perfiles idóneos, da igual el que pueda ocupar el cargo.

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El problema lógico de la insaculación judicial es que se tira el volado entre un filtro determinado que es evaluado de manera diferente. Es decir, no todos los que van al sorteo tienen los mismos méritos y las mismas condiciones igualitarias, aunque se sostenga que sean los más calificados.

En la lotocracia el sorteo resulta ser el método de elección, no la depuración previa.

2) La spotcracia judicial. En el listado de boletas de hasta N personas posibles a votar, ¿cómo puedes garantizar el derecho a que el pueblo tenga la oportunidad de conocer el perfil de cada quien? ¿Dos meses es suficiente para recorrer toda la República, para entregar los folletos personales, para aparecer en spots de radio y televisión y poder participar en debates, para que así tenga la oportunidad de que te conozca los más de 100 millones de votantes?

La lógica de una elección libre exige deliberación democrática de los perfiles. No spotcracia de segundos, mucho menos promoción de folletos de imágenes para orientar la manipulación de los votos.

3) La arbitrariedad del poder. ¿Cuánto dinero personal se necesitará para producir los spots, para pagar los viáticos y distribuir los folletos durante dos meses recorriendo toda la República Mexicana? ¿Si eres el Benito Juárez del siglo 21 podrás participar en igualdad de condiciones con los que sí tengan dinero personal o el apoyo de un partido o gobierno para participar?

Creo que el poder del dinero, de las estructuras partidistas y de los gobiernos −federal, estatal y municipal− se van a imponer a la hora de definir la elección judicial. Es contradictorio pensar que no habrá financiamiento público ni privado a favor de los que tengan una mayor influencia con el poder.

4) Los debates simulados. ¿Cómo se garantizarán los debates entre N posibles aspirantes a la SCJN? Como la elección es un listado abierto, que hoy se promueve como el logro de la reforma por la mayor participación social, será prácticamente imposible que exista confrontación de ideas entre ellos en igualdad de condiciones.

El INE difícilmente organizará un debate inclusivo entre las candidaturas. Menos con la experiencia que tenemos en las elecciones pasadas.

Las encuestas, por tanto, se convertirán en el mejor instrumento de campaña para posicionar a los perfiles que luego las estructuras electorales definirán conforme al interés político que prevalezca.

5) La paridad a favor de los hombres. Si 9 mujeres, de las N personas a elegir en los listados, tienen la mayor votación, ¿tendremos la primera Corte femenina de 9 mujeres? No.

Habrá 4 hombres y 5 mujeres en la SCJN, incluso si existen 9 mujeres más votadas, pues no llegarán todas a ser ministras.

6) La multiplicidad electoral. Si el voto es directo por una persona para elegir un cargo popular, ¿por qué si el elector vota en el listado por una, dos o más veces, el sufragio es válido? La ley permite el voto múltiple. Es ilógico: cuenta para todas las candidaturas.

7) El desorden electoral. ¿Cuánto tiempo necesitaremos para votar los listados, si al mismo tiempo elegiremos entre N personas posibles y muchos más cargos de jueces y magistrados, locales y federales, de la circunscripción territorial que corresponda?

La diversidad de opciones a votar es ilógico con la funcionalidad, eficacia y certeza de la voluntad general. En realidad, lo lógico que va a pasar es la confusión del elector, el desorden para contabilizar los votos y la falta de certeza del resultado electoral.

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8) El costo electoral. ¿Por qué estas elecciones cuestan más que las presidenciales del año pasado, si al final no existen campañas?

Lo más probable es que exista abstención electoral, por lo que si se quiere hacer la elección judicial similar a una electoral, el desperdicio de recursos será evidente.

No es lógico gastar el presupuesto del pueblo en una elección simulada que se puede lograr con otros medios más económicos.

De cualquier manera, en el 2025 y 2027 elegiremos al nuevo Poder Judicial, federal y locales, con estas aporías en todo el territorio nacional.