Erosión constitucional: en búsqueda del Supremo Poder Ejecutivo

Como todos los años, el 5 de febrero conmemoramos el aniversario de nuestra Constitución. Anteriormente, solía ser un festejo entre los tres poderes de la Unión, quienes se reunían en Querétaro para recordar el espíritu del Congreso Constituyente de 1917 en un acto cívico que mostraba la unidad y el respeto a la división de poderes, a los derechos fundamentales y facultades emanados de nuestra Carta Magna.

El festejo del 108 aniversario de la Constitución, el pasado miércoles 5 de febrero, fue la muestra irrebatible de la erosión de la división de poderes en el país. Si bien el artículo 49 de la Constitución expresa, conforme al espíritu de los legisladores del ‘17, que el “Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial”, todo parece indicar que hoy en día solamente importan aquellos poderes que representan a una mayoría popular, es decir, el Ejecutivo y Legislativo.

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El declive de la división de poderes en nuestro estado constitucional no se dio de la noche a la mañana. A partir de la celebración del 106 aniversario se evidenció la notable ruptura entre el titular del Ejecutivo y la presidenta de la Suprema Corte. Fue en ese fatídico 5 de febrero de 2023 cuando la ministra presidenta Norma Piña decidió no levantarse de su asiento para saludar al entonces presidente López Obrador. Si bien es cierto que la guerra propagandística en contra del Poder Judicial desde el “púlpito presidencial” de la mañanera se intensificaba cada vez más, la ministra cayó en la provocación del presidente para justificar una reforma que estableciera una Suprema Corte de Justicia a modo.

Al año siguiente, ante una relación entre poderes más erosionada, el presidente López Obrador presentó el “Plan C”: un paquete conformado por 20 iniciativas de reforma constitucional que buscaban modificar sustancialmente el sentido político de la Carta Magna. Dentro de las iniciativas destaca la ya aprobada reforma para elegir personas juzgadoras, cuyo propósito tácito −y perverso− es diseñar un Poder Judicial afín a los intereses del gobierno en turno −desde los Juzgados de Distrito hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación−, que no interfiera en los proyectos del “segundo piso de la Cuarta Transformación”.

La erosión constitucional, particularmente en relación con la división de poderes, se mostró en su apogeo el pasado miércoles 5 de febrero. La presidenta Sheinbaum, en días anteriores al acto solemne, expresó que la Suprema Corte no estaba invitada a la conmemoración. En el Teatro de la República únicamente aparecieron las “tres ministras del pueblo”, signo incuestionable de que el Poder Ejecutivo busca someter absolutamente al Poder Judicial a sus propios intereses y proyectos; “si no estás conmigo, estás contra mí”, si no respaldas mis proyectos, no eres un poder constitucionalmente establecido.

La Constitución es mucho más que la norma jurídica fundamental que ordena a todo nuestro sistema legal, es también, de acuerdo con algunos constitucionalistas como Maurizio Fioravanti y Peter Häberle, el “ordenamiento general de las relaciones sociales y políticas” (Véase, “Constitución. De la Antigüedad a Nuestros Días” de Fioravanti, M. y “El Estado Constitucional” de Häberle, P.). Esta forma de Constitución, que adopta la división y autonomía de cada poder, tiene como propósito institucionalizar la pluralidad social en la diversidad de voces que tienen cabida en el ámbito público.

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Ya lo decían los Papeles Federalistas en su artículo número 78, el Poder Judicial es el más débil de los tres poderes tradicionales, busca la protección de minorías y no obedece al apetito mayoritario. Por esto mismo, deben establecerse garantías constitucionales que aseguren su independencia. Solamente de esta forma es posible un compromiso constitucional con los derechos humanos, la protección a minorías y, así mismo, una sociedad con límites al poder estatal.

Este 5 de febrero quedó claro que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como parte de la continuación del proyecto de la “Cuarta Transformación”, no busca tres poderes autónomos que dialoguen y se limiten entre ellos. Busca más bien un Supremo Poder Ejecutivo, sin obstáculos, al cual los otros dos poderes le rindan una servidumbre leal e incondicional.

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