Extracción de carbón en Coahuila: ‘business as usual’

Tras los múltiples accidentes y las demasiadas víctimas fatales que la extracción del carbón ha provocado en Coahuila cabría esperar que las autoridades relacionadas con la actividad hubieran desarrollado protocolos y/o políticas tendientes a modificar la forma en la cual se desarrolla la industria minera en nuestra entidad.

Lo anterior es tanto más cierto en la medida en la cual desde el año 2018 arribó al Gobierno de la República un equipo que aseguró largamente pertenecer a una “estirpe distinta” de políticos que tenía por objeto adecentar la vida pública del país.

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Lejos de tal posibilidad, por desgracia, las conductas se reproducen y el recambio de grupos gobernantes no parece hacer la menor mella en los usos y costumbres de la actividad minera en donde la realidad indica que, como dicen nuestros socios del norte, todo sigue siendo “business as usual”, es decir, que todo sigue igual que siempre.

Tal realidad se constata con reportes como el que publicamos en esta edición, relativo al hecho de que la conducta de quienes han detentado históricamente el monopolio en el proceso de extracción y comercialización del carbón mineral no se ha modificado en lo más mínimo.

Porque aún cuando el 40 por ciento de los contratos para la adquisición de carbón, otorgados desde 2018 por la Comisión Federal de Electricidad, han ido a parar a manos de empresas “de nueva creación”, o que modificaron su giro para ingresar a este negocio, eso no quiere decir que los “empresarios clásicos” han sido desplazados.

Lo que ocurre más bien, según lo explica la activista Cristina Auerbach, directora de la Organización Familia Pasta de Conchos, es que frente a los “malos antecedentes” de una razón social lo que hacen los socios de estas es crear una nueva para dar la apariencia de que las empresas con mal historial son “castigadas” por el Gobierno.

El problema, desde luego, no es que existan empresarios sin escrúpulos capaces de utilizar todos los subterfugios a su alcance para burlar la ley y mantener sus ganancias personales sin importar que se trate de dinero teñido con la sangre de mineros muertos. El problema es que las instituciones públicas se los permitan.

Porque, como se ha señalado repetidamente, quienes tienen a su cargo la supervisión de la actividad minera cuentan con toda la información -o al menos con todos los elementos para obtenerla- para restringir la actividad de quienes han hecho negocios con el carbón sin importarles que eso implique la perdida de vidas humanas.

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En el marco del 17 aniversario de la tragedia de Pasta de Conchos señalar la realidad que sigue marcando la vida cotidiana de los mineros en la Región Carbonífera de Coahuila es más que una obligación ética: es el recordatorio de que la deuda con los habitantes de dicha Región no solamente está lejos de ser saldada, sino que se ha incrementado.