Fiscalía en movimiento

El expresidente López Obrador propuso una reforma al Poder Judicial para mejorar el sistema de justicia, pero, ¿Fue realmente una decisión correcta? De acuerdo con políticos y personas defensoras de derechos humanos, esto no se logrará sin mejoras integrales a las fiscalías locales y a la Fiscalía General, marcada por la opacidad y falta de resultados tangibles que se han apreciado desde la creación de la y las fiscalías.

Como dicta el refrán popular: “primero es el uno, después todos los demás”; la impunidad que permea en el Estado mexicano en este sentido, ocupa obligatoriamente la necesidad de evaluar y mejorar cómo operan las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República.

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En ese sentido, considero que existen reales deficiencias en cuanto a la reforma al Poder Judicial. Si bien es cierto, es necesario prestar observancia en la efectividad e imparcialidad de juzgadores y magistrados, también es importante atender y corregir las fallas para atender desde la etapa inicial del procedimiento penal, es decir, cuando las fiscalías reciben las denuncias y abren carpetas de investigación.

El Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal 2023, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), da cuenta de la cantidad de casos que las fiscalías acumulan. Sólo en 2022, reportaron en total 2 millones 915 mil 899 averiguaciones previas, investigaciones y carpetas de investigación pendientes de concluir, 1.7 por ciento eran de la FGR y 98.3 por ciento de las fiscalías estatales. Mientras que el número de investigaciones sin concluir reportadas a nivel nacional en 2021 fue de 2 millones 629 mil 790, es decir, aumentaron 10.9 por ciento en un año.

Evidentemente, al formar parte del proceso, las fiscalías son parte del diagnóstico de los problemas que existen en el sistema de justicia. Son constantes los escándalos que han rodeado el nombramiento o ratificación de fiscales que no terminan sus periodos. Los ejemplos más recientes los tenemos en Nuevo León, Ciudad de México y San Luis Potosí.

Sin embargo, existen algunas entidades federativas que predican con el ejemplo en la administración de sus respectivas fiscalías y una prueba de ello es Coahuila de Zaragoza; inclusive hasta en sus ordenamientos legales (como el periodo del fiscal en turno es desigual al de la elección de gobernador).

Desde la llegada del actual fiscal, se han hecho cambios significativos que día con día y poco a poco rinden sus frutos desde la estrecha alianza con el gobierno estatal en el eje de seguridad “Coahuila blindado”, que va concatenado con la procuración de justicia.

Como observador coahuilense puedo resaltar 4 estrategias (sin sonar descriptivo pero un tanto enunciativo, porque seguro estoy, existen más...):

1.- Cercanía con los ciudadanos que refleja confianza en una institución como lo es la Fiscalía.

2.- Reorganización administrativa que le da vigencia y frescura al aparato de procuración de justicia.

3.- Coordinación con todos los órdenes de gobierno porque la eficiencia se mide en la altura para tender puentes de trabajo.

4.- Capacitación y formación constante, que he percibido en los ministerios públicos y demás personal. Esta información cualquier ciudadano la puede constatar en diversos medios informativos.

Lo anterior no es motivo de corona triunfal o de láurea, sino precisamente es factor inequívoco de que las acciones transitan por buen rumbo y que no se observa viso alguno de lo contrario.