Fraude inmobiliario, ¿por qué es un delito ‘en auge’?

En esta edición damos cuenta del auto, dictado ayer por un juez penal de control, mediante el cual se vinculó a proceso a una mujer, de nombre Lizeth, así como un probable cómplice -Ramiro- a quienes se acusa de encabezar una red de estafadores cuyo modus operandi consiste en la apropiación y venta ilegal de inmuebles en la región.

La vinculación a proceso implica, de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, que el Ministerio Público logró acreditar la existencia de vínculos entre la conducta de los imputados y los hechos de los cuales se duelen quienes resultaron afectados.

El caso de Lizeth saltó a la luz pública en marzo pasado, cuando VANGUARDIA publicó una denuncia que a primera vista podría antojarse improbable: aprovechando el confinamiento al que obligó la pandemia, la señalada se apropió de una casa en el fraccionamiento San Alberto -en Saltillo- y ya la había vendido como si fuera suya.

Tras revelarse el caso surgieron más señalamientos y a la fecha se acumulan más de 40 denuncias en su contra en los juzgados penales. Unas 80 familias -entre despojados y víctimas de fraude- se contarían entre sus víctimas. Se antoja uno de esos casos en los cuales una mente maestra logra montar una empresa delictiva a gran escala, a la vista de todo mundo. Una historia digna de una guión cinematográfico.

Sin embargo, al revisar los detalles del caso con un poco de mayor detenimiento resulta obligado notar aspectos que apuntan en otra dirección: es imposible que una empresa delictiva como la señalada pueda llevarse a cabo sin la existencia de una amplia red de cómplices.

En efecto, las operaciones de comprar venta de inmuebles -al menos en teoría- se encuentran “blindadas” contra el fraude debido a los múltiples mecanismos de verificación requeridos para concretarlas. Diversas autoridades intervienen en el proceso y, se supone, entre todas se vigilan para evitar engaños.

Las oficinas municipales y estatales del catastro, el registro público de la propiedad y al menos una notaría pública son los lugares por donde físicamente debe transitar una operación de este tipo. Y para que pase por tales lugares sin que se advierta la irregularidad sólo existe una forma: que en todos y cada uno de ellos exista un cómplice.

No estamos hablando de un hecho menor, sino de una situación de la mayor gravedad que debería implicar una operación conjunta, de diferentes agencias gubernamentales, para evitar que casos como el de Lizeth se multipliquen y erosionen la confianza ciudadana en los procesos de adquisición de inmuebles.

Porque no se trata de un asunto que interesa solamente a quienes han resultado afectados, sino que involucra a toda la sociedad, pues los bienes jurídicos que están siendo afectados con este tipo de casos forman parte del patrimonio colectivo que a todos conviene preservar.

Cabría esperar por ello que la Fiscalía General de Coahuila muestre especial rigor en la investigación del caso, con miras a castigarlo de manera ejemplar.