Gestión de desastres naturales

Los desastres naturales tienen impactos económicos y sociales costosos para la población, particularmente para los sectores de menores ingresos. Dado que los riesgos por la presencia de eventos naturales con potencial destructivo están siempre presentes, los gobiernos deben implementar estrategias de prevención y reacción inmediata, con el fin de reducir el impacto de los daños a la población.

Bajo esta lógica, destaca el impacto de políticas públicas como la prevención, los mecanismos de auxilio y, posteriormente, la función de la fiscalización superior para mejorar la gestión de riesgos. Esta relación se profundiza cuando los gobiernos, de todos los sistemas y niveles, están obligados a ser revisados y a rendir cuentas. Debe considerarse que la ocurrencia de desastres supone un sentido de urgencia en tareas como la atención a la población, recuperación de la infraestructura económica, en las inversiones físicas, en la ayuda a la población para la reconstrucción y, por supuesto, partiendo de mecanismos de reacción inmediata. Los recursos para la inversión social, particularmente en la etapa de reconstrucción, deben contar con el apoyo de inversiones de infraestructura e incluso con un trato preferente de apoyo de la política recaudatoria para los sectores medios de la población.

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Los organismos multilaterales de fiscalización superior han sido torales en el señalamiento de que las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) tienen incidencia directa en la mejora de capacidades para la gestión de desastres. En México, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) lo ha hecho con la creación, en 2019, del Grupo de Trabajo sobre Fiscalización de Desastres Naturales (GTFD) de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS).

Desde ahí, las EFS de Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México −que lo ha encabezado−, Nicaragua, Perú, República Dominicana; el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, Argentina; y los Tribunales de Cuentas de los Estados de Ceará y Tocantins, en Brasil, han sumado esfuerzos para promover la cooperación entre las EFS para el desarrollo de estándares y buenas prácticas en fiscalización en la gestión de desastres.

Las EFS llevan a cabo un papel fundamental en la Gestión Integral del Riesgo de Desastres, al supervisar, auditar y evaluar las políticas públicas orientadas a la prevención, mitigación y respuesta ante las emergencias. Así como vigilar el uso de los recursos, ya que bajo el amparo de la emergencia, en muchos casos han sido parte de actos de corrupción en algunos de los desastres históricos en nuestro país. El Fondo de Desastres Naturales (Fonden) tuvo fallas estructurales, por ejemplo.

Hoy existen renovados bríos e ideas nuevas sobre cómo puede ayudar el trabajo de fiscalización con la posibilidad de mejorar la gestión de desastres. Las EFS, a partir del análisis, demuestran la necesidad de que las organizaciones que participan en dicha gestión tengan claro el valor de su trabajo y la necesidad de contribuir a reducir el impacto de los mismos sobre la población, particularmente en los estados de menores ingresos y donde son más recurrentes los sismos de cualquier tipo. Los estados del sureste son un ejemplo de ello.

En este contexto, la Auditoría Superior de la Federación ha guiado al GTFD, de la OLACEFS, alineando sus actividades a la Meta Estratégica que manifiesta el compromiso de las EFS, de apoyar a sus respectivos gobiernos para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

En suma, las tareas de las EFS –en el contexto de la gestión integral de desastres– están relacionadas con el objetivo de reducir la magnitud del impacto presupuestario y castigar los abusos.

brunodavidpau@yahoo.com.mx