Masacre de Allende: Un año después, continuaron desapariciones de los Garza

“La masacre de Allende” es uno de los episodios trágicos por los que más se conoce a Coahuila cuando se habla del crimen organizado y sus estragos en México.

A 15 años de aquel episodio, todavía existen cabos sin atar y deudas del Estado por saldar, tanto en torno a las víctimas de desaparición, como de aquellas que migraron forzadamente para poner a salvo sus vidas, aun sin saber lo que estaba ocurriendo. Para algunas de ellas, de hecho, “la masacre” comenzó días antes y duró casi dos años más de lo que se ha documentado.

TE PUEDE INTERESAR: Voces de Allende, a 15 años del terror

Mediados de marzo de 2011. Aunque el ambiente en Piedras Negras y otras ciudades de Coahuila ya era oscuro y en el aire se respiraba ocasionalmente la pólvora de las balas de Los Zetas, en Allende la vida transcurría con algo de regularidad fuera del fuego.

El ambiente era tan tranquilo en Allende que algunos de los testimonios de los desplazados dicen que antes de aquel episodio no sabían cómo se escuchaba un disparo. Todo era trabajar, ir a la escuela, pasar a la plaza Ignacio Allende a comprar antojos, regresar a casa, prender el clima y reunirse con la familia.

Mientras que en las investigaciones sobre el caso se dice que “la masacre” dejó 300 desaparecidos del 18 al 20 de marzo (aunque la cifra oficial es de 90), testimonios como el de Silvia Garza Villarreal relatan que, desde días antes, integrantes de Los Zetas habían comenzado a saquear los ranchos de la familia Garza en las proximidades de Allende y Villa Unión, mientras que su padre y su hermano desaparecieron un año y un año y medio después.

El señalamiento que le costó la desaparición de su padre, su hermano y otros 16 familiares, además de la pérdida de todos sus documentos, fotografías, objetos de valor emocional y todo su patrimonio, fue apellidarse Garza y ser prima —aunque no cercana— de José Luis Garza Gaytán, quien se convirtió en testigo protegido en Estados Unidos tras ventilar información operativa de Los Zetas en Coahuila a la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés).

Silvia recuerda que la situación empezó a complicarse el jueves 17 de marzo, cuando se supo que dos de los ranchos de sus familiares estaban siendo saqueados y baleados por hombres armados en los límites de Allende y el poblado de Villa Unión.

No fue hasta el sábado 19 de marzo cuando la situación se acercó a su casa, luego de que miembros de Los Zetas consiguieron, en palabras de los pobladores de Allende, los domicilios de todas las personas que se apellidaban Garza. Empezaron con la casa de su tío Víctor Manuel, a unos cuantos domicilios de la casa de Silvia.

“Las casas eran muy cercanas y eran varias familias conocidas. Las personas que llegaron en las camionetas solo preguntaban ¿quién es Garza? y pues la gente sabía. Decían: ‘el de esta casa y aquella son hermanos’, y pues empezó todo”, dice.

Sin saber un detalle de lo que ocurría en el pueblo y con sus familiares, Silvia se reunió con sus hermanos al día siguiente. Pensaban que al cabo de unos días todo se esclarecería y el municipio volvería a la normalidad.

Sin embargo, al cuarto día del inicio de “la masacre”, Silvia y su hermana se enteraron de que un primo suyo “se había quedado con un dinero” y que, por ende, tal vez había una búsqueda de todos sus familiares, de quienes poco a poco dejaban de saber.

“En un principio pensábamos que era una confusión, que se habían llevado a mis familiares por algo que estaba aún sin entenderse. Después supimos que mi primo José Luis Garza Gaytán, su primo, se había ido como testigo protegido hacia los Estados Unidos. Pensábamos que a las familias que no eran las directas de mi primo José Luis los iban a regresar, porque al final de cuentas no eran los del conflicto con Los Zetas o quienes ‘los habían traicionado’, pero al final de cuentas no fue así”, dice.

“El domingo todavía fuimos a la plaza a comernos una nieve, porque no sabíamos qué estaba realmente pasando. Entendíamos que eso se tenía que esclarecer y que no pensábamos que fuera a escalar. El lunes salimos a Estados Unidos, pensando que en unos días íbamos a volver y que nuestras casas iban a estar ahí. Después supimos que al décimo día de que empezó todo fue cuando entraron a la nuestra. Si nos hubiéramos quedado, nos hubiera pasado lo mismo”, recuerda.

TE PUEDE INTERESAR: Masacre de Allende: la memoria debe preservarse

‘MIS MEMORIAS SE QUEDARON AHÍ’

Al igual que otras mujeres con quienes ha tenido contacto al estar en la misma situación de migración forzada por el episodio de Allende, Silvia salió de su casa con las cosas que lograron tomar con las manos.

“Perdimos todo ahí. El lunes nos vinimos a Estados Unidos, metí ropa, unas cajas de plástico, agarré una fotografía de mi mamá que había restaurado y con eso salí. Si hubiera sabido que no iba a regresar nunca, hubiera tomado mis álbumes familiares. Mis memorias se quedaron ahí”, dice.

“Nosotros salimos de Allende de igual forma, el día que supimos que estaban desapareciendo a varios familiares y amigos de la familia, aunque jamás imaginamos el contexto, hasta que por medios nos enteramos sobre el testigo protegido, pero como no había una relación de convivencia con ese personaje, no sabíamos bien lo que estaba pasando”, agrega el testimonio de una compañera de Silvia que prefiere permanecer en anonimato.

Silvia dice que mientras ellas tenían que esconderse en Estados Unidos para no ponerse en riesgo ni tampoco a las personas que las acogieron, en Allende sus cosas aparecían en oferta en los mercados, extraídas en los saqueos que pasaban frente a los ojos de la autoridad. De hecho, Silvia vivía a una cuadra de la estación de policía municipal; su casa ardió en fuego y lo único que quedaron fueron los libros.

En aquel entonces, Silvia tenía apenas 28 años y resalta que aunque lo material puede parecer no importante, la casa de sus padres que fue derrumbada y saqueada representa toda la memoria y la herencia intangible que le dejaron: los recuerdos, el esfuerzo para salir adelante, la crianza, y eso de alguna forma debe ser reparado.

“Ahí lo dejamos todo, toda mi niñez. Me duele saber que ya no se recuperan los recuerdos con mi mamá, con mi papá, en general mi vida y los momentos felices que pude vivir. Mis padres siempre nos dieron estabilidad y siempre estaré muy agradecida. Conservaba algunas cosas para cuando tuviera hijos, y ya no hay nada”, narra Silvia.

LAS DESAPARICIONES NO CESARON

Pero la situación no paró el 20 de marzo, como se ha dicho en la narrativa del caso, pues el padre y el hermano de Silvia desaparecieron en marzo y en agosto de 2012, tras acercarse a su casa.

Fue luego de que Silvia y su hermana partieron a Estados Unidos tras aquel fin de semana, que su padre, el empresario Sergio Garza Garza, y su hermano, Sergio Garza Villarreal, partieron a Monterrey, pero después de varios meses que consumieron sus recursos, regresaron a una casa que tenían en Piedras Negras.

TE PUEDE INTERESAR: Sin cumplirse reparación del daño por masacre de Allende; víctima espera justicia de EU

Varios meses después de marzo de 2011, el padre de Silvia les informó que se reuniría con un ajustador en Allende para revisar una casa que tenían bajo aseguranza con el interés de cobrarla, y ese fue el último momento en que se supo de él.

“Después de unas horas entendimos que los habían ‘levantado’, como dicen. A mi papá lo desaparecieron con su familia; ya se había vuelto a casar, tenía dos niños. Después supimos que a uno lo dejaron en un orfanato en Piedras Negras y cuatro años después supimos que estaba ahí, y está con su tía”, dice.

“En agosto, mi hermano, quien no estaba bien de salud mental por todos los sucesos, va a la casa donde vivíamos en Allende y estaba gritando y llorando que quería a sus papás, y lo que sabemos hasta hoy es que policías pasaron por él y lo entregaron al crimen. Después supimos de uno de los testimonios de un hombre que lo vio y que sabe que se lo llevaron a ‘cocinar’”, narra Silvia.

Lo ocurrido con su padre y su hermano, quienes se dedicaban a proyectos con clientes como CFE (Comisión Federal de Electricidad) y eran distribuidores de la telefónica Movistar, dice Silvia, se traduce en el valor que tomó para mostrar su cara y exigir la justicia que el Estado les debe.

“También me vi en la obligación de aparecer para honrar la memoria de mi familia, de mi papá y de mi hermano, pero también porque estoy en Estados Unidos, porque si yo estuviera ahí, tal vez no me atrevería tan fácil”, expresa.

“Hoy me doy cuenta que mi carácter es totalmente distinto. Esto te marca totalmente, no puedes ser pleno, porque lo que le pasó a mis familiares fue una muerte atroz y me pongo en sus zapatos y me pongo a pensar el terror que pudo haber sentido mi papá de ver lo que le esperaba y ver a sus chiquitos que tenía ahí. No me puedo imaginar como padre lo que estás sintiendo. Mi papá fue confiando en que él no tenía nada qué ver y aun así se los llevaron, además de lo que sufrió mi hermano. Por eso mismo me atrevo a hablar, porque no se merecía nadie acabar así”, dice.

UNA DEUDA DE 15 AÑOS

En 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 10VG/2018 y, además de la reparación a las víctimas de los delitos que se perpetraron y la urgencia de la búsqueda de personas desaparecidas, se solicitó al gobierno estatal realizar un censo de las personas que se desplazaron forzadamente de Allende a raíz del caso, pero hasta hoy ese es un número desconocido.

Silvia y sus compañeras recuerdan que en 2023 el Gobierno de Coahuila convocó a las víctimas para ofrecer una compensación subsidiaria que hasta el día de hoy no se ha cumplido, mientras que en lo que respecta a la reparación de la Federación, se les ha advertido que solo será la vía jurisdiccional que podría cumplirse.

Ello fue cuestionado por Silvia y sus compañeras también desplazadas, pues consideran que en las autoridades de los diversos niveles se han hecho gastos que no representan soluciones para las crisis que ha atravesado el País, a pesar de que sucesos como Allende ocurrieron por la omisión de autoridades como el gobierno estatal -en ese entonces durante el interinato de Jorge Torres López, en la administración de Humberto Moreira-.

“No hay justicia para el caso, porque aún así con lo mínimo, que es la reparación integral, no lo han querido hacer. Todas las autoridades se voltean a los lados a la hora de pagar y bueno, ahora vemos que fue Estados Unidos finalmente quien hizo justicia en el aspecto penal”, dice Silvia en referencia a la detención y procesos que llevan por el caso dos miembros de Los Zetas frente a la autoridad.

TE PUEDE INTERESAR: Verdad y justicia, necesidades en casos de Pasta de Conchos y Allende

Aunque ha tomado terapias y sesiones para estar mejor, Silvia dice que la autoridad ha sido re victimizante al no responder ni hacerse cargo de los saldos de la tragedia de Allende.

“El mismo gobierno es el que nos sigue atormentando al no darnos una digna reparación integral; no la quiere hacer, no la hace, y nada más buscan la forma para no hacerlo. Ya pudo venir Shakira con todo lo que ella cobra y a nosotros no nos repara. El gobierno tiene toda la información, pero a la hora de traducirse a pesos y centavos es cuando todo se atora”, dice.

“Nuestras personas ya no las vamos a recuperar, pero en lo material, lo que nos puedan pagar que lo paguen, porque nosotros no merecemos nada de lo que pasó, ni nada de lo que perdimos. Yo entiendo que hay situaciones como desastres naturales, pero este es un caso donde el gobierno dejó de actuar y permitió que eso escalara a ese nivel y creo que deben hacerse responsables”, dice.

Silvia hoy tiene 44 años y cuando voltea a México recuerda que tal vez, si nada hubiera pasado, ella viviría en su casa en Allende.

“Estoy feliz en Estados Unidos, hice mi vida, pero es algo que yo tal vez no hubiera buscado, porque amo México y amo mi País, pero era imposible seguir ahí. Pero desde aquí seguiremos buscando la justicia y, si tenemos que llegar hasta instancias internacionales, lo haremos”, dice.