Gobierno y democracia participativa... revocación de mandato
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Como un derecho individual y social la “revocación de mandato” impulsaría a que el poder ejecutivo cumpla aspectos gubernamentales imperativos
Contralorías en los tres niveles de gobierno, auditorías del Poder Legislativo federal y estatales, institutos ciudadanos de transparencia, sistemas anticorrupción, entre otros organismos y dependencias en la estructura legal para evitar la corrupción, pero, sexenio tras sexenio, esta lacra permaneció y continúa; baste decir que los organismos autónomos se integran por ciudadanas y ciudadanos -con jugosos sueldos- que son designados por legisladores en cuotas acoradas por partidos políticos.
Por otra parte, aún que más o menos se da seguimiento a la aplicación de los recursos públicos para evitar su mal uso y desvío, no hay mecanismos administrativos y jurídicos efectivos para verificar que se logren objetivos y metas a través de la aplicación estratégica del presupuesto, para obtener beneficios concretos para la ciudadanía, es decir, que no se contrasta la previa planeación “democrática” con los resultados en los tres niveles de gobierno, mucho menos en los poderes Legislativo y Judicial, ni en las empresas del Estado, tampoco en los señalados organismos ciudadanos.
Precisamente, como un derecho individual y social la “revocación de mandato” impulsaría a que el poder ejecutivo cumpla aspectos gubernamentales imperativos: políticas públicas consensadas en gobernanza; información clara y disponible en todos los ámbitos de gobierno; transparencia en la aplicación del presupuesto y sus resultados efectivos; austeridad republicana para evitar dispendios y despilfarros con el erario público; cercanía del gobernante con los grupos económicos, sociales y culturales; resultados tangibles que favorezcan el bienestar personal, comunitario y social; claridad en un eventual déficit fiscal de los gobiernos y la deuda pública contratada; impacto positivo del gasto público como multiplicador de la economía; agilización de trámites y servicios burocráticos; confianza del empresariado al evitar favoritismo en recursos para proyectos concursables; contribuir a la certidumbre del capital financiero; entre otros.
Con la democracia representativa sólo se delegan las decisiones a los representantes –“votas y te vas”-, por eso la derecha elitista no aprecia la participación social como fortalecimiento de la democracia y argumenta que la revocación es gasto inútil, que se generaría ingobernabilidad con enfrentamientos estériles entre fuerzas políticas, poder económico y medios masivos de comunicación.
Lo que temerosamente pretende la oposición actual es la permanencia sólo de la representatividad deliberativa, para que, en caso de retornar al gobierno federal, las decisiones sólo se tomen en las cúpulas políticas y económicas, sin la amenaza del directo escrutinio ciudadano; en todo caso, su oposición a la revocación de mandato es una postura previsora, porque al realizarse un solo ejercicio de este tipo, se sentaría el precedente -o jurisprudencia- para llevarlo a cabo en el futuro y extenderlo, con sus particularidades, a los gobiernos estatales y hasta municipales.
Por el contrario, la democracia participativa como estrategia impulsaría el desarrollo armónico de la sociedad, porque obligaría a los gobiernos a cumplir sus responsabilidades con los gobernados. Como una práctica de participación democrática para revocar o ratificar a la mitad del mandato, este ejercicio democrático puede impulsar gobiernos eficientes, efectivos y eficaces.
Algunas opiniones indican que sería mejor establecer periodos de gobierno federal de cuatro años con posibilidad de una reelección, como el formato de Estados Unidos, sin embargo, es limitado el tiempo para operar planes, programas y políticas públicas, además la lucha revolucionaria por el sufragio efectivo y la no reelección tiene mucho peso histórico en la tradición política mexicana.
A final de cuentas, es la ciudadanía la que puede constatar los resultados generados por los gobernantes, tanto en la aplicación presupuestal, como en su logros y alcances concretos. ¿Cuántas fechorías y corruptelas se hubieran evitado en México si desde hace muchos años la democracia participativa fuera parte de nuestra cotidianidad política?