Instituciones injustas, productoras de injusticias
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“Teoría de la Justicia” es una obra clásica firmada por John Rawls en 1971. Como el título lo revela, la reflexión versa sobre una de las virtudes morales por excelencia, la justicia (cfr. Aristóteles y Kant). Esta obra abre la puerta, una vez más, a la reflexión sobre la igualdad y la equidad que abordaron una buena cantidad de autores al final del siglo 20 y en los albores del 21.
Robert Nozick (1974), en “Anarquía y Estado”, añadirá a través de una buena crítica la idea de la responsabilidad. Jon Elster (1994) en su libro de “Justicia Local” abandona el aspecto normativo para centrarse en el explicativo y la base de nuestro aporte social lo coloca en la elección racional. Robert Dworkin (2000), en “La Virtud Soberana”, está de acuerdo con Nozick, pero le invita a no olvidar el concepto de igualdad de recursos y el de igualdad de consideración.
Michael Walzer con el texto “Las Esferas de la Justicia” (2001), en una buena crítica a Rawls, afirma que hay bienes que rebasan sus esferas y que por ende invaden otras y dificultan la distribución. Amartya Sen (1999) en “Desarrollo como Libertad” añade para la consecución de la justicia la idea de las capacidades –oportunidades– que son básicas para el desarrollo-justicia de las personas. En 2009 saca a la luz “La Idea de la Justicia”, donde arremete contra Rawls, particularmente por la tradición liberal de la que procede y donde no mide la amplitud de libertades de las que gozan los individuos.
Durante este tiempo hay muchos autores que visibilizan el tema, por supuesto, teniendo como base “Una Teoría de la Justicia”. En todas estas reflexiones hay un punto neurálgico: las instituciones. Si en la reflexión platónica se afirma la existencia de los hombres justos que hacen posible la justicia, en la idea rawlsiana se requieren de instituciones justas, igual, para posibilitarla.
Por supuesto, todas estas reflexiones nos han puesto en la dinámica de lo que hoy son los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que en el número 16 tiene como intención “promover sociedades pacíficas e inclusivas y proveer acceso a la justicia para todos construyendo instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles”, pero que en México y en buena parte del mundo no sólo son un ausente, sino que han impulsado una desigualdad mayúscula que hoy nos cobra factura por todas las dimensiones de la vida humana.
Independientemente de los colores partidistas, México es un país de instituciones, dice la jerga del discurso oficial, pero estas instituciones, con la complicidad de quienes las lideran, por los altos niveles de corrupción, de congruencia y de injusticia que
producen, requieren de una refundación. No es un tema que tenga que ver con el INE y otras instituciones; los 55.7 millones de pobres que reporta el Coneval en febrero de 2022 no mienten.
A un año de distancia, en 2020, en cuestiones de confianza institucional, según la Estrategia Nacional de Cultura Cívica (ENCUCI, 2021) andábamos así: el 63.8 por ciento tiene confianza en las Fuerzas Armadas, seguidos de la Guardia Nacional con 60.5 por ciento y el Instituto Nacional Electoral (INE) con un 59.6 por ciento. En relación al Gobierno, el 52.7 por ciento de la población se siente satisfecho con él, mientras que 46.8 por ciento se mostró poco satisfecho.
En el plano de la confianza interpersonal, el 62.1 por ciento de la población considera que se puede confiar en las personas. El 25.9 por ciento tiene confianza en las universidades, el 16 por ciento en los sacerdotes, el 13.8 por ciento en los servidores públicos, el 11.2 por ciento en los medios de comunicación, el 10.3 por ciento en sus vecinos, el 8.8 por ciento en las organizaciones sociales, el 7.7 por ciento en los empresarios, el 3.5 por ciento en los sindicatos y, como siempre desde hace tiempo, en quien menos se confía es en los partidos políticos con un 2.5 por ciento. Eso fue hace dos años, ¿cómo andaremos ahora?
¿Por qué la insistencia de la ONU en los ODS sobre el tema de la paz y la justicia e instituciones sólidas? Porque las hambrunas, las guerras, la pobreza, las migraciones, los problemas de salud, la igualdad de género, la disponibilidad de agua, la necesidad de energías limpias, el crecimiento económico, el empleo, las desigualdades, las modalidades de consumo, las medidas para combatir el cambio climático, la conservación de océanos y ecosistemas terrestres, la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas, el acceso a la justicia, tienen como base y soporte a las instituciones. Con Rawls afirmamos que si no hay instituciones justas veremos por todos lados injusticia.
Se suponía que en la medida en que el tiempo avanzara, el ser humano y las sociedades evolucionarían, pero no ha sido así. Garantizar instituciones justas, pacíficas, solidarias e incluyentes es por estos días una urgencia. La necesidad de generar sinergia entre las organizaciones, universidades, gobierno y sociedad en México y en el mundo, no puede esperar más.
Si en los países con más alto índice de Producto Interno Bruto (PIB) las instituciones, en materia económica, son la base de la bonanza de un pueblo; en el caso de los países con menor índice de PIB pasará lo contrario: se determinará el fracaso de sus políticas económicas que redundarán en la falta de realización de las mayorías. Sin embargo, cuando tales instituciones y quienes las dirigen no tienen en claro el concepto de justicia en la interrelación cotidiana, el impacto de la injusticia crece.
Al respecto, John Rawls (1971), dirá que el objeto fundamental de la justicia es la estructura básica de la sociedad y hace responsable a las grandes instituciones de las ventajas o desventajas provenientes de la cooperación social. ¿En qué institución mexicana podría pensar en este momento? ¿Se requiere de una refundación de las instituciones o vamos bien? Así las cosas.
fjesusb@tec.mx