Activista cultural de Coahuila critica falta de respeto a las resoluciones del Consejo en gobiernos anteriores

Persiste en la comunidad artística y cultural la incertidumbre en torno a la pretendida “ciudadanización” de la cultura en Coahuila por parte del Gobierno del Estado.

A este respecto, Gustavo García Torres, uno de sus principales expositores y activistas, escribe sobre la necesidad de saber si la administración de Manolo Jiménez “tomará en serio” al Consejo Ciudadano de Cultura.

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Según asienta en un extenso artículo, en sexenios anteriores se sufrió “la determinación de no reconocer los acuerdos” de dicho Consejo en cuanto a regir la política pública en la materia.

De ahí que el gremio se reserve el derecho de conceder el beneficio de la duda a la administración pública estatal. “Más bien, habrá que estar a la expectativa”, dijo, a pregunta expresa de VANGUARDIA.

“En años anteriores”, se vivió “la persistencia en desconocer sus resoluciones (del Consejo) para establecer bases y criterios que dieran sustento a la elaboración de planes y programas de la Secretaría de Cultura”, criticó.

El actor y productor consideró que se trató de “una decisión unilateral y arbitraria de los dos gobiernos anteriores, basada en una sesgada interpretación de la Ley para minimizar, desconocer, ignorar y menospreciar la participación ciudadana”.

Todo esto fue contrario “a la supuesta disposición y apertura de la autoridad para tomar en cuenta a la ciudadanía”, apuntó el también docente.

En definitiva, todo se redujo a “un discurso que en los gobiernos de Rubén Moreira y Miguel Riquelme resultó demagogia pura y cínica”, fustigó.

Hizo hincapié en que la Ley de Desarrollo Cultural del Estado de Coahuila, de la que citó parte de su articulado, no niega expresamente al Consejo Ciudadano de Cultura facultades para incidir en la conformación de la política cultural y en la elaboración de planes y programas.

“En cambio, abundan las expresiones y apartados en los que se establece que el Consejo, ‘con voz y voto, coadyuvará con el Ejecutivo del Estado, en la rectoría de la política pública en materia cultural...’” (Artículos 135 de la referida Ley, y 48 del Reglamento respectivo).

“En 2012, cuando se redactó la Ley, quienes participamos en esa tarea insistimos precisamente en ese aspecto”, rememoró García Torres.

“El Consejo no solo debería tener voz como entidad consultiva, sino que, para ser un verdadero rector de la política cultural del estado, debía deliberar, discutir y llegar a acuerdos mediante su voto”.

“Si bien la figura de un consejo consultivo ya existía en la Ley, sus integrantes eran designados a discreción por la autoridad, y estaba claro que su función era solo la de opinar, sugerir, recomendar”.

El activista se refirió a la reforma que registró la referida Ley el 20 de noviembre de 2012, misma que fue redactada por tres representantes de la comunidad cultural, por Luis Efrén Ríos Vega, designado por el gobernador Rubén Moreira, y José Luis Rodríguez Sena, en representación de la Secretaría de Cultura.

En dicha modificación “hicimos énfasis en facultar al Consejo para regir la política pública en materia de cultura”, enfatizó.

Incluso, el propio Reglamento del Consejo, particularmente en su artículo 49, fracción I, describe reiteradamente sus facultades para la conformación del Plan Estatal de Cultura, plan anual, programas, acciones y labor promocional, detalló.

La fracción II también es precisa al prever el establecimiento, por parte de dicho Consejo, de “las directrices o pautas generales para el desarrollo de la política cultural”, incluso para orientar los mecanismos financieros y fondos económicos de apoyo a las iniciativas de los creadores, artistas, intelectuales y promotores...”

Más todavía, el artículo 55 del Reglamento mandata que el secretario técnico del Consejo (función que por Ley debe asumir la hoy titular de la Secretaría de Cultura) debe “cumplir con los principios y misión del Consejo”.

Esto último, “con las normas contenidas en la Ley de Desarrollo Cultural para el Estado de Coahuila de Zaragoza...”

Tras señalar otros aspectos de dicho ordenamiento legal, Gustavo García coligió que el Consejo “es un órgano de deliberación y corresponsabilidad entre ciudadanos y autoridades para regir la política cultural”.

“Por lo tanto, es obvio que en sus sesiones se discutirán ideas, propuestas y criterios que se plasmarán en acuerdos que serán base y fundamento para la rectoría de la política cultural y los planes que lleve a cabo la Secretaría de Cultura”.

Y, a diferencia de lo que se pudiera pensar, “el Consejo no es una entidad contraria a la autoridad, ni es un enemigo o adversario político del Gobierno del Estado”, atajó.

En vista de todo lo anterior, “¿no resultaría incongruente que las autoridades se negaran a acatar disposiciones de un órgano del que forman parte y cuyos acuerdos, en no pocos casos, podrían ser resoluciones sobre sus propias propuestas?”.

Los exgobernadores Rubén Moreira y Miguel Riquelme, “más que tomar verdaderamente en cuenta la participación ciudadana, les importaba simular”, al igual que como lo hicieron, por ejemplo, con el Sistema Anticorrupción.

Prevalece una pregunta: “¿Tomará en serio el gobierno de Manolo Jiménez al Consejo Ciudadano de Cultura? ¿Respetará sus decisiones? ¿O hará lo que sus antecesores: ignorarlas?”, planteó finalmente García Torres.