IP: ¿obligada a corregir las fallas del sector educativo?

Las políticas de desarrollo de cualquier país que aspire a crecer y ofrecerle mejores condiciones de vida a sus habitantes pasan necesariamente por leer de forma adecuada la realidad, detectar necesidades y, a partir de ellas, desplegar acciones que corrijan lo que no funciona de forma adecuada.

El señalamiento anterior aplica, entre otros rubros, al de la política de desarrollo económico y eso debe traducirse en la intervención del Estado para garantizar que las necesidades del aparato productivo empaten con la oferta de mano de obra que se encuentra en el mercado.

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En otras palabras, de lo que se trata es de formar capital humano en línea con los perfiles demandados por las empresas creando así un círculo virtuoso que de como resultado no solamente que cualquier persona pueda emplearse, sino que lo haga en condiciones dignas y con perspectivas de crecimiento.

Eso, sin embargo, no es lo que está ocurriendo en nuestra Región donde las empresas emplean a personas analfabetas, o con muy poca instrucción formal, porque esas son las que se encuentran disponibles para trabajar. La situación es, a todas luces, indeseable.

Xavier Galindo, presidente de la Asociación de Recursos Humanos Coahuila Sureste (Arhcos) ha dicho al respecto que la contratación de personas en esta situación es algo que ocurre, obligados por las circunstancias:

“...depende mucho del nivel de cada una de las plantas; cada planta es diferente: hay algunas que a lo mejor no necesitan tanta gente y no se ven obligados a esto, pero otras plantas (los) reciben... los contratan y después los desarrollan.

“Lo que hacen la mayoría de las plantas es que después de un tiempo de haber estado contratados, les proporcionan o les dan cursos y clases para que puedan cubrir su primaria o su secundaria”, dijo el ejecutivo.

Está muy bien, desde luego, que las empresas privadas no se desentiendan de la realidad y destinen recursos a mejorar el nivel educativo de quienes laboran para ellas. Pero el punto es que no debería llegar nadie a una empresa, a solicitar empleo, sin saber leer y escribir o sin un nivel mínimo de instrucción.

La pregunta salta sola: ¿a qué tipo de empleo puede aspirar una persona que no tiene la instrucción mínima? Pero aún: ¿en qué grado de indefensión laboral se encuentra alguien que no puede entender las cláusulas de un contrato que se le de a firmar?

La existencia de este tipo de casos debería convertirse en una luz de alerta para las autoridades educativas y laborales, quienes están obligadas a acudir de inmediato en apoyo de los trabajadores -y de las empresas- para sumar esfuerzos y corregir en el plazo más breve posible la situación.

Porque en el fondo, esta realidad lo que refleja es la ineficacia del Estado en el cumplimiento de su obligación de garantizar educación a todas las personas y el costo de la incompetencia gubernamental no debe trasladársele, al menos no por completo, a la iniciativa privada.