Justicia, política y corrupción

“En México, la corrupción es el sistema”, dice Gabriel Zaid. No lo son el PRI, el PAN ni Morena, el sindicato tal o la empresa cual. Esos son meros instrumentos. Quien manda, quien realmente ha mandado siempre, es la corrupción: la del sector público, la del privado en relación con el público y la del propio sector privado, que también existe y es vasta.

La corrupción atraviesa partidos políticos, empresas, familias e instituciones. Algunos, como Enrique Peña Nieto, han dicho que es cultural y que forma parte del ser mexicano.

Hay múltiples formas de definir la corrupción, pero todas incluyen el abuso del poder desde una función específica para obtener un beneficio privado, indebido y, por tanto, ilegal. Hay múltiples formas de ejercerla, de corromper o dejarse corromper: el soborno, el peculado, el tráfico de influencias y el lavado de dinero, entre otros. Por lo general, se materializa mediante dinero, bienes, regalos, favores, privilegios, beneficios o ajustes de cuentas.

La corrupción existe en todo el mundo; la diferencia radica en cómo se atiende, ya sea que se promueva o se combata. Por regla general, la gran mayoría dirá que está en contra de ella. Sólo los más cínicos la aceptan como una realidad con la que hay que convivir e incluso aprovechar. Ahí sí la cultura tiene mucho que ver. Las sociedades se organizan con base en reglas que producen orden y generan derechos y obligaciones para sus habitantes. La corrupción es aprovechada por quienes buscan salirse de esas reglas y obtener beneficios a costa de los que sí cumplen con las reglas del juego.

En todo el mundo, la corrupción es un delito. Unos la persiguen y la tratan como tal; otros se hacen de la vista gorda. En México, el 98 por ciento de todos los delitos quedan en la impunidad. Deténgase tantito a entender esa cifra: el 98 por ciento de los delitos no recibe un castigo. Esto quiere decir que nuestro sistema de justicia penal no sirve para nada y, en ello, no hay partido político que salga bien librado. Nadie lo ha podido revertir.

Por eso, cuando un gobierno, de cualquier nivel, municipal, estatal o federal, nos viene con la cantaleta de que detuvo a un político por corrupto, hay que tomarlo con cautela. Es muy sencillo: si la regla es la corrupción, ¿por qué se genera la excepción de castigar a uno en particular? ¿Acaso es una lucha genuina contra un tranza despistado que no tiene forma de corromper a su verdugo? ¿Se trata de venganza política o personal, o simplemente se busca dar un mensaje de poder desde el poder en contra de los opositores al régimen?

De ahí la importancia de la presunción de inocencia, que establece que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Así se evita la fabricación de culpables desde el poder público. Mientras la persona no represente un riesgo para la sociedad, puede llevar su juicio en libertad, en un proceso público y transparente. Lo que se hace en la oscuridad y detrás de toneladas de papel, aceita la corrupción y el abuso del poder. A todos nos debe preocupar porque mañana nosotros podemos ser las víctimas de la corrupción o del abuso del poder público.

La justicia y su procuración deben ser autónomas del poder político. Porque, si la justicia depende del poder político, los criterios de sanción serán políticos, en beneficio de los cercanos al poder y en perjuicio de los alejados del mismo. El PRI en Coahuila lleva 97 años en el poder y no sabemos de un sólo funcionario público emanado del PRI que haya sido procesado y sancionado por corrupción en esos 97 años. Vaya récord de pulcritud, no visto en ninguna parte del mundo ni en la historia de la humanidad. A lo más, se llegó a remover a tres alcaldes y a un gobernador que se pelearon con su jefe político en turno. Criterio político: solución política; pero de justicia, entendida como “dar a cada uno lo que le corresponde”, nada en absoluto.

Por ejemplo, si un gobernador instruye detener a un exalcalde porque políticamente lo puede hacer, y ese exalcalde tiene relación con el poder federal, ese proceso penal será todo menos legal: será político. Al ser político, la verdad es lo de menos y nuestros impuestos estarán mal gastados, tirados al basurero de la corrupción y la componenda.

El exalcalde con relaciones federales pedirá auxilio a los suyos; los suyos, desde México, harán reclamos al gobernador y este dirá que no puede hacer nada, que “está fuera de sus manos” y que “a los jueces los eligió el pueblo”. Con el tiempo recibirá una llamada más firme o de un nivel superior, de Bucareli o de Palacio Nacional. Lo invitarán a platicar y, para entonces, el mandatario tendrá una amplia lista de asuntos por pedir, por lo general presupuestales. Claro, serán gestiones paralelas, no piense usted mal; no serán a cambio de la liberación, porque el gobernador “no puede controlar la justicia”. Al poco tiempo, el exalcalde dejará la prisión; le dirán: “Usted disculpe”, en el mejor de los casos. En el peor, lo dejarán ir, pero mantendrán su expediente abierto para cuando se ofrezca. En tanto, el Estado recibirá un excedente presupuestal para obras que habrán de ejecutar los amigos del poder político en turno.

Facebook: Chuy Ramírez