La censura del INE a Lilly Téllez

La exclusión de Lilly Téllez del programa radiofónico de Ciro Gómez Leyva ordenada por el INE constituye un acto de censura difícil de aceptar más allá de afinidades o simpatías políticas. Los consejeros parten de una cuestionable interpretación de la ley y de la convicción de que ellos no son responsables sino la norma.

La búsqueda irreflexiva y lineal de la equidad suele tener efectos contrarios a la pretensión. Es inaudito que se silencie la voz de una candidata, al tiempo que se deja al Presidente realizar todos los días abierto proselitismo cuando la ley prohíbe a él y a todos los funcionarios interferir en el proceso electoral. Además, existe una diferencia sustantiva entre la senadora y el mandatario, quien está obligado por la Constitución a un código de imparcialidad; absurdo que una candidata no pueda participar en un espacio de opinión. ¿Por qué no se utiliza con la senadora el mismo recurso empleado con el Presidente? En lugar de recurrir a la censura previa, ¿por qué no borrar del archivo digital todas las expresiones que se piensa riñen con la ley? O todavía mejor, por qué no hacer con el Presidente lo que sí están haciendo con una candidata: ordenar silenciar la mañanera.

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La sanción a la senadora afecta sus derechos políticos y civiles, pero también al medio de comunicación, a su conductor y al público que regularmente atiende a Por la Mañana de Radio Fórmula. Ciro Gómez Leyva ha puesto en práctica un interesante e inédito ejercicio de debate público invitando a personalidades representativas de las principales fuerzas políticas en competencia. Ciro modera, y sin confrontar al invitado, trata por igual a unos y a otros. Para aquellos afines al oficialismo no debe ser agradable escuchar a la senadora Téllez o al diputado Germán Martínez, como para quienes están en la oposición, atender las palabras de Epigmenio Ibarra o de Arturo Zaldívar. La pedagogía de la democracia transita por la tolerancia, el respeto y la capacidad para escuchar al otro.

La equidad es una aspiración y hay términos razonables para acreditarla. No hace sentido privar a un candidato de sus derechos, si la cuestión es un supuesto impacto desigual en la elección de senador en Sonora, se le pudo haber reconvenido para abstenerse de realizar expresiones para esa contienda. El debate público es condición esencial del derecho a votar. Es un ejercicio encomiable que los medios de comunicación abran sus espacios para que observadores, comentaristas, candidatos o interesados expresen con libertad sus posturas, filias y fobias. Silenciar candidatos es un sinsentido, más cuando se permite a funcionarios interferir abusivamente en la elección a través de espacios institucionales y con recursos públicos, como regularmente hace el presidente López Obrador.

El INE ha resuelto sancionar a la candidata Xóchitl Gálvez al excluir del segundo debate las expresiones de narcocandidata que colgó a Claudia Sheinbaum quien, a su vez, en ese mismo encuentro calificó de corrupta a la senadora Gálvez. Para los consejeros sí se puede imputar sin sentencia a una persona como corrupta, práctica generalizada en las intervenciones del Presidente, pero no narcocandidata. En todo caso cualquier forma de calumnia, injuria o imputación que implique denuesto debería ser sancionada, pero el abuso del poder ha llevado a normalizar la agresión y López Obrador no sólo califica e imputa, sino que la misma FGR actúa, caso de la activista y presidenta de la asociación más relevante en la lucha contra la corrupción, María Amparo Casar.

En estas elecciones no existen condiciones de igualdad o de equidad. Hay un significativo retroceso a partir de la interferencia del Presidente, además de la presencia del crimen organizado y la connivencia de autoridades con grupos criminales, asunto que la senadora Téllez ha puesto en el centro de la atención pública y se confirma con la política de abrazos, no balazos.

Nada bueno puede esperarse cuando las autoridades electorales por confusión o incompetencia abonan a las condiciones de una elección irregular y que inhibe el derecho de los competidores, especialmente a los opositores, del ejercicio pleno de sus derechos. No se puede anticipar, pero sería deseable que el Tribunal Electoral ponga orden y revierta la sanción de censura del INE a la senadora Téllez y a Por la Mañana de Radio Fórmula. Por mucho, mejor el ruido de los candidatos en el debate público, que su silencio.