La inmoralidad en el servicio público

Los dichos en México son atribuidos a la sabiduría popular, cualquier cosa que eso signifique, para todo tenemos una aplicación. Ayer (26 de enero 2024), en una nota informativa de Armando Ríos en el periódico VANGUARDIA con título Coahuila: rompen récord denuncias por delitos federales cometidos por funcionarios 2023, involuntariamente – en el marco de los dichos – recordé algunos de ellos, por ejemplo: “no le pido a Dios que me dé, sino que me ponga donde hay” o “el que agandalla no batalla” o “matanga dijo la changa”; no cito, porque pertenecen a la llamada “sabiduría popular”.

El 24 de marzo de 2023, el mismo autor, había publicado otra nota informativa con un título similar: En Coahuila, al menos un funcionario público es denunciado penalmente al día (https://vanguardia.com.mx/coahuila/en-coahuila-al-menos-un-funcionario-publico-es-denunciado-penalmente-al-dia-BG6923267). En tiempo de elecciones es importante saber el estado que guarda la transparencia y la impunidad en un país que “como en la casa del jabonero el que no cae, resbala”.

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Gracias a Armando por recordarnos que la impunidad, el peculado, el enriquecimiento ilícito y el cohecho, operado por servidores públicos, sigue siendo algo tan ordinario que no da nota, que es parte de la costumbre y que a los institutos en turno, fiscalías y otras instancias de procuración de justicia no les interesa como a ti, meterles mano.

Pues cómo, si hasta en el Acuerdo Político Electoral Coahuila 2023-2024, firmado por los presidentes de partido del ahora llamado “Fuerza y Corazón por México –coalición PRI-PAN-PRD– y en ese momento el candidato a la gubernatura, ahora gobernador del estado firmaron-repartieron dependencias, incluyendo el “autónomo” Instituto de Transparencia. Finalmente, cuidarse la espalda es parte de otro acuerdo.

Le recuerdo. Se dijo, se criticó y se satanizó a Marko Cortés, el presidente del PAN, pero nunca se cuestionó a la contraparte, es decir, al ahora gobernador de Coahuila con quien hizo los acuerdos, siguiendo en la ruta de los dichos “tan malo el pinto como el colorado”, ¿no cree? Probablemente ese sea el trasfondo de aquello que recientemente dijo el presidente del partido del PRI: “No somos perfectos, pero sabemos gobernar”. O quizá en el marco moral normativo en el que ellos se mueven, estén en lo correcto.

Lo cierto es que en la lógica del deber ser de toda persona que aspire o que tenga como oficio el servicio público debiera de saber –porque pareciera que lo ignoran– que existe una advertencia legal para ellos, estipulada en el artículo 223 del Código Penal federal que afirma que comete delito de peculado “todo servidor público que para usos propios o ajenos distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, al organismo descentralizado o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito o por otra causa”. No solo por lo tanto estamos en terrenos de lo ilegal, sino también de lo inmoral.

En algún tiempo, antes de que los empresarios o los hijos de familias prominentes llegaran al gobierno, se pensaba que ellos no tomarían nada del erario y miré, quizás algunos no lo hicieron –otros tantos sí–, pero aprovecharon la información reservada para realizar negocios, hacer alianzas, acuerdos, ganar licitaciones y aprovecharse de terrenos en litigio para hacer grandes avenidas o negocios que al tiempo les traerían jugosos dividendos.

Inmoralidad al fin y al cabo ¿no lo cree así? O de plano ya también lo considera parte de la costumbre. Volvemos a lo mismo, lo malo –o inconveniente– siempre será malo, aunque todos lo practiquen. Y en el caso de estas acciones, no solo son inmorales, sino que también incurren en el área de lo legal y atentan, como ya lo dijimos, contra las normas establecidas. En eso consiste la inmoralidad justamente, en que las personas y en este caso los servidores públicos conociendo las normas o las reglas del juego acaban haciendo lo contrario.

O son ingenuos y no han entendido que –en lo político– les ha costado credibilidad que se ha manifestado, por ejemplo, por el año 2000, en el triunfo de Vicente Fox y por el 2018 en la elección ganada por Andrés Manuel López Obrador. La corrupción y la impunidad, no solo ha traído grandes costos políticos a los partidos, que no acaban de aprender la elección, sino al país con las decisiones y políticas implementadas o no por quienes nos han gobernado. ¿En este momento 22 estados y la presidencia de la República gobernados por Morena no le dirán nada a la dichosa coalición Fuerza y Corazón por México? Por cierto ¿ya vio las listas de asignaciones de la coalición al Congreso y al Senado?

El peculado en sus múltiples formas y variables es la razón. ¿Quién quiere votar por inmorales y corruptos es la cuestión? Esos son los costos de los que los miembros de los partidos y quienes los representan no han internalizado. Sería bueno que se dieran una vuelta por las encuestas sobre las instituciones más desprestigiadas y menos confiables en el país e hicieran algo por redimirse, por que en quien menos se confía en este país es en los partidos políticos.

La necesidad de una ciudadanía activa, que racionalice y que reflexione el pasado y el presente de los servidores públicos de forma acuciosa, puede ser la llave que nos permita dejar atrás las constantes noticias en los medios de servidores públicos que, al amparo de la impunidad, del cobro de favores o de complicidades mutuas se sigan saliendo con la suya sin que haya consecuencias. Lo cierto es que, ante esta realidad, se sigue comprometiendo la procuración de la justicia, el desarrollo del país, la transparencia de la que tanto hablan y por supuesto, la democracia. Así las cosas.