La riqueza de Cuatro Ciénegas no debería estar en litigio

Anadie sorprende conocer historias relativas a disputas judiciales, protagonizadas incluso por integrantes de una misma familia, por la posesión de algún bien, sobre todo si se trata de bienes con alto valor monetario.

Pero resulta desagradable –y preocupante a la vez– enterarse de historias como la que reportamos hoy, relativa al litigio en el que se ha visto involucrado el Museo del Desierto a partir de la demanda interpuesta en su contra por quienes reclaman tener la legítima propiedad de la Poza de la Becerra, en el municipio de Cuatro Ciénegas.

De acuerdo con la información conocida, el MUDE ha sido condenado ya, por una jueza civil, a devolver la referida propiedad porque se habría demostrado en juicio que quien le vendió al Museo utilizó mecanismos fraudulentos para hacerse del predio en donde se localiza la poza.

La sentencia no solamente obligaría al Museo del Desierto a devolver la propiedad, sino que le condena a cubrir 1.2 millones de pesos anuales, por concepto de renta, por el tiempo que ha estado en posesión del predio.

De acuerdo con el director de la institución, Arturo González González, quien representó al MUDE en el proceso de adquisición –realizado en 2012–, éste habría adquirido de buena fe el predio y la operación en realidad fue realizada por el Gobierno de Coahuila.

González también adelantó que apelarán la sentencia y ha dicho que la asociación que dirige no ha lucrado con el predio. “Creo que esto va a ser un tema que se va a estar peleando en mesas a través de abogados, lo que quiero que quede claro es que nosotros no compramos este lugar para lucrar con él, tan es así que desde hace más de 10 años está dedicado a la conservación y al cuidado”, señaló.

Con independencia del destino final que tenga este litigio, resulta inconveniente que una institución como el Museo del Desierto se vea involucrada en una controversia que implicaría la comisión de actos ilícitos. Más aún cuando la transacción habría sido conducida por funcionarios gubernamentales.

Si, como se afirma hoy, fueron representantes del Gobierno del Estado los que se encargaron de conducir la operación de compra-venta, estos tendrían que haberse asegurado de que la documentación con la cual se acreditaba la propiedad fuera, en efecto, legítima. Si no lo hicieron, o fueron negligentes en el cumplimiento de su tarea o participaron de un acto ilícito.

Cabría esperar que ante los hechos se ordene una investigación y con el resultado de esta se finquen las responsabilidades administrativas y/o penales a que haya lugar, pues resultaría inadmisible que los hechos denunciados terminen simplemente como parte del anecdotario.

Por lo demás, habría que diseñar e implementar una solución de fondo que impida, en aras del interés público, que la riqueza natural de Cuatro Ciénegas siga siendo objeto de disputas en los juzgados.