La transición energética tiene su propio estrecho de Ormuz

Por Dianne Araral y Eduardo Araral, Project Syndicate.

SINGAPUR- Las recientes crisis energéticas, en particular la guerra de Irán, han puesto de manifiesto lo vulnerables que son muchos países ante los conflictos, las interrupciones y la coacción. No es de extrañar que los gobiernos de todo el mundo se estén apresurando a reevaluar sus estrategias de diversificación energética y de transición.

La lógica estratégica es sencilla. Cuanto menos dependa un país del petróleo y el gas importados que transitan por puntos de estrangulamiento como el estrecho de Ormuz, más seguro será. En 2025, casi el 34 % del comercio mundial de crudo pasó por el estrecho (siendo que solo China e India representaron el 44 % de ese flujo), junto con aproximadamente una quinta parte de las exportaciones mundiales de gas natural licuado.

Pero, contrariamente a la creencia popular, la transición hacia las energías limpias no eliminará el riesgo geopolítico, sino que lo redistribuirá. Si bien un mundo impulsado por energías renovables, baterías y electricidad limpia dependería menos de las rutas de los petroleros y de los exportadores de combustibles fósiles, dependería de minerales críticos, cadenas de procesamiento, normas técnicas, equipos de red y redes de transmisión. Esto plantea sus propias vulnerabilidades.

Destacan tres: la concentración de la refinería y el procesamiento de minerales críticos, la creciente fragmentación del comercio y las normas, y la fragilidad de las redes eléctricas existentes. En conjunto, estas vulnerabilidades dejan claro que la transición energética no es solo un proyecto climático o industrial. Por encima de todo, es un reto de coordinación, y las rivalidades entre las grandes potencias están dificultando su consecución.

PUNTOS DE ESTRANGULAMIENTO ESTRUCTURALES

Las materias primas son un buen ejemplo de ello. Aunque gran parte del debate público se centra en el control de las reservas minerales, el verdadero cuello de botella se encuentra más abajo en la cadena. La cuota de mercado media de los tres principales países refinadores de minerales aumentó de aproximadamente el 82 % en 2020 al 86 % en 2024, y el crecimiento de la oferta se concentró en un puñado de proveedores dominantes: Indonesia para el níquel, y China para el cobalto, el grafito y las tierras raras.

Esto es el equivalente en energía limpia al estrecho de Ormuz. El cuello de botella estratégico no está en la minería en sí, sino en las etapas posteriores de la producción: centros de refino, plantas químicas, instalaciones de separación de tierras raras y regímenes de control de exportaciones. Cuando aumentan las tensiones en los países proveedores de litio, cobalto, níquel, grafito o tierras raras, o cuando las grandes potencias restringen determinadas exportaciones, los efectos se propagan por una amplia gama de sectores, entre ellos el de las baterías, los vehículos eléctricos (VE), las turbinas eólicas y la infraestructura de la red eléctrica.

El desequilibrio es estructural, no cíclico, ya que se prevé que la refinería siga estando muy concentrada hasta bien entrada la próxima década. Se prevé que, para 2035, China suministre más del 60 % del litio y el cobalto refinados, y alrededor del 80 % del grafito apto para baterías y de los elementos de tierras raras. El rápido crecimiento de la demanda intensifica el riesgo: la demanda de litio aumentó casi un 30 % en 2024, mientras que la de níquel, cobalto, grafito y tierras raras creció aproximadamente entre un 6 % y un 8 %.

Estados Unidos ha respondido con una estrategia en múltiples frentes que incluye la puesta en marcha del Foro sobre Compromiso Geoestratégico en materia de Recursos, una iniciativa internacional para garantizar un suministro fiable de minerales críticos para EE. UU. y sus aliados; la elaboración de un plan de acción conjunto sobre minerales con Japón; y el impulso de un nuevo bloque comercial en el que participen docenas de países para contrarrestar el dominio minero de China (entre otras medidas).

Pero las restricciones sobre los equipos de procesamiento, los conocimientos técnicos y los productos intermedios siguen obstaculizando el progreso. Estas limitaciones son en gran medida geopolíticas: China ha impuesto controles a la exportación de materiales de tierras raras, tecnologías de procesamiento y conocimientos técnicos, mientras que Estados Unidos y sus aliados han restringido el acceso a equipos de fabricación avanzados y tecnologías relacionadas. En conjunto, estos controles recíprocos han fragmentado las cadenas de suministro y ralentizado la diversificación.

Esto ayuda a explicar por qué la diversificación sigue siendo costosa y políticamente delicada. Para reducir la dependencia de las importaciones chinas, EE. UU. y sus aliados han recurrido a la política industrial, a acuerdos de compra a largo plazo, a la financiación respaldada por el gobierno y a una coordinación más estrecha. Pero construir una cadena de suministro que no dependa de China requiere una amplia gama de capacidades de procesamiento, junto con un apoyo sostenido a los precios hasta que se alcance la viabilidad comercial.

En esencia, se trata de un problema de capacidad industrial. La abundancia de recursos por sí sola no basta. Lo que importa es el tiempo, el capital y la coordinación necesarios para construir un sistema integrado en torno a ellos, especialmente frente a un actor dominante con profundas redes industriales y un formidable poder de fijación de precios.

INTEROPERABILIDAD FRENTE A INCERTIDUMBRE GEOPILÍTOCA

La ausencia de normas comunes es otra fuente de vulnerabilidad. Las tecnologías de energía limpia no se extienden a nivel mundial simplemente porque existen o porque se abaratan. Solo se expanden cuando los mercados pueden reconocerlas, certificarlas, financiarlas, asegurarlas y conectarlas más allá de las fronteras. Las normas fragmentadas e incompatibles, los sistemas de certificación controvertidos, los requisitos de contenido local y los regímenes de política industrial cambiantes actúan como barreras para la coordinación.

Además, la economía de la energía limpia es intrínsecamente transnacional. Una batería puede depender de minerales extraídos en un país, procesados en otro, utilizados para el montaje en un tercero, financiados en un cuarto y subvencionados en un quinto. Del mismo modo, un aerogenerador a menudo debe cumplir múltiples requisitos técnicos y normativos antes de poder ser financiado, transportado, instalado y conectado.

Cuando la interoperabilidad se rompe, la difusión se ralentiza drásticamente. Las tecnologías pueden estar disponibles e incluso ser competitivas en cuanto a costes, pero aun así no lograr expandirse por los mercados. En condiciones geopolíticas estables, estas fricciones pueden gestionarse mediante la armonización técnica y el reconocimiento mutuo. En épocas de tensiones geopolíticas intensificadas, se convierten en instrumentos de política económica, permitiendo a los gobiernos socavar a los competidores a través de normas de certificación, el diseño de subvenciones, disposiciones de contenido local, preferencias en la contratación pública y restricciones a la exportación.

Como resultado, las tecnologías limpias corren el riesgo de fragmentarse según líneas geopolíticas en lugar de expandirse a escala mundial. Tal resultado impondría costes desproporcionados a los países de ingresos medios y en desarrollo, que son los menos capaces de absorber sistemas de cumplimiento duplicados y una alineación tecnológica forzada.

Dado que la energía limpia solo es tan útil como las redes que la distribuyen, las redes e infraestructuras frágiles plantean un riesgo estratégico creciente. Mientras que el sistema de combustibles fósiles depende de petroleros, puertos y oleoductos, el sistema de energía limpia depende de líneas de transmisión bien integradas, transformadores e interconectores transfronterizos.

Es aquí donde la brecha entre la ambición y la capacidad es más aguda. Para cumplir los objetivos climáticos globales, la inversión en la red debe aumentar un 50 % hasta alcanzar los 600 mil millones de dólares al año para 2030, pero los gastos se han estancado, incluso cuando la inversión en generación se ha disparado. En las economías emergentes y en desarrollo fuera de China, la inversión en la red ha disminuido, a pesar de la sólida demanda y las crecientes necesidades de acceso a la energía.

LOS BLOQUEOS DE DOS BLOQUES

La experiencia de Europa ofrece una lección aleccionadora. La Unión Europea lleva años promoviendo la integración del mercado eléctrico como pilar de la seguridad energética, la competitividad y la descarbonización, pero muchos Estados miembros no están en camino de cumplir el objetivo del bloque para 2030 de conectar el 15 % de la generación nacional a través de las fronteras. Ha resultado difícil traducir las iniciativas regionales en acciones nacionales. La concesión de permisos es lenta y la asignación de costes es políticamente controvertida. Las infraestructuras suelen aportar beneficios regionales al tiempo que imponen costes medioambientales y políticos a las comunidades locales, lo que alimenta la resistencia pública. La planificación de la red sigue estando fragmentada y los incentivos de los operadores de red no siempre están alineados.

Al mismo tiempo, el envejecimiento de las infraestructuras choca con la creciente demanda de vehículos eléctricos, bombas de calor, centros de datos y energías renovables. Aproximadamente la mitad de las líneas de transmisión de Europa tienen al menos 40 años, lo que requiere más de 2 billones de dólares en mejoras para mediados de siglo a fin de evitar fallos a gran escala.

La Península Ibérica ilustra la magnitud del desafío. España y Portugal siguen estando mal conectadas con el resto de Europa, con niveles de interconexión muy por debajo de los objetivos declarados por la UE. Los grandes proyectos, como el interconector del Golfo de Vizcaya, tardarán años en completarse.

La experiencia de Europa apunta a una lección más amplia: es mucho más fácil fijar objetivos de energías renovables que construir las redes transfronterizas necesarias para alcanzarlos. Si bien los argumentos técnicos a favor de la interconexión están claros desde hace tiempo, la capacidad política y administrativa para facilitarla no ha logrado seguir el ritmo.

La Red Eléctrica de la ASEAN, una iniciativa de colaboración destinada a conectar las redes eléctricas del sudeste asiático para 2045, pone de relieve estos retos. Aunque a menudo se presenta como un proyecto de integración con visión de futuro, en realidad es una prueba de si la interdependencia en materia de energía limpia puede funcionar en una región con sistemas políticos diversos, una capacidad reguladora desigual y mercados eléctricos fragmentados.

Pocos dudan de la lógica estratégica. El transporte regional y el comercio transfronterizo de electricidad son esenciales para integrar las energías renovables, mejorar la resiliencia y reducir los costes. Pero el progreso ha sido lento, y solo la mitad de los 18 proyectos de interconexión previstos se han completado y están operativos.

Los principales obstáculos no son tecnológicos, sino institucionales y financieros. La ASEAN sigue careciendo de normas técnicas comunes, reglas de comercio transparentes, acuerdos de precios viables, normas claras para la asignación de la capacidad de la red, marcos fiables de resolución de disputas y los marcos jurídicos necesarios para la inversión regional. La confianza también es una limitación importante, ya que la interconexión depende de la seguridad de que las normas se mantendrán en todas las jurisdicciones a lo largo del tiempo.

LA SEGURIDAD ENERGÉTICA ES SEGURIDAD CLIMÁTICA

Los cambios geopolíticos añaden otra capa de incertidumbre. Cuando el presidente de EE. UU., Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, se reúnan en mayo, es probable que las tierras raras y la influencia industrial ocupen un lugar destacado en su agenda. Las tensiones se han intensificado en los últimos meses, ya que EE. UU. ha tratado de contrarrestar el dominio de China en el procesamiento de minerales asegurándose el acceso al petróleo de Venezuela y, en menor medida, a los productores sancionados de Irán y Rusia.

Venezuela, que cuenta con unos 303 mill millones de barriles de reservas probadas, aproximadamente el 17 % del total mundial, es fundamental para este esfuerzo. Tras la captura del expresidente Nicolás Maduro en enero, la Administración Trump ha tomado medidas para reabrir el sector energético del país, autorizando transacciones con la petrolera estatal PDVSA y suavizando las sanciones para permitir que las grandes empresas reanuden sus operaciones y negocien nuevas inversiones.

Estados Unidos también ha mostrado flexibilidad en el uso de las sanciones, especialmente tras el estallido de la guerra en Irán y el consiguiente repunte de los precios del petróleo. En un esfuerzo por frenar la volatilidad del mercado, por ejemplo, la Administración Trump ha eximido de sanciones a las compras de petróleo iraní y ruso que ya se encuentran en el mar durante 30 días.

Esta flexibilidad da a EE. UU. cierta ventaja sobre China. Al impulsar la producción venezolana y aliviar selectivamente la presión sobre los exportadores iraníes o rusos, Estados Unidos puede frenar las subidas de precios, contener la inflación y reducir las presiones sobre los costes industriales que, de otro modo, obstaculizarían la reindustrialización. Dado que China sigue siendo un importante importador de petróleo, estas medidas también podrían influir en las negociaciones sobre el acceso a las tierras raras, los controles de exportación y los envíos de imanes.

Pero ganar tiempo no es lo mismo que resolver el problema. El suministro adicional de petróleo no puede sustituir a la separación de tierras raras, el refinado de metales, la producción de aleaciones y imanes, ni a la capacidad diversificada de procesamiento de minerales fuera de China. En el mejor de los casos, proporciona a EE. UU. y a sus socios un respiro macroeconómico mientras amplían estas capacidades. La verdadera resiliencia energética requiere construir un nuevo ecosistema industrial desde cero, no apostar aún más fuerte por el petróleo.

La lección más amplia es que los responsables políticos ya no pueden tratar la transición hacia la energía limpia y la seguridad energética como agendas separadas. Para integrarlas, deben centrarse en cinco prioridades.

En primer lugar, los gobiernos deben acelerar los esfuerzos de diversificación. Esto significa reducir la exposición a puntos de estrangulamiento como el estrecho de Ormuz y diversificar toda la cadena de suministro, incluyendo el refinado, el procesamiento, la fabricación y la logística. La diversificación ya no consiste solo en contar con más proveedores de combustible; ahora significa reducir la dependencia de los cuellos de botella en el sector intermedio y en las infraestructuras.

En segundo lugar, los mercados siguen siendo indispensables, pero no se puede confiar únicamente en las empresas privadas para garantizar la resiliencia energética en medio de las convulsiones geopolíticas. Los gobiernos tendrán que desempeñar un papel más importante en la movilización del capital privado aprovechando las compras estratégicas, el almacenamiento, la acumulación de reservas, el desarrollo de la capacidad nacional, la diversificación de la cadena de suministro y el reparto de riesgos.

En tercer lugar, los países deben tomar medidas para acelerar la adopción de los vehículos eléctricos, no solo por razones climáticas, sino también para reducir la dependencia de los exportadores de petróleo. El transporte electrificado minimiza la exposición directa a los cuellos de botella del combustible marítimo y a la volatilidad de los precios, aunque aumenta la dependencia de los minerales y las baterías.

En cuarto lugar, los gobiernos deberían ampliar la energía nuclear cuando sea política e institucionalmente viable. La energía nuclear puede reducir la dependencia de los hidrocarburos importados y proporcionar electricidad estable y baja en carbono junto con las energías renovables. También puede convertirse en un nuevo ámbito de competencia geopolítica, con gobiernos compitiendo por el control de las tecnologías de los reactores, los servicios del ciclo del combustible y el enriquecimiento de uranio.

Por encima de todo, los responsables políticos deben afrontar las realidades geopolíticas de los sistemas energéticos emergentes de hoy en día. La transición hacia la energía limpia se plantea a menudo como una vía de escape de la geopolítica y, en cierto sentido, lo es: un mundo menos dependiente del petróleo sería, sin duda, menos vulnerable a los cuellos de botella marítimos y a la coacción de los Estados petroleros.

Sin embargo, escapar de una forma de vulnerabilidad geopolítica no elimina la geopolítica. Los minerales procesados, los ecosistemas industriales, los regímenes normativos y la infraestructura eléctrica son tan políticamente delicados como el estrecho de Ormuz. Aún hay tiempo para evitar repetir los errores de la era de los combustibles fósiles, pero la ventana no permanecerá abierta por mucho tiempo. Copyright: Project Syndicate, 2026.

Dianne Araral es analista independiente de finanzas verdes y política energética en Singapur. Eduardo Araral es profesor de Política Pública en la Escuela Lee Kuan Yew de Política Pública de la Universidad Nacional de Singapur.