Cómo un cártel del narcotráfico convirtió al estado de Sinaloa en su herramienta

Por: Paulina Villegas

El pacto con las autoridades funcionaba así, dijeron miembros del cártel: las palabras en clave despejaban el camino para que las drogas y las armas pasaran sin obstáculos por los controles de seguridad; se daban los nombres de los rivales a los agentes de policía, quienes los detenían y entregaban a sus enemigos; y, a veces, hombres armados del cártel se unían a las redadas policiales.

Durante años, una arquitectura invisible de protección dentro de varios niveles del gobierno mexicano permitió al Cártel de Sinaloa operar a plena vista, según me dijeron varios miembros de la organización criminal. Ese sistema contribuyó a que el cártel se convirtiera en una de las organizaciones delictivas más poderosas del mundo, traficando con fentanilo por valor de miles de millones de dólares a través de la frontera estadounidense, incluso cuando los principales líderes del grupo fueron abatidos y una guerra interna dividió la organización.

El mes pasado, días después de que se desvelara una acusación estadounidense contra varios funcionarios mexicanos, hablé con cuatro operativos del cártel, quienes accedieron a hablar sobre cómo el Cártel de Sinaloa trabajó con políticos y miembros de las fuerzas de seguridad y el ejército en los últimos años. El auto de procesamiento acusa al gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve políticos estatales, anteriores y actuales, de mantener una alianza con el grupo por años a cambio de sobornos y apoyo político.

Los fiscales del Distrito Sur de Nueva York describen una connivencia que alcanzó los niveles más altos de poder en Sinaloa y se extendió por todo su aparato de seguridad. Alegan que el cártel —en particular la facción de los Chapitos, dirigida por los hijos de Joaquín Guzmán Loera, conocido como el Chapo— ayudó a Rocha a ganar la gubernatura de Sinaloa en 2021 robando boletas electorales y secuestrando e intimidando a candidatos de la oposición. A cambio, según los fiscales estadounidenses, prometió apoyar sus operaciones de tráfico y, una vez en el cargo, permitió que el grupo operara de manera libre al posicionar a funcionarios corruptos en el gobierno estatal y local, quienes protegieron al cártel.

A pesar de las más de 200 denuncias documentadas de intimidación armada, robo de boletas y secuestros de candidatos, las autoridades electorales locales y federales desestimaron ese momento de crisis en 2021 como una serie de incidentes aislados y confirmaron formalmente la victoria de Rocha.

Tres de los operativos con los que hablé dijeron estar vinculados a la facción de los Chapitos del Cártel de Sinaloa. Uno dijo que estaba relacionado con la facción contraria, los Mayos. No facilitaron sus nombres completos y hablaron bajo condición de anonimato, por temor a represalias de las fuerzas de seguridad y de sus jefes.

Uno de ellos es un alto miembro del cártel que ha hablado conmigo varias veces por mis reportajes. A otro lo conocí en una casa de seguridad del cártel llena de hombres armados. Hablé con un tercero en un lugar que he usado en el pasado para reunirme con contactos del cártel, y con una cuarta persona después de que esa red de contactos me presentara. Las entrevistas y el trabajo de investigación que hice para este reportaje, incluida la confirmación de algunos detalles de los relatos de los operativos del cártel, demostraron que conocían a fondo el funcionamiento interno del grupo.

Sus descripciones de las redes de protección en las que participaban el cártel y las autoridades locales fueron corroboradas por expertos, antiguos funcionarios y pruebas de casos penales previos.

Según los integrantes del cártel, las autoridades locales siguen proporcionando cierta protección en la actualidad, aunque el acuerdo se ha debilitado debido a la guerra interna entre las facciones de los Chapitos y los Mayos y a la represión de los grupos delictivos por parte del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Los policías de Sinaloa han sido escoltas de muchos capos en Sinaloa”, dijo Guillermo Valdés, exjefe de la agencia federal de inteligencia de México de 2007 a 2011, y añadió que los grupos criminales de México han sobornado históricamente a fuerzas policiales enteras, aprovechándose de su escasa remuneración y de las protecciones endebles para quien se niega a cooperar.

Rocha, quien se ha apartado temporalmente del cargo de gobernador, ha negado los cargos de la acusación estadounidense, calificándolos como acusaciones “falsas y sin fundamento”. También dijo que las acusaciones eran un intento del gobierno de Donald Trump de socavar la soberanía de México y de atacar a la coalición política de izquierda encabezada por Sheinbaum, de la que Rocha es parte.

Sheinbaum ha rechazado las peticiones de Estados Unidos de detener a Rocha, alegando que las pruebas son insuficientes, y en su lugar ha pedido a la Fiscalía General de México que investigue.

Las pruebas de corrupción en el gobierno de México están bien documentadas tanto en los tribunales mexicanos como en los estadounidenses. En 2024, Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México y, en su momento, el rostro de la guerra contra los cárteles en el país, fue condenado en un tribunal estadounidense por aceptar millones en sobornos del Cártel de Sinaloa por más de una década.

En Sinaloa, tres de los operativos del cártel con los que hablé dijeron que la forma más consistente de protección procedía de las fuerzas policiales locales y estatales, que actuaban como colaboradores confiables. Los agentes realizaron detenciones selectivas, siguieron la pista de rivales y los entregaron a sus enemigos y, en algunos casos, participaron directamente en operaciones del cártel, según dijeron los operativos.

A veces, dijo un operativo, los propios miembros de los cárteles se unían a las redadas oficiales de la policía, vestidos de uniforme con el fin de cometer delitos para las fuerzas del orden.

Uno de los operativos que entrevisté, un joven de 22 años de Culiacán, capital de Sinaloa, describió cómo a los miembros de menor rango se les daban nombres de rivales que debían dinero, que eran sospechosos de ser soplones o que habían traicionado a la organización, y se les ordenaba que les pasaran esos nombres a los agentes y mandos policiales.

Dijo que los funcionarios municipales y estatales también avisaban con antelación al cártel de operaciones militares importantes, sobre todo en zonas rurales y ranchos donde se reunían los líderes del cártel o donde funcionaban laboratorios de drogas.

“Con tanta protección”, dijo con una leve sonrisa, “pues haz de cuenta que uno se siente Rambo o tipo John Wick”.

También dijo que, hace un par de meses, oyó por la radio que un alto miembro del cártel había quedado atrapado en un tiroteo con el ejército. Otro integrante del cártel le dijo más tarde que la policía estatal había intervenido, escoltando al hombre para que pudiera escapar.

Otro operativo, de 28 años, quien dijo que trabaja con el cártel desde que tenía 13 años, me contó cómo esa cooperación gubernamental se extendía a algunos miembros del ejército.

Explicó que, en los puestos de control, los soldados dejaban pasar a los miembros del cártel con drogas o armas cuando daban las palabras en clave rotativas —“verde, R8, delta”, por ejemplo— para verificar su afiliación.

El operativo era tranquilo y hablaba de su línea de trabajo con remordimiento. “Trato de no pensar mucho”, dijo. “Me arrepiento de todo, ojalá y nunca hubiera entrado a esto ni a esta vida”.

Dijo que comprendió la profundidad de la protección que el cártel recibe de las autoridades hace unos dos años, cuando su jefe perseguía a una persona que le debía dinero al grupo. El aviso llegó a estaciones de autobuses, peajes, puestos de control y el aeropuerto.

Recibió una llamada de un empleado del aeropuerto. El objetivo acababa de comprar un boleto a Tijuana.

El operativo dijo que fue al aeropuerto, donde lo detuvieron unos soldados. Tras un breve intercambio, se limitó a decir dos palabras —“la Chapiza”— y lo dejaron pasar. Se acercó al objetivo, lo tomó del brazo y le mostró la pistola que llevaba bajo la chamarra, dijo.

Dijo que fue entonces cuando pensó: “Sí estamos apalabrados, la charola nunca ha estado tan arriba”.

El miembro del cártel relató la historia mientras llevaba tres celulares y una radio. Uno de esos teléfonos, explicó, servía para que tanto los integrantes del cártel como los agentes de policía compartieran información sobre cuáles calles debían evitar, por dónde se movían los rivales y dónde estaban establecidos los puestos de control militares.

Funcionarios, empleados y residentes de a pie entendían los términos, dijo: si cooperabas con el cártel, te llevabas algo de dinero y seguías con tu vida; si te negabas, morías y el cártel iba por tu familia.

Los operativos del cártel también describieron un sistema de sobornos sofisticado que se extendía por varios niveles de gobierno y por partes del ejército. Dos de ellos recordaron haber escoltado a los recaudadores del cártel mientras entregaban bolsas de dinero estadounidense a mandos policiales y altos funcionarios del Estado, incluido un ex alto jefe de seguridad.

La amplia connivencia entre los cárteles y las autoridades se ha documentado en todo México.

En el estado de Nayarit, el exfiscal general, Edgar Veytia, fue condenado a 20 años en 2019 por ayudar a un cártel. En el estado de Tamaulipas, el exgobernador Tomás Yarrington fue imputado en Estados Unidos y luego condenado en 2023 por blanquear millones en sobornos de los cárteles del Golfo y de los Zetas.

En el estado de Guerrero, el Times informó previamente que casi todos los niveles del gobierno local colaboraban con el grupo delictivo responsable de una de las atrocidades más sombrías de México: la desaparición de 43 estudiantes en 2014. Basándose en mensajes de texto inéditos, testimonios de testigos y archivos de investigación, el Times descubrió que los mandos policiales cuyos agentes secuestraron a los estudiantes también recibían órdenes directas de un cártel local. Un comandante suministró armas a los miembros del cártel; otro ayudó a perseguir a sus rivales.

Gina Parlovecchio, exfiscala federal de Nueva York que dirigió casos contra varios líderes de cárteles, incluido el Chapo, dijo que corromper a funcionarios públicos de todos los niveles de gobierno es fundamental para que los cárteles puedan operar.

La corrupción política, dijo, “ha crecido y se ha convertido en un problema de tal magnitud en México debido al poder de los cárteles, a la enorme cantidad de dinero que tienen y a su empeño en corromper al mayor número posible de funcionarios”.

En Culiacán, muchos residentes celebraron la acusación en Estados Unidos contra Rocha y los demás funcionarios como un ajuste de cuentas largamente esperado. Pero tres de los operativos del cártel dijeron que perder el manto de protección estatal podría ser un golpe fatal para su facción del cártel.

“Esto puede acabar con nosotros”, dijo uno de ellos.

Sin embargo, un operativo describió la acusación como un ejemplo más de la relación entre el cártel y el Estado, que, según afirmó, se remonta a mucho antes del actual gobierno.

“Cuando hay un poder fuera del Estado, de los canales oficiales, más fuerte que el Estado mismo”, dijo, con un tono casi clínico, “es imposible que existan, no pueden llegar sin nosotros”.

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