La vigilancia de la actividad minera no puede ser ‘pendular’

De acuerdo con información difundida por la Unión Mexicana de Productores de Carbón (UMPC), luego de accidente en el “pocito” El Pinabete, personal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social intensificó las tareas de inspección en las explotaciones carboníferas de Coahuila, lo que ha derivado en la restricción de operaciones de 21 desarrollos mineros.

José Bogar Montemayor Garza, presidente de la UMPC, ha señalado que las suspensiones dictadas por la STPS fueron entre agosto y septiembre, pero después de observar las irregularidades los inspectores de las dependencia no han regresado a verificar el cumplimiento de los responsables, lo que mantendría al menos a 10 minas detenidas, aún cuando han regularizado su situación.

“Todo está bien. Estamos de acuerdo con las inspecciones, debemos de garantizar la seguridad de los trabajadores. Al menos 10 de estos centros ya subsanaron las faltas señaladas por parte de los inspectores”.

“Ahora el problema es que la STPS no cuenta con el personal para que vengan a realizar la revisión de que se subsanaron las faltas o puntos señalados, esto ocasionó pues que ya tengan cerca de un mes sin laborar dichas minas”, afirmó el dirigente minero.

La mayoría de las empresas suspendidas tienen contratos con la Comisión Federal de Electricidad y la falta de agilidad en el proceso de supervisión provocará que incumplan dichos contratos, dijo Montemayor Garza.

La realidad que retrata el dirigente de la UMPC parece indicar que, como suele ocurrir en nuestro país, la actitud de la autoridad responsable de supervisar que se cumplan las reglas en materia de seguridad se ha corrido al extremo opuesto: primero abandonó por completo sus responsabilidades –permitiendo que los mineros laboraran en condiciones inseguras– y ahora las abandona de nuevo, pero impidiendo que puedan trabajar.

Sin duda el reclamo que originó el accidente de El Pinabete es uno justo pues la falta de supervisión aparece claramente como una de las causas de la inundación que provocó la inundación en el “pocito” y la muerte de diez mineros cuyos cuerpos siguen atrapados en la mina.

Pero si hay explotaciones que no deberían existir –como las minas verticales– la autoridad tendría que ser clara en señalar que no se permitirá ese tipo de explotaciones y en plantear las nuevas reglas del juego. Pero todas aquellas formas de extracción que sean seguras deberían gozar de garantías para que puedan desarrollarse.

En el último de los casos, si la determinación es reducir el riesgo a cero, impidiendo las extracciones que se consideren de carácter artesanal, el Gobierno de la República debería anunciar un paquete de inversiones para asegurar una reconversión productiva en la Región Carbonífera.

Porque no se trata solamente de evitar nuevos accidentes, sino también de garantizarle a los pobladores de dicha región un modo de subsistencia.