Las armas pesan: La batalla de México contra los fabricantes estadounidenses
COMPARTIR
Tengo una relación complicada con las armas de fuego. Crecí con ellas, aprendí a respetarlas y desde hace unos 20 años estudio el contrabando de armas estadounidenses a México. Con ellas se comete el 70 por ciento de los homicidios y se han transformado en otra fuente de tensión con Washington.
En agosto de 2021 me entusiasmó la demanda interpuesta en Boston por el Gobierno de México contra los fabricantes de armas. El artífice tras la iniciativa fue el entonces consejero jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alejandro Celorio. Se enfrentó al escepticismo de una parte de la 4T, pero fue respaldado por el otrora canciller Marcelo Ebrard, siempre dispuesto a entrarle a las jugadas riesgosas. La demanda salió bien, lo que hizo posible interponer otra en Arizona que desembocó en la atracción del caso por parte de la Suprema Corte. Se estima que emitirá su fallo en 2025.
TE PUEDE INTERESAR: Claudia: La heredera de las estrategias fallidas en seguridad
Inicié en 2021 el diálogo con el pequeño equipo de la cancillería que llevó el caso, en especial con el consejero, con Wilma Gandoy y Ximena García, dos defensoras apasionadas del interés nacional. Celorio renunció hace poco, después de 18 años de carrera en el Servicio Exterior Mexicano. Lo lamento, aunque estoy seguro de que le irá bien a donde vaya. Buen momento para que la SRE y el Senado reconozcan los aportes de este equipo.
Los litigios tendrán continuidad si nos atenemos a unos comentarios hechos por el nuevo canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, en el Senado. En respuesta a la senadora Alejandra Barrales (Movimiento Ciudadano), calificó la iniciativa de “muy bien estructurada”, de ir “en la dirección correcta” y de ser una lucha que “va a ganar México”. Si el gobierno obtiene la indemnización que solicita, recibirá 10 mil millones de dólares que podría dedicar a la atención de las víctimas de la violencia. Hablando de dinero, los bufetes estadounidenses cobran un millón de dólares al año. La SRE ya pagó hasta 2025.
En ambientes polarizados se borran matices porque se exigen lealtades absolutas. Independientemente de mi apoyo a esta y otras iniciativas de la 4T con las que estuve de acuerdo, desde 2021 padezco una campaña de difamación a raíz de que el ahora expresidente empezara a señalarme en algunas mañaneras. Con frecuencia cíclica, las redes sociales se llenan de críticas legítimas y de insultos de youtuberos aliados del régimen y de ejércitos de bots mercenarios que me han acusado de “traidor”, de “chayotero” y de “anciano senil y pendejo”. Las dos primeras afirmaciones son falsas, la tercera es debatible.
La campaña arreció cuando nombraron directora de Canal 11 a Renata Turrent y tal vez influyó en su decisión de cancelar el programa Primer Plano. Para saber el motivo solicité por escrito desde el 23 de septiembre de este año una explicación sobre los motivos tras mi despido. No busco regresar; ya cerré mi capítulo en el Canal 11. Pero tampoco pienso renunciar a mi derecho de saber.
En tiempos de incertidumbre y polarización ayuda esclarecer posiciones. En mi caso, criticaré como siempre los impulsos autoritarios de quien gobierna y respaldaré las iniciativas que beneficien el interés nacional.
No importa quién se mude a la Casa Blanca, nuestras relaciones comerciales y de seguridad entrarán en aguas turbulentas. Como sigo convencido de que la vía legal es un recurso legítimo para enfrentar políticas nocivas, me pregunto si Marcelo Ebrard, nuevo secretario de Economía, consideraría interponer una demanda ante tribunales estadounidenses ligando las armas con el comercio. Si Estados Unidos nos acusa de exportar ilegalmente un fentanilo producido con precursores químicos importados legalmente desde China (la acetona, por ejemplo), sería lógico que México interpusiera una demanda por el comercio ilegal de armas fabricadas en Estados Unidos.
TE PUEDE INTERESAR: Documental explica cómo 2.5 millones de armas pasaron de EU a México en la última década
Aprovechando la independencia del Poder Judicial estadounidense, el gobierno mexicano ejercerá su derecho a la legítima defensa con la demanda que ahora se encuentra en la Suprema Corte de Justicia de ese país. Es paradójico que lo haga mientras arrasa con un Poder Judicial federal necesitado de reformas, pero que también ha dado resultados. Lo he constatado con los fallos de la Primera Sala de la Suprema Corte a favor de los derechos humanos.
Las armas pesan, tanto las de fuego como las de la razón y la sinrazón.
Colaboró Vianey Gutiérrez
