Los derechos humanos en Coahuila. Una nueva etapa

Opinión
/ 3 diciembre 2023

Este domingo, la Academia IDH presenta en la FIL-Guadalajara el libro “Un nuevo paso en la defensa de los derechos y libertades en Coahuila: la reforma constitucional y las Cartas de Derechos Humanos”. Este trabajo colectivo representa un testimonio académico de la obra legislativa del Gobierno de Coahuila (2017-2023) que, después de la reforma constitucional de 2011, es el cambio legislativo más importante que se ha hecho en el país en materia de derechos humanos.

Esta reforma coahuilense ha sido reconocida por los organismos nacionales e internacionales de protección de derechos humanos, como el nuevo modelo local que debe implementarse en el país para avanzar en la defensa de la dignidad humana. Las voces de diferentes expertos destacados reconocen en esta reforma la construcción de nuevas figuras e instituciones jurídicas que son modernas y adecuadas, para que nuestra comunidad pueda desarrollar una mejor convivencia social, a partir de los estándares universales que el Estado mexicano ha suscrito en diferentes tratados e instrumentos internacionales.

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Las instituciones de Coahuila, por tanto, tienen el reto de implementar las ideas universales en una comunidad local. Las buenas ideas son las que cambian la realidad. Son las que generan nuevas oportunidades para avanzar. Si en el ámbito regional se quiere vivir con las mejores ideas que busquen la prosperidad de una nación, el gobierno debe seguir el proyecto de la ley de la dignidad humana que el mundo se ha dado para asegurar una comunidad libre, igualitaria y fraterna. A lo largo de la historia, Coahuila es un estado constitucional modelo porque ha desarrollado instituciones vanguardistas y novedosas para el país. En materia de derechos humanos, las instituciones de Coahuila han experimentado en los últimos dos sexenios una nueva política de Estado con perspectiva de derechos humanos.

Hoy iniciamos un nuevo periodo gubernamental en la renovación periódica del poder ejecutivo. El gobernador constitucional, Manolo Jiménez, inicia con la mayor legitimidad democrática en la historia de nuestra entidad: tiene el mayor respaldo popular depositado en las urnas. Existe una gran legitimidad de origen. Ahora, su tarea gubernamental, plantea la prueba de la legitimidad en el ejercicio. Nos ha convocado a todas las instituciones y a la sociedad a trabajar en unidad y en equipo para llevar a Coahuila al siguiente nivel, en lo que legalmente nos corresponda a cada persona.

El plan de gobierno de MJS se reduce en una idea fundamental que expresó desde su campaña y que ratificó en el Congreso del Estado: “conservar lo bueno que tenemos, innovar y cambiar lo que tenemos que mejorar”. Esta visión del actual gobernador me recordó un mensaje político del presidente Barak Obama que, al salir de su gobierno, expresaba la idea de que la grandeza de su país no estaba en inventar a la nación cada elección. Si no de continuar con el proceso institucional de sus antecesores y mejorar lo que, en el presente, le correspondía a cada presidente realizar para consolidar a sus instituciones en el futuro.

Esta es la visión de Estado que siempre está presente en la historia del gobierno. Se cambia la titularidad del poder público, pero se conservan las instituciones para mejorar la vida en nuestra comunidad. Jean Monnet, el visionario de la Unión Europea, decía que “los hombres pasan, pero las instituciones quedan; nada se puede hacer sin las personas, pero nada subsiste sin instituciones”.

En el periodo del exgobernador, Miguel Ángel Riquelme, se impulsaron nuevas instituciones de derechos humanos para consolidar el desarrollo de la sociedad. Coahuila, por supuesto, como cualquier lugar del mundo tiene problemas de violaciones de los derechos humanos que el Estado debe atender con diligencia. Pero, a diferencia de otras entidades federativas, las instituciones en Coahuila nos hemos preocupado por desarrollar una serie de políticas públicas de Estado para avanzar en la protección de los derechos de las personas. Falta mucho por avanzar, pero también se ha hecho mucho por mejorar e institucionalizar.

La reforma de derechos humanos en Coahuila, hoy vigente, plantea nuevos retos y desafíos para nuestra comunidad que exige, en forma gradual, un proceso de implementación para consolidar las instituciones adecuadas que aseguren la protección de los derechos humanos. En la historia del estado, los gobiernos al final pasan a la historia por sus obras auténticas de gobierno, esto es, las que permiten gobernar a una comunidad con orden, justicia y prosperidad.

Si en realidad se quiere trascender en la tarea de gobernar, las instituciones deben enfocarse en la idea de Estado: hacer mejores leyes y acciones de gobierno, para construir y consolidar instituciones sólidas que aseguren un mejor futuro generacional. La ley de la dignidad humana es el patrimonio universal que el mundo se ha dado para regir el futuro de nuestras comunidades. Todos queremos vivir en una sociedad libre, igualitaria y fraterna. Por supuesto, el Estado está para prestar cada administración mejores servicios públicos a la comunidad y ejercer de manera adecuada, con base en la ley, las funciones legislativas, ejecutivas y judiciales que permitan el desarrollo de una sociedad democrática.

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Pero si queremos llegar, en cada sexenio gubernamental, al siguiente nivel de desarrollo y prosperidad, tenemos que, como nos convoca el gobernador actual, “conservar lo bueno que tenemos e innovar y cambiar lo que haya que mejorar”. Ese es el llamado político que, desde el poder ejecutivo, se nos hace a la sociedad y a sus instituciones. Si queremos vivir en el siguiente nivel para lograr una mejor justicia en la entidad, a las instituciones se nos exigirá, conforme a la reforma constitucional de Coahuila, “innovar y cambiar lo que tenemos que mejorar” para dar a cada persona lo que le corresponde en forma justa.

El proyecto de la sociedad con derechos humanos está ya en nuestra Constitución local. Ahora hay que hacerlo realidad conforme a un buen gobierno legislativo, ejecutivo y judicial. Al poder judicial de Coahuila nos corresponde hacer efectiva la protección de los derechos de las personas, conforme a ese plan constitucional. Ese es nuestro reto actual.

El autor es magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila

Este texto es parte del proyecto de Derechos Humanos de VANGUARDIA y la Academia IDH

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