México, en ruta de colisión

Debe preocupar la ruta del gobierno frente a la exigencia del Departamento de Justicia de Estados Unidos de proceder a la detención del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, otros dos funcionarios electos y siete más. Su destino es la colisión, porque un planteamiento legal, sustentado en la ley y en un tratado bilateral, además de desatendido, se descalifica. Para la presidenta Sheinbaum es un acto frívolo, dado que no ha sido acompañado de pruebas; se trata de una embestida ideológicamente motivada de la ultraderecha contra el régimen de la Cuarta Transformación, es decir, un complot.

Es constante en el obradorismo su desdén por la legalidad. Consideran que la ley y la justicia son recursos discrecionales al servicio del poder. En este último tramo se resolvió acabar con la autonomía y el profesionalismo del Poder Judicial federal y de la Suprema Corte de Justicia, degradar el juicio de amparo y nombrar a una fiscal general de la República sin independencia alguna. Sin pretenderlo, el régimen político se despojó de los recursos necesarios para la justicia, imprescindibles para el Estado y para conducir al gobierno y la disputa civilizada por el poder. Hoy, de cara a la exigencia legal de EU, de detener y extraditar a prominentes políticos, el gobierno no puede dar un curso judicial precisamente porque carece de los medios para judicializar de manera confiable y convincente a sus miembros.

La presidenta Sheinbaum insiste en que la solicitud de las autoridades norteamericanas no se acompañó de pruebas, tesis convincente a partir de la ignorancia. De acuerdo con los instrumentos jurídicos que rigen la extradición, no es el momento procesal para requerirlas, además de que abona a la convicción de muchos sobre la connivencia, desde la elección del gobierno estatal, con el Cártel de Sinaloa y por las propias palabras del entonces candidato Rocha Moya.

Debe subrayarse que la iniciativa del gobierno norteamericano es estrictamente jurídica. El planteamiento se hace de acuerdo con la ley, lo convenido en el tratado y la práctica diplomática. La exigencia tiene sustento en un procedimiento judicial rigurosamente construido y por una instancia de justicia altamente confiable y creíble, con intervención del Gran Jurado y con una fiscalía de gran reputación en la lucha contra el narcotráfico. Su titular, Jay Clayton, próximamente será director del sistema nacional de inteligencia. Frente a esta realidad, es insostenible la descalificación que se hace de “una oficina” por parte de la presidenta Sheinbaum. Además, el testimonio del exembajador Ken Salazar muestra que la imagen de gobierno narco no es exclusiva de Trump o de la ultraderecha.

Ha pasado más de un año de la investigación sobre el contrabando de combustible y nada relevante ha sucedido, a pesar de testimonios diversos y de distintas fuentes confiables e informadas de que los recursos sirvieron para las campañas de Morena. Se pensaría que lo mismo habría de ocurrir con la imputación de los diez funcionarios de Sinaloa. Es evidente que en México los tiempos de la justicia penal son absurdamente discrecionales, tanto que los detenidos pasan años en prisión sin ser sentenciados. México tiene una de las tasas más altas del tiempo entre la detención y la sentencia.

No es catastrofismo anticipar que el país va en línea de colisión con las autoridades norteamericanas. La postura nacional confirma el prejuicio de que el régimen político protege a los narcopolíticos porque la colusión es más generalizada y que el financiamiento de campañas con recursos del narco es una práctica que va más allá de Sinaloa. La cuestión es que las instituciones norteamericanas no sólo cuentan con el testimonio de criminales partícipes en la connivencia con gobernantes; también los servicios de inteligencia financiera han documentado vínculos, operaciones y negocios, como el relacionado con el contrabando de combustible.

Las reiteradas expresiones de reconocimiento de funcionarios norteamericanos a las autoridades mexicanas por su colaboración en la lucha contra el crimen son una manera de presionar para que la cooperación se ajuste a las prioridades de Washington, y a la vez una exigencia creciente y complicada. Sin embargo, en esta última etapa, la judicializada, la situación es distinta, toda vez que las autoridades mexicanas se resisten a la detención y extradición de funcionarios en connivencia con el crimen organizado. Las cifras de éxito del gobierno mexicano en la lucha contra el crimen adquieren poca relevancia frente a la impunidad en el caso de los narcopolíticos.

La política sobre la justicia lleva al país en ruta de colisión.