México: Hacer periodismo con un arma en la cabeza; del caso Armando Rodríguez a Marco Antonio Toledo

En octubre de 2011, uno de los fiscales que operó con Laura Angelina Borbolla Moreno dentro de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra a Libertad de Expresión (Feadle), intentó persuadirme de no viajar a Ciudad Juárez para documentar los desvaríos de la investigación judicial iniciada tras el asesinato del periodista local Armando Rodríguez Carreón, “El Choco”. “Le recomiendo que no vaya. Juárez es una ciudad muy oscura, muy peligrosa. No se meta ahí. Lo que quiera saber, mejor yo se lo cuento”, me dijo.

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Estaban por cumplirse tres años del homicidio. Para entonces se habían abierto 16 líneas de investigación, hasta concluir en una sola: a Armando lo habían liquidado por el contenido de alguna de las 50 notas que publicó durante los primeros 11 días de ese noviembre de 2008. La mañana del 12 recibió 10 disparos mientras se hallaba al volante de su auto, con su hija de 8 años en el lado del copiloto. Se aprestaba a dejarla a ella y a su hija menor en la escuela. En los hechos, el homicidio jamás fue indagado en forma. Se terminó por responsabilizar a un exagente estatal ligado al crimen, luego de arrestarlo por el ser el cerebro detrás de la masacre de estudiantes en Villas de Salvárcar.

Antes y después que Armando, muchos otros periodistas han muerto asesinados en el “México democrático” nacido con el triunfo electoral de Vicente Fox. De acuerdo con el registro de la organización Artículo 19, suman 163 hasta la última semana de noviembre. Pero una cifra incalculable ha sido víctima de amenaza, de violencia física y de secuestro. El caso más reciente sucedió la semana pasada en Taxco. Incluyó a tres periodistas, la esposa e hijo de uno de ellos, y a una extesorera del ayuntamiento. Salvo el hijo de Marco Antonio Toledo Jaimes, director del semanario Espectador de Taxco, todos han sido liberados el fin de semana. El acto se atribuye al grupo criminal La Familia Michoacana, aunque el contexto de la cobertura noticiosa de los tres se orienta más que nada en las malas prácticas del gobierno municipal. Y este es el punto: dos terceras partes de los ataques que sufren los periodistas es perpetrado por funcionarios públicos a quienes se les documentan prácticas corruptas, y ocurren sobre todo en el contexto de cambios administrativos. En 2015, Artículo 19 contabilizó una agresión cada 10.9 horas contra la prensa en tiempos electorales. La cifra ha recrudecido como efecto de la impunidad casi total que prevalece hasta hoy.

En el marco de las elecciones presidenciales de 2018, 112 políticos fueron asesinados. De ellos, 28 se hallaban en fase de precandidatura y 14 en plena contienda externa. El número de atentados influyó para que muchas y muchos abandonaran su búsqueda por algún cargo de elección popular. El porcentaje de violencia en torno a las campañas políticas se mantuvo casi igual en 2021, que registró el homicidio de 102 políticos, 29 de los cuales se hallaban en la disputa por algún escaño legislativo o una alcaldía.

La violencia política aumentó sustancialmente desde principios del siglo. El modelo de negocio criminal que se consolidó desde entonces convirtió diputaciones, alcaldías, gubernaturas y cualquier cargo público de relevancia, en empresa privada. Es lo que explica la barbarie dentro del juego democrático nacional, y que termina por reventar la vida de periodistas, ambientalistas y defensorxs de derechos humanos.

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La noche que se preparaba el secuestro de los tres periodistas de Taxco, otra periodista víctima de acoso presentaba su más reciente libro, “Hijos del neoliberalismo”. En él, Ana Lilia Pérez disecciona las prácticas que permiten el saqueo sufrido en el país en los últimos 36 años, esa otra forma de crimen organizado que constituye el Estado mafioso. Uno de los presentadores de la investigación, el académico Carlos Bravo Regidor, dijo que el trabajo de Ana Lilia era apenas “la punta del iceberg”. Hacen falta periodistas locales que documenten lo mismo en cada municipio y en cada entidad, añadió. Muchas y muchos lo hacen cotidianamente. Escriben con un arma en la cabeza. Con la convicción enorme de que con ello generan una sociedad más informada, que influya en un cambio verdadero. Armando Rodríguez pensaba eso.

A 12 años de su asesinato sólo queda la certeza de lo impune. Laura Angelina Borbolla, la fiscal que tuvo en sus manos el caso, ahora supervisa, revisa y evalúa las investigaciones dentro de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.