Minas clandestinas: ¿un problema irresoluble?
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De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) del Gobierno del República, el problema de las minas irregulares o clandestinas no es de su competencia o, en el peor de los casos, no tiene solución. O al menos eso se desprende de las respuestas que ha ofrecido a solicitudes de información realizadas por VANGUARDIA.
En el primero de los supuestos (el relativo a la competencia), la STyPS ha dicho que ella “no es la autoridad competente para determinar si una mina se encuentra operando de manera clandestina... en razón de que el término centros clandestinos de trabajo o minera sin destino no se encuentran contemplados en la normatividad laboral vigente”.
En el segundo supuesto (el de la solución), la dependencia ha sostenido que, respecto de las minas que operan de forma irregular, “actualmente no existe ordenamiento jurídico que señale la obligación de los patrones para registrar ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social el inicio de sus operaciones”.
Todo se reduce, desde la perspectiva de dicha Secretaría, a formalismos jurídicos, pues si en la norma no se encuentra –de forma expresa– una instrucción para que la autoridad actúe, la obligación de esta es permanecer como hasta ahora: inmóvil.
La pregunta obligada ante esta situación es: ¿entonces las personas que laboran en condiciones de riesgo en este tipo de explotaciones –los denominados “pocitos” en la Región Carbonífera, por ejemplo–, están condenadas a seguir jugándose la vida?
O dicho de otra forma: ¿quienes trabajan en minas clandestinas o irregulares no tienen derechos y por eso es que no deben esperar ninguna intervención a su favor por parte de las autoridades?
Claramente la respuesta en ambos casos es un categórico “no”.
Más aún cuando, como lo reportamos en esta edición, existe evidencia de que la existencia de minas irregulares ha sido denunciada ante la propia autoridad para exigir su intervención, lo cual hecha por tierra la explicación ofrecida por la STyPS de que se enteran de la existencia de este tipo de explotaciones “hasta que ocurre un accidente”.
La autoridad tiene una obligación fundamental en torno a la protección y garantía de los derechos de los ciudadanos. Y para cumplir con esa obligación cuenta con innumerables recursos de todo tipo. Por ello, cualquier argumento expuesto para evadir esa responsabilidad no puede ser considerado una justificación sino un mero pretexto.
La actividad minera en Coahuila –particularmente la vinculada a la explotación del carbón– ha cobrado un número inaceptable de vidas humanas y en ello han jugado un papel relevante las omisiones de las autoridades responsables de vigilar el adecuado funcionamiento de las minas.
Sería tiempo de que estas abandonaran los pretextos y la retórica legaloide para disponerse a cumplir con su obligación.
