La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó, con el voto de nueve de sus integrantes, la segunda parte del “Plan B” con el cual el presidente López Obrador y su pandilla buscaban transformar para su beneficio el sistema electoral mexicano.
No nos distraigamos ahora con el contenido de la reforma porque de eso no se ocupó la Corte. Lo importante es la forma, no el fondo. Lo importante fue el desaseo con el cual la transformación de cuarta llevó a cabo este nuevo intento grosero de mandar al diablo las instituciones.
En efecto, el proyecto del ministro Javier Laynez, relativo al decreto publicado el 2 de marzo pasado en el Diario Oficial de la Federación, se limitó a estudiar si se había seguido o no el procedimiento legislativo, es decir, la serie de pasos establecidos en nuestro marco normativo para reformar leyes.
Parece un detalle menor, pero no lo es. Crear, reformar o modificar normas constituye una facultad (casi) exclusiva del Poder Legislativo, es cierto. Pero para hacerlo debe seguir un procedimiento establecido claramente en la Constitución y las leyes.
Dicho en otras palabras: quienes legislan no pueden ejercer sus funciones como les venga en gana. Y si no se ajustan a las reglas... para eso está el órgano revisor, es decir, la Corte.
Y para eso también hay reglas. Por eso justamente, quienes controvirtieron el decreto de la segunda parte del famoso “Plan B” pudieron ser escuchados. No es una “ocurrencia” del máximo tribunal del país, sino una garantía establecida en la Constitución para evitar el exceso en el uso de facultades de quienes detenten eventualmente la mayoría legislativa.
Carece por ello de razón la “queja” expuesta desde Palacio Nacional en el sentido de plantear una “intromisión” del Poder Judicial en el ámbito de acción del Legislativo arguyendo la vacilada de no tener facultades para “enmendarle la plana” a la jauría morenista.
Por eso mismo es también un colosal desatino el señalamiento de la ministra plagiara, Yasmin Esquivel, al “lamentar” el hecho de no haber entrado al análisis del fondo, es decir, del contenido de las reformas.
Porque si una ley es reformada atropellando las reglas existentes para realizar tales reformas, el producto del tal procedimiento está viciado y entonces ya no importa su contenido. Se trata de un fruto podrido y por ende es indispensable desecharlo.
Además, no fue un resbalón, no fue un error humano susceptible de enmendarse con facilidad, no. La Corte fue clara al fallar al respecto: hubieron “graves violaciones al proceso legislativo”, las cuales se sintetizan en el párrafo siguiente:
“Se estaba ante una reforma en materia electoral y en materia de competencias y organización del órgano constitucional autónomo (INE) más importante en los últimos veinte años, que no fueron dictaminadas y que fueron discutidas y aprobadas en un período, tomando todo el proceso legislativo, de cuatro horas y media”, dijo Laynez Potisek.
Se había dicho antes hasta la saciedad pero conviene repetirlo: los “representantes populares” ni siquiera leyeron el contenido de las propuestas remitidas por el Ejecutivo. Y no lo hicieron porque para ellos, como en los mejores tiempos del PRI, las órdenes remitidas desde Palacio no se discuten ni se analizan: se acatan sin chistar.
La Corte nos ha salvado por ahora. Pero como las pulsiones autoritarias del Hijo Pródigo de Macuspana no son gripa, intentará volver a la cargo en septiembre del año próximo. Esta vez, seremos los ciudadanos quienes tengamos la responsabilidad de frenarlo.
¡Feliz fin de semana!
@sibaja3
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