Observaciones de auditoría: ¿en qué se convierten al final?

Cada año -en diversos momentos- los órganos responsables de fiscalizar el ejercicio del gasto público, tanto a nivel estatal como federal, emiten informes en los cuales se habla de miles de millones de pesos en “observaciones”. Cada una de tales “observaciones”, al menos en teoría, implica la posibilidad de un acto irregular.

No necesariamente estamos hablando de hechos en los cuales alguien se haya apropiado de dinero público para su beneficio, pero sí -en todos los casos- de actuaciones irregulares, es decir, de decisiones tomadas por servidores públicos en contra de las reglas de operación del presupuesto gubernamental.

En otras palabras, aunque no se trate de la evidencia de una corrupción generalizada, los reportes de los órganos de fiscalización lo que demuestran es el abuso de la discrecionalidad en el ejercicio del gasto. Y en ese abuso, desde luego, hay actos de corrupción.

El problema con todo esto es que, en teoría, la fiscalización permanente que realizan las auditorías superiores -la del Estado y la de la Federación- debería ofrecernos como producto fundamental que la excesiva discrecionalidad -y la corrupción- fueran disminuyendo derivado de que las conductas indebidas se castigaran con eficacia.

Lejos de tal posibilidad, la observación de multi millonarios montos no ha hecho sino sostenerse a lo largo de los años lo cual, en última instancia, vacía de contenido la fiscalización permanente.

Y eso ocurre por una razón simple: la observación de montos millonarios por parte de los órganos fiscalizadores no es sino pirotecnia verbal que, una vez disipado el humo mediático, se va diluyendo en la conversación pública sin que produzca un solo resultado útil para la comunidad.

Existen versiones que señalan incluso lo contrario, es decir, que la fiscalización del gasto público constituye en realidad una fuente de corrupción, pues el que las observaciones terminen siendo “solventadas” pasa por la realización de acuerdos entre los individuos responsables de las irregularidades y quienes les fiscalizan.

Con independencia de la reserva con la cual deben tomarse tales hipótesis, una cosa es evidente para cualquier observador: las redes de complicidad sobre las cuales descansa el entramado de la corrupción gubernamental en México siguen gozando de cabal salud y la percepción del público respecto de este fenómeno sigue siendo la misma desde hace mucho tiempo.

Frente a tal realidad resulta obligado cuestionar cuál es la utilidad real de los órganos que fiscalizan del gasto público y que tienen un costo importante en términos presupuestales.

Si las observaciones que derivan de las auditorías, sin importar la gravedad de las mismas, terminan convertidas en nada, daría lo mismo que no se auditara el gasto público y nos ahorráramos el presupuesto que se invierte en dependencias cuyo trabajo no es útil a los propósitos colectivos.