Participaciones, agenda pendiente

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Opinión
/ 15 junio 2023
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Las participaciones son la contraparte que reciben estados y municipios, por haber dejado en suspenso el uso de facultades tributarias que, al no ser exclusivas del orden federal, podrían haberlas usado, pero que desde 1980 las dejaron de aplicar, para recibir a cambio una parte de lo recaudado por el esfuerzo fiscal del gobierno federal, hoy a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), también con ello eliminar la “jungla fiscal” que existía en los años previos.

Todo lo participable va a una bolsa, la recaudación federal participable (RFP), cuyo desglose que está en la Ley de Coordinación Fiscal, aparece cada mes en el informe –un buen informe- que desde hace muchos años publica la UCEF en el DOF. He tenido la fortuna de estar a cargo de la misma durante seis años en la parte federal y en la estatal, al frente de la Comisión Permanente y la Zona Fiscal 7, otros cuatro años antes de lo primero.

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Siempre se han dado discusiones relevantes que precedieron los cambios de fórmulas, porque con la “suma cero”, cuando algunos ganan, otros pierden y cada funcionario fiscal, es claro, lucha por su estado.

Cada año se estiman las participaciones, cuando lo recaudado ha rebasado lo estimado, las entidades federativas recibieron lo programado y un poco más, cuando cae lo recaudado respecto a lo estimado, las participaciones –no olvidemos, derivadas del esfuerzo fiscal del gobierno federal- caen. Si las entidades aprovechan las ventajas de la colaboración administrativa y recaudan correctamente las potestades que sí pueden cobrar, les iría mejor. Además, si gastan los recursos públicos con eficiencia, sin dispendios ni abusos, les alcanzaría para más gasto social y productivo.

Un tema pendiente ha sido la revisión de la fórmula vigente, la cual fue recomendada por expertos del FMI; la fórmula actual menciona una serie de indicadores, pero al final lo único que cuenta es el coeficiente poblacional, con el que ponderan el promedio los otros, lo cual benefició a entidades como el Edomex, que hoy representa alrededor del 14 por ciento del total; siguiéndole la CDMX, con 8.8 por ciento; Jalisco, 6.8; y Veracruz, 6.0.

Durante mucho tiempo se trató de ocultar lo del coeficiente poblacional, por el carácter regresivo que tiene, lo cual fue propuesto por Zacatecas en 1988, cuando se eliminó el Fondo Financiero Complementario, el 3 por ciento de la RFP, y como he comentado, la reforma de 1989, compensó lo anterior.

Hay estados que, al no mejorar su coeficiente y quedar igual, pierden, como Nuevo León, cuya aportación al PIB nacional es mayor a su porcentaje participable; igual pasa a estados como Sinaloa y Sonora por el régimen del sector agropecuario, la CDMX, porque parte importante de su población está domiciliada en otros estados, y varía a lo largo del día. Fue junto con Tabasco la entidad más perdedora de la fórmula de 2008, de forma tal que Tabasco estaba por un 4.2 por ciento, y actualmente queda de la transición con 2.0 efecto de su coeficiente poblacional. Para que la nueva fórmula funcionara, se tenía que actualizar la estimación del PIB de los estados, el cual traía un rezago de cuatro años; lo actualizaron para iniciar el proceso, pero dieron datos “raros”, como en el PIB per cápita de Campeche, que si fuera País tendría “el tercer per cápita del Mundo”, pero los campechanos aún no se han dado cuenta. En el caso de la Ciudad de México, ha tenido estupendas tesorerías, y una economía fuerte, domicilios fiscales no sólo empresariales, sino embajadas, el Poder Ejecutivo federal, las fuerzas armadas, etcétera. El cambio de fórmula es una reforma pendiente, para lograr equidad en el trato entre los estados y evitar distorsiones como las de la Ciudad de México y Tabasco.

brunodavidpau@yahoo.com.mx

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David Rogelio Colmenares Páramo egresó de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1974 y de la Maestría en Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio por el Instituto Nacional de Ciencias Penales en 2024.

Actualmente es profesor Titular de las materias Política Económica, Economía del Sector Público y Finanzas Estatales en la Facultad de Economía de la UNAM, desde 1978. En 2018 fue nombrado Auditor Superior de la Federación por unanimidad de todas las fuerzas políticas en el H. Congreso de la Unión para el periodo 2018-2026. De 2023-2028 fue nombrado Secretario Ejecutivo de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) y junto a EFS de Perú es miembro pleno del Comité Directivo de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI).

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