Partido Joven: una larga historia de irregularidades que nadie parece dispuesto a castigar
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La corrupción solamente puede ser combatida con eficacia si las instituciones que tienen la responsabilidad de realizar dicha tarea asumen su responsabilidad e impiden que se ejecute con impunidad
Uno de los más indeseables productos de la actividad política -al menos en nuestro país- está constituido por la aparición de líderes inescrupulosos que aprovechan las oportunidades que la democracia ofrece para obtener ganancias personales a costa de los contribuyentes. Los ejemplos, por desgracia, no son escasos.
Uno de ellos es el que se expone en el reportaje que publicamos hoy en Semanario, el suplemento de investigación periodística de VANGUARDIA, mediante el cual se evidencia lo que, todo hace indicar, fue un intento de fraude en contra del Instituto Electoral de Coahuila.
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Los hechos de esta historia se encuentran ampliamente documentados en un extenso expediente integrado en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Saltillo, a propósito de la firma de convenios de terminación laboral de 21 presuntos trabajadores del extinto Partido Joven (PJ), en diciembre de 2017.
La parte irregular de este episodio tiene que ver con el hecho de que el Instituto Electoral de Coahuila, que en 2017 inició el proceso de pérdida de registro del PJ, fue “reconocido” como “deudor solidario” en dichos convenios sin que existiera fundamento legal para ello.
Derivado de este hecho, hace unos días se intentó el cobro del supuesto adeudo -que ya alcanza la cifra de casi seis millones y medio de pesos- y, de no haber sido por un par de funcionario del IEC, que decidieron averiguar el fondo del asunto antes de pagar, no se generó un daño patrimonial que acaso habría sido irreparable.
Pero aún cuando el intento se frustró, lo relevante es que, de acuerdo con la evidencia al alcance, existió un colusión entre dirigentes del extinto Partido Joven y funcionarios del IEC y la JLCyA, un hecho que debería ser investigado y, en caso de encontrar causa, imponer las sanciones correspondientes.
Porque, como se ha dicho en innumerables ocasiones, el problema fundamental en nuestro país no es la falta de transparencia o el hecho de que abunden quienes se entregan a prácticas de corrupción, sino que al ponerse los casos al descubierto, nada ocurra.
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La impunidad es pues, el enemigo a vencer. Pero para lograr la victoria en esta lucha es imprescindible que primero se inicie, es decir, que quienes tienen a su cargo las instituciones públicas dedicadas al combate de la corrupción decidan asumir sus responsabilidades de una buena vez.
En este caso, por cierto, estamos ante la conducta de una organización política cuyas figuras más prominentes se han visto repetidamente envueltas en señalamientos de irregularidades en el manejo de los recursos públicos recibidos, así como de haber incurrido en actos presuntamente delictivos.
La exhibición de estos hechos es la contribución que el periodismo puede hacer para apoyar la lucha contra la corrupción y la impunidad. Pero si quienes deben investigar y castigar tales hechos deciden no asumir su responsabilidad, lo único seguro es que estos hechos volverán a intentarse... hasta que sus perpetradores tengan éxito.
