Plan C: un llamado a la cautela
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Una reforma del calado que se está planteando sobre el Poder Judicial no puede ser aprobada sin que haya consensos, al menos que se quieran pagar altos costos políticos
El anuncio del Plan C, propuesto por el autodenominado gobierno de la Cuarta Transformación, ha causado una ola de reacciones tanto políticas, pero sobre todo en materia macroeconómica, generando temores en los mercados financieros.
El miedo a que el Estado de derecho se vea socavado con este paquete de reformas, en donde la enmienda estelar es la referente a las modificaciones en la forma en que opera el Poder Judicial, es algo que no se puede dejar de lado.
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Todos los sectores políticos, tanto nacionales como locales, se han pronunciado por revisar con detenimiento lo que se está planteando, con el fin de encontrar un punto de convergencia que apuntale el funcionamiento de la justicia mexicana.
A nivel local, tres diputados cuyas voces tienen un peso político dentro de la arena de las ideas del Poder Legislativo local, plantearon su opinión de lo que contiene este paquete de enmiendas, que si bien cada quien tiene una visión, los tres coinciden en que hay que debatirlo.
Por un lado, Gerardo Aguado, diputado del PAN y una de las voces que ha sido más crítica en el Legislativo respecto de las decisiones tomadas por Morena, advirtió de una serie regresión de aprobarse dicha reforma en los términos en que se ha planteado vendría esta enmienda, la cual tiene un antecedente en febrero de este año.
Un morenista con una visión más moderada, Alberto Hurtado, dijo estar a favor de respetar las instituciones y de cortar de tajo lo que hoy se tiene. Su compañero de partido, Antonio Attolini, ya ha dicho que debe revisarse en los términos que venga, pero generando un debate entre los distintos actores políticos.
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El planteamiento de estos tres legisladores debería ser el escenario ideal en cualquier democracia, sin embargo, la actitud que la actual administración, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, ha tenido respecto a escuchar a sus opositores genera dudas sobre si este debate será posible.
Una reforma del calado que se está presentando no puede ser aprobada sin que haya consensos y un entendimiento cabal de lo que se avala, al menos que se quieran pagar altos costos políticos que generen impactos en la sociedad.
