Plan Director; ¿es sólo un objeto decorativo?
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Las solicitudes para modificar el Plan Director de Desarrollo Urbano de Saltillo deben justificarse plenamente con argumentos técnicos o, de lo contrario, ser negadas
El crecimiento ordenado de las ciudades, se ha dicho en múltiples ocasiones y en todos los tonos posibles, está directamente relacionado con la calidad de vida de sus habitantes. O, para decirlo más claro: sólo en la medida que se crece de forma racional es posible tener una ciudad vivible.
¿Y qué significa tener un crecimiento ordenado? Ciertamente esa no es una pregunta que pueda responderse a partir de intuiciones, expresiones genéricas o manifestaciones de buena intención. Crecimiento urbano ordenado es un concepto técnico que implica seguir un conjunto específico de directrices.
En esencia, la definición de tales directrices implica -y esto es muy importante tenerlo en cuenta- imponer restricciones a los derechos de quienes poseen la tierra urbana. Y esto es así porque para crecer ordenadamente es necesario impedir que cada quien de sus predios el uso que más le convenga.
Tal decisión, desde luego, no puede ser arbitraria ni casuística, sino definirse a través de un ejercicio de planeación ejecutado a partir de reglas democráticas. Ese ejercicio es el que múltiples ciudades, entre ellas Saltillo, ha realizado para contar con un Plan Director de Desarrollo Urbano.
Dicho documento constituye más que una directriz opcional o un conjunto de recomendaciones que pueden o no seguirse. Implica un mandato legal que define la ruta a seguir para el desarrollo de la ciudad y constituye una obligación para las autoridades y los propietarios de la tierra.
No se trata de un documento escrito en piedra, también es importante señalarlo. Esto quiere decir que pueden hacerse cambios en el uso del suelo previamente definido, pero dichos cambios no pueden ser caprichosos ni basta simplemente que el propietario de un predio lo pida para concederlo.
Modificar el uso de suelo tiene que ser una decisión plenamente justificada y las autoridades municipales tienen la obligación de transparentar las decisiones de este tipo para evitar que se conviertan en una fuente de corrupción gubernamental.
El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, de acuerdo con el cual el Ayuntamiento de Saltillo habría aprobado el cambio de uso de suelo para que al norte de la ciudad, en un predio colindante con el Boulevard Venustiano Carranza, se desarrolle un espacio de uso industrial.
Vecinos del área han manifestado su preocupación por la existencia de tal desarrollo pues consideran que agravará los problemas viales que ya se registran en la zona debido a la presencia de diversos establecimientos comerciales que reciben carga en vehículos pesados pero no contemplaron espacio, dentro del del terreno desarrollado, para la ejecución de sus maniobras.
La autoridad municipal, que ya autorizó el cambio de uso de suelo de acuerdo con las información que se conoce, debe transparentar las razones por las cuales se tomó tal decisión y justificar técnicamente su decisión o, de lo contrario, debe revertirla.