Plataformas digitales vs taxis ‘normales’: un falso dilema

Hace ya mucho tiempo que cambiaron las reglas clásicas con las cuales funcionó largamente el mundo del comercio. En particular, cambiaron aquellas relacionadas con las “protección de nichos” o con lo que algunos especialistas en el tema han bautizado como “privilegios de club”.

La competencia libre es el signo distintivo del mundo actual y, aún cuando sigan existiendo quienes pretendan aferrarse a las reglas del pasado, las circunstancias del mundo moderno terminaran derrotándoles.

El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo a las reacciones disímbolas que ha provocado la decisión –anunciada hace un par de días– de las autoridades estatales responsables de regular el transporte público, de revocar la licencia concedida a la plataforma digital DiDi para operar en la entidad.

El argumento para cancelar la concesión, de acuerdo con el comunicado emitido por la Subsecretaría de Transporte y Movilidad, de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad del Estado (SIDUM), es que la empresa habría permitido que “los conductores adheridos a su plataforma presten el servicio de transporte sin contar con la documentación y autorización correspondiente”.

Al abundar ayer en el tema, el director del Instituto Municipal de Transporte de Saltillo (IMT), Héctor Gutiérrez Cabello, dio una pista respecto de las que podrían ser las verdaderas razones detrás de la decisión: el señalamiento de quienes tienen una concesión de taxi expedida por el Ayuntamiento local, de que dichas plataformas constituyen “una competencia desleal”.

“Las plataformas no están prohibidas, lo que no se permite es que no estén registradas y es lo que acaba de suceder con una de ellas y creo que es un buen avance para lo que solicitaban los taxistas organizados”, dijo Gutiérrez Cabello, pese a que DiDi sí estaba registrada.

Por supuesto que deben existir condiciones simétricas para que quien desee ofrecer al público un servicio lo haga apegado a una serie de normas, expedidas por las autoridades correspondientes, que sean respetadas por todos. Al final, sin embargo, tendría que estar por encima de todo el interés de los usuarios, es decir, los esfuerzos de la autoridad tendrían que estar encaminados a que las personas que pagan por el uso de un vehículo privado, para transportarse dentro de la ciudad, reciban un servicio de calidad que justifique lo que pagan.

Y eso, hay que decirlo con claridad y sin ambigüedades, no ocurre con la mayor parte de los taxis que operan con base en una concesión otorgada por el Ayuntamiento local. Por el contrario, lo que distingue a dicho servicio es el hecho de que vale menos de lo que cuesta.

No es extraño, por ello, que múltiples voces reclamen la decisión adoptada y reprochen a las autoridades que les están dejando sin opciones de transporte. Tampoco extraña que la plataforma siga activa y, como ocurre con otras que no cuentan con un registro oficial, se mantenga en operación.

Porque, aún cuando el mundo ha cambiado radicalmente, hay personas que se niegan a enterarse del hecho.