Poder Judicial Federal: una ‘sentencia sospechosa’

Un grupo de manifestantes bloqueó ayer los accesos del edificio del Poder Judicial de la Federación en Saltillo, así como la carretera 57, en el tramo Los Chorros, en protesta por el otorgamiento de un amparo que podría poner en libertad a Gerardo Sánchez, quien en diciembre pasado fue condenado a purgar una sentencia de 40 años en prisión luego de encontrársele culpable del delito de violación equiparada.

Los manifestantes eran, en su mayoría, familiares de Valentina, la menor que en 2022 se quitó la vida debido a que, según se demostró en juicio, Sánchez había abusado sexualmente de ella. La protesta se realizó en demanda de apoyo a su causa y para denunciar presuntas irregularidades en el juicio de amparo.

Los detalles del caso demandan un cierto conocimiento jurídico para comprender la reacción de los manifestantes, aunque una vez que se tienen claros los aspectos esenciales resulta de sentido común entender el “error” cometido en el juzgado federal que llevó el caso.

El núcleo de la controversia jurídica lo constituye una aparente “confusión” respecto de la condición jurídica del inculpado quien el pasado 18 de diciembre fue encontrado culpable y sentenciado a purgar 40 años en prisión, condena que comenzó a cumplir ese mismo día.

El proceso que naturalmente sigue un caso de este tipo es que la parte acusada apele la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Coahuila e intente revertir la condena o, al menos, conseguir una reducción en esta, a partir de argumentar la inadecuada valoración de una prueba o vicios en el procedimiento.

Sin embargo, el defensor de Gerardo Sánchez optó por buscar el amparo de la justicia federal alegando la violación a los derechos de su cliente, debido a la “modificación de la medida cautelar” que tenía antes de ser condenado y consistía en prisión domiciliaria.

Extrañamente, la jueza de Distrito Claudia Luz Hernández Sánchez decidió pasar por alto la existencia de una sentencia condenatoria y dar por bueno el alegato de la defensa, por lo que ordenó la “modificación de la medida cautelar” lo cual, en estricto sentido, implicaría la liberación de un convicto.

La decisión de la Jueza resulta incomprensible desde el punto de vista jurídico e incluso desde el sentido común. Lejos de cualquier consideración que pueda esgrimirse para justificar su actuación, los hechos parecen dibujar un episodio de incompetencia, en el mejor de los casos, o de corrupción, en el peor.

Afortunadamente el Poder Judicial de Coahuila ha reaccionado de forma adecuada ante los hechos y señalado que no liberará al sentenciado, además de que hará uso de todos los recursos legales a su alcance para revertir la decisión y mantener las cosas en su estado actual.

Estamos ante un hecho que dista mucho de lo anecdótico y debe ser atendido con celeridad y cuidado por el Poder Judicial Federal. No solamente deben aclarar lo ocurrido, abrir los procedimientos disciplinarios y/o penales a que haya lugar, sino ofrecer garantías de que un acto como éste no volverá a registrarse.